Rectores de la universidad pública, ante el avance de las privadas: “No nos preocupa que lleguen, sino su calidad”

La universidad privada (46 centros) ha dejado de ser subsidiaria de la pública (50) en España y, si los proyectos entre manos salen adelante, muy pronto se convertirá en la mayoritaria del sistema. En esta ecuación entran ahora tres comunidades en las que aún no se ha implantado ningún centro con ánimo de lucro: Extremadura (cuatro iniciativas), Asturias (dos) e Islas Baleares (una). Y queda como excepción Castilla-La Mancha, donde su Gobierno prepara una ley regional que fuerza a tener calidad a cualquier iniciativa privada. Los rectores de las universidades de Oviedo (Ignacio Villaverde), Islas Baleares (Jaume Carot), Extremadura (Pedro Fernández Salguero) y Castilla-La Mancha (Julián Garde) reflexionan en este encuentro con EL PAÍS sobre el valor de su institución en su región ―un motor económico, social y cultural incuestionable― y repiten una idea: no les preocupa competir con privadas, pero aspiran a que tengan calidad, que no se comporten como meras academias que transfieren el conocimiento de otros.

La cita es en la Residencia de Estudiantes de Madrid, foco de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras, la misión de cualquier universidad que se precie de serlo. Mientras un rector habla, el resto asiente y añade algo nuevo.

Tres de las autonomías han perdido población en edad escolar en la última década ―Extremadura (-7,7%), Asturias (-3,3%) y Castilla-La Mancha (-2,8%)― y les va a pasar factura en las matriculaciones universitarias. En Oviedo, ya inscriben 2.000 universitarios de grado menos que en 2015 y casi 3.000 en Extremadura. En Islas Baleares, sin embargo, han crecido los escolares en estos 10 años un 11,2%, aunque ganar dinero en empleos que no requieren tanta formación es muy tentador en una comunidad que vive del turismo. El número de inscritos en grado se mantiene: 11.700.

La financiación por universitario en España es un 24% menor que la media de la Unión Europea, así que ningún rector puede estar muy contento con la partida que recibe. Tres de ellos están “razonablemente satisfechos”. Con la dotación autonómica cubren las nóminas, disponen de programas plurianuales que les permiten hacer planes a medio plazo y cuentan con medios suficientes para llevarlos a cabo. Se queja, sin embargo, el de Extremadura. Agradece a la presidenta María Guardiola, del PP, el “esfuerzo” de subir la inversión que dejaron los socialistas, pero cree que sigue siendo “insuficiente”. Se firmó hace años un plan plurianual que nunca se ejecutó y cada septiembre le genera estrés.

Abrir una universidad está en manos de un gobierno regional. La única intervención del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es un informe técnico que aprueban (siempre) los consejeros autonómicos en la Conferencia General de Política Universitaria (UGPU). Desde 2018 ―se hacían antes ya― se han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios, pero los ejecutivos regionales los obvian porque no son vinculantes. Estos rectores sostienen que sí debería serlo, para asegurar una mínima calidad técnica.

Solo hay un proyecto con el informe de la CGPU, el de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde), de Extremadura y en modalidad semipresencial, que saca los colores a sus promotores: la plantilla de profesorado es “escasa”, el proyecto científico tiene carencias y un capital social de apenas 3.000 euros. En Extremadura, quieren también instalarse la Universidad Europea, el CEU (on line) y Planeta. “Creo que es muy difícil de defender un proyecto para el Gobierno extremeño si todos los informes son negativos”, opina el rector, bioquímico de formación.

Las universidades privadas solo abren si hay un gran nicho de mercado, especialmente en Ciencias de la Salud. Hay excedente porque las públicas no pueden asumir tanto estudiante. En Oviedo, abonan 1.200 euros al año por estudiar Medicina, se ofertan 165 plazas y se reciben 1.500 solicitudes; mientras que si la Europea logra instalarse en Gijón, el precio del grado rondaría los 23.000 euros. Villaverde (Gijón, 1965), catedrático de Derecho Constitucional, cuenta que el fondo de inversión EQT (dueño de Idealista y Parques Reunidos) pretende gastar 25 millones en una universidad en Asturias y, a su lado, el rector de Extremadura sonríe y añade: “Igual que en su proyecto en Extremadura. ¡25 millones! ¡Es como si fuesen contenedores!”.

