La educación según Milei

A lo largo de su historia, la educación pública ha tenido centralidad en la Argentina. Ello se evidenció en el esfuerzo alfabetizador del Estado, que se reflejó en la constante reducción del analfabetismo desde finales del siglo XIX. En 1895, el porcentaje de personas analfabetas era del 53,3%; en 1921, bajó al 35%; y en 1943, lo hizo al 16%. De esta forma, el país se convirtió en el más alfabetizado de América Latina. Entre los años 1960 y 1980, períodos de alta inestabilidad política el descenso del analfabetismo continuó (del 8,5% al 6,1%). Durante este siglo XXI esta tendencia se mantiene: bajó del 2,6% en 2001 al 1,9% en 2022. Esta referencia a la alfabetización da cuenta del rol que ha tenido el Estado argentino en la expansión de la escolarización durante los últimos dos siglos.

Ello también se constata en la Constitución nacional, donde la educación es reconocida como un derecho individual, social, político, económico, cultural, cuyos sujetos titulares son todas las personas que habitan la Argentina. La Constitución también establece la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa; la promoción de la gratuidad y la equidad; la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación; la educación intercultural-bilingüe; la educación ambiental. Por ello, la gratuidad de la educación pública abarca a todos los niveles. Es más, las universidades públicas no tienen exámenes de ingreso, ni de selectividad, ni cupos, y en ellas no se pagan los estudios de grado.

A estas características generales, cabría agregar que los gobiernos de la democracia, a partir de 1983, han llevado adelante diferentes políticas, para ampliar el contenido del derecho a la educación e incorporar contenidos curriculares tales como: el enfoque de derechos humanos, la construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, la educación sexual integral y la educación ambiental en la escolarización obligatoria.

Se eliminó el Ministerio de Educación: la cartera fue reducida a una secretaría dentro de un Ministerio de Capital Humano

El 10 de diciembre de 2023 con el inicio de la presidencia de Javier Milei, un gobierno libertario asumió el poder y comenzó a cuestionar las características de la educación y sobre todo el rol del Estado en este terreno. Se eliminó el Ministerio de Educación: la cartera fue reducida a una secretaría dentro de un Ministerio de Capital Humano. Se comenzó a enfatizar la idea de “sociedad educadora” para no cumplir con las obligaciones estatales en materia educativa, fijadas por la Constitución. Ello se tradujo en políticas educativas que dieron lugar al desfinanciamiento: se anuló el Fondo Nacional del Incentivo Docente; se suspendieron las normas sobre financiamiento educativo y de ciencia y tecnología; se redujo el presupuesto universitario.

Estas medidas fueron completadas con la creación de: 1) el Programa de vouchers educativos (para auxiliar a las familias en el pago de aranceles en centros privados); 2) un Plan de Alfabetización carente de una planificación integral. El Estado nacional delegó en la provincias la ejecución de este último, dando lugar a diferentes respuestas, en función de las capacidades estatales de cada Estado provincial.

¿Cómo interpretar estas reformas? ¿Cómo comprender el lugar que tiene la educación en la agenda del actual Gobierno? Por un lado, una respuesta se encuentra en la corriente política a la que adscribe el presidente Milei, el paleolibertarismo. En ella se articulan ideas libertarias de libre mercado, junto con otras reaccionarias. Esta síntesis compleja apunta a erradicar al keynesianismo, al enfoque de derechos humanos, a la perspectiva de género y al feminismo, con un sesgo de anti-intelectualismo. Ubicado en esta perspectiva, Milei denuncia al Estado y al “colectivismo” como las causas de todas las crisis. Por ello propone desmantelar al Estado desde dentro, “como un topo”.

Por otro lado, el panorama se completa con un conjunto de difamaciones que las autoridades nacionales esgrimen sobre las instituciones educativas y sus actores. Aquí se ubica una segunda respuesta: el uso de la mentira moderna. Un rasgo de las extremas derechas libertarias es su capacidad para capitalizar las múltiples crisis del presente y así atacar continuamente a las instituciones públicas. En este sentido, se encuentran las críticas que diversas autoridades nacionales hacen a la obligatoriedad escolar, a la perspectiva de género, al marxismo. Sobresale el cuestionamiento a la educación sexual integral, a la educación ciudadana y a la literatura que se enseña en las escuelas. Esto recuerda al embustero de Hannah Arend. El político embustero y las mentiras políticas modernas configuran otra realidad, fortalecida por la manipulación de los hechos a través de las redes sociales con denuncias no fundadas. El embustero no es exclusivo de las extremas derechas, pero ha sido clave su proliferación para ganar elecciones democráticas e instalar debates capciosos en los ámbitos educativos como en Argentina.

En suma, el panorama es desalentador. La ausencia de una ley de presupuesto para el año 2025 (que permitirá el uso discrecional de fondos desde el Poder Ejecutivo Nacional), la delegación de las obligaciones estatales en organizaciones de la sociedad civil, así como la utilización de engaños para socavar las instituciones estatales y cercenar derechos humanos, dan una pauta de lo previsto por el gobierno libertario: un rol subsidiario del Estado y posturas reaccionarias, contrarias al efectivo ejercicio del derecho a la educación.