En Asturias, pretende abrir también negocio la Universidad Antonio Nebrija, en principio para impartir Enfermería en Avilés como centro adscrito; es decir, regido por la ley madrileña y sin necesidad de ser aprobado por el Parlamento regional. Los cuatro rectores reclaman que se apruebe un decreto que regule los centros adscritos y que queden claros los requisitos para ser universidad. “Cuanto más tarde en estar publicado el BOE, más tiempo hay para que surjan estos proyectos sin ningún tipo de calidad”, se lamenta Garde (Madrid, 1966), catedrático de producción animal y presidente de la sectorial de Investigación de la conferencia de rectores (CRUE).

Ya existe un decreto de 2021, anterior a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023), que no ha frenado la expansión de centros adscritos y universidades. El ministerio trabaja para endurecerlo. “Nuestro principal objetivo es que la educación superior tenga los mejores niveles de calidad docente y de actividad investigadora y vamos a emplear todos los medios legales a nuestro alcance para que sea así. Es un proceso que no está acabado, sino en plena ebullición”, afirmó el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en este diario el pasado octubre.

En Baleares, Adema, un centro adscrito a la universidad pública, va camino de convertirse en la Universidad de Mallorca, con Medicina como principal reclamo. “Y es probable que aterrice alguna otra privada, pero como centro adscrito”, cuenta el rector, catedrático de física teórica. Mientras, en Castilla-La Mancha los focos de atracción empresarial están en Toledo, a un tiro de piedra de Madrid, y Albacete, vecino del poblado Levante. Su gobierno autonómico va a aprobar una ley de universidades en la que Garde tiene esperanzas: “Tiene que quedar muy conciso lo que tiene que ser una universidad para Castilla-La Mancha. La que cumpla bien y la que no, pues no puede ser”. El rector se enorgullece: “La universidad se crea como un objetivo hace 40 años, y con mucha polémica, que es el de democratizar el acceso a la educación superior en Castilla-La Mancha. Este año saldrá el graduado 150.000. Lo hemos conseguido y, con el pasar de los años, hemos logrado ser una universidad relevante en el territorio nacional, ocupando un nicho que es importante”.

El corazón de la investigación

Carot (Tortosa, 1960) añade: “Esa es la clave, la calidad de la pública: del profesorado, que pasa por unos mecanismos de acreditación y selección y, si se me permite, de calidad del estudiantado, porque hay un filtro en base a la nota de corte. Y, sobre todo, está la investigación. Ejecutamos el 75% de la investigación de este país. Una privada, salvo raras y honrosas excepciones, no hace investigación. Los fondos de inversión lo que tienen detrás no es un proyecto educativo, sino de negocio”. Entre las 1.000 primeras universidades del ranking Shanghái, el más reconocido y basado ante todo en la producción científica, solo hay una universidad privada española, Navarra, de las 46, frente a 36 de las 50 públicas. Estas cuatro instituciones se encuentran en ese millar, lo que las sitúa entre el 2,5% de las mejores universidades del mundo, donde se registran en torno a 40.000 centros académicos.

Esta reflexión del rector de Baleares lleva al de Oviedo, la universidad de lejos más antigua de las cuatro ―fundada en 1608―, a ahondar en el asunto: “El debate de fondo es qué modelo de sistema universitario queremos como país, lo que entendemos como servicio público. Porque si lo que queremos es que las universidades sigan cumpliendo esa función cualitativa de ascensor social, que sea un elemento de cohesión territorial y factoría de oportunidades, necesitamos un decreto que regule el modelo. Este puede tener dos formas de gestión ―privada o pública―, pero gestionando un servicio público”. Y va más allá: “Lo que no puede ser es que tengamos dos reglas distintas. A las públicas no nos queda otro remedio que ser muy buenas, porque los sistemas de calidad interna nos obligan a serlo”.

Garde, en una situación ventajosa respecto al resto, es muy tajante: “Una institución que no dedique fondos a investigar y que no permita a su PDI [personal docente investigador] investigar, no debería llamarse universidad y se acabó. Es una academia y ya no hay que darle más vueltas”.

Retorno de la inversión en el territorio

“El nivel de exigencia de los egresados de la privada ―igual que para acreditar profesorado, instalaciones, recursos, investigación...― tampoco es el mismo”, prosigue Fernández Salguero (Badajoz, 1963). “Necesitamos que la Universidad pública forme personas que añadan valor añadido y retenerlos, porque nos estamos quedando sin gente cualificada. Vamos a tener ahora una serie de iniciativas de empleabilidad y emprendimiento importantes en energía y transporte y nos interesa que los universitarios se formen bien. Si no se quedan, en 15 años no quedarán extremeños en la región”. UNEX cumple 52 años “y hay un consenso generalizado de que Extremadura, sin la universidad, estaría en los tiempos de Los santos inocentes”, remata.

Carot se enorgullece también del rédito que ha tenido su universidad en las islas. “Hasta que esta no aparece [se crea en 1978], Baleares no figura en el mapa europeo de producción del conocimiento y hoy sí, además con posiciones francamente destacadas en algunos ámbitos. Esto no tiene precio. Ello ha dado lugar a empresas que no existirían fitosanitarias o del sector servicios con un altísimo valor añadido”.

Si la demanda de los estudiantes no se observa como un problema, sí las prácticas curriculares ―¿pueden absorber las empresas tantos becarios?― y sobre todo son clásicos los desencuentros por espacio y medios en los hospitales. El Tribunal Constitucional falló que las privadas podían hacer prácticas en la red pública valenciana, tras intentar frenarlas el Gobierno regional de izquierdas con una ley autonómica. A estos rectores les gusta el modelo catalán: allí una universidad no puede ofertar una titulación sanitaria hasta que no tenga garantizadas todas las plazas de prácticas.

“Hay cierta preocupación de que la universidad privada pueda tener hueco en la sanidad pública”, sostiene Garde. En especial en las zonas sin una red sanitaria privada potente para acoger a sus estudiantes. “En la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos cinco facultades de Enfermería, dos facultades de Medicina, una facultad de Farmacia... y resulta complicado encontrar no solo prácticas, sino profesionales para formación reglada [en esos centros sanitarios]”. Ahora parte de sus alumnos de primero de Medina saben que a partir de tercero recibirán clase en el Hospital General Universitario de Toledo, una ciudad que no dispone de esa facultad.

El rector de Extremadura recuerda que en ciudades pequeñas los hospitales pequeños privados no ofrecen todas las especialidades o estas no tienen la calidad suficiente para enviar allí a los alumnos a aprender. “¿Y a dónde van a ir?”, se pregunta. Su compañero de Oviedo hace cálculos y no le salen. Los tres grandes hospitales universitarios de Asturias no pueden, en su opinión, absorber a los más de 200 alumnos de Medicina por curso (son seis) que planea la Europea.

Y, en plena inflación de precios de la vivienda, los rectores recuerdan que si se instalan las privadas aún subirán más los precios de los pisos y sus alumnos, con un poder adquisitivo menor, van a verse perjudicados.

El impacto económico de las universidades públicas españolas es del 2,2% del Producto Interior Bruto, cuando su nivel de financiación es del 0,7% del PIB ( la LOSU aspira a llegar a l 1% en 2030), lejos del 1,2% europeo. Y, en paralelo, 31 una de las 46 universidades privadas han sido aprobados en estos últimos 26 años y sus ingresos se han incrementado un 97,8% entre 2008 y 2021. Previsiblemente, en abril se reunirá la conferencia general y se verá entonces el veredicto de los técnicos del ministerio, ajenos a disputas políticas. Sea el que sea, el gobierno promotor hará lo que quiera, pues el informe es preceptivo pero no vinculante.