Científicos asfixiados en el extranjero: “Estoy pensando en renunciar”

Los investigadores españoles que se acaban de doctorar, siempre en situación precaria, recibieron en enero de 2021 con ilusión un anuncio del Ministerio de Universidades: 1.800 de ellos disfrutarían de una ayuda Margarita Salas en otro campus español (2.800 euros brutos) o extranjero (3.500 euros), gracias a una partida para recualificación de la Unión Europea. Además, tendrían una ayuda de desplazamiento de hasta 3.500 euros. Nunca había habido en España tantas plazas y era una sola oportunidad. Entonces, muchos científicos se lanzaron a competir por una de las ayudas, con la intención de vivir una experiencia laboral de uno o dos años, que luego revertirá en la universidad española de origen. Pero la realidad se les ha atragantado, pues las universidades públicas, que no contaban con esta partida inédita, han optado por retraer las cuotas patronales del sueldo bruto ―es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social comunes, de desempleo, Fogasa, horas extra y formación profesional que abona la empresa contratadora― , de forma que en países como Estados Unidos o Suiza es muy difícil vivir, pues en limpio son unos 2.100 euros en el extranjero y 1.700 en España. De modo que algunos tienen que tirar de ahorros y hacer filigranas incluso para conseguir el visado ―en el caso de EE UU―, pues los centros de investigación no conciben que se cobre menos de 4.000 dólares (3.600 euros).

El ministerio repartió en la época de Manuel Castells los 387 millones de euros ―la partida de Bruselas prevé también que 1.400 contratados doctores o profesores titulares jóvenes se muevan y que 700 investigadores retornen del extranjero― proporcionalmente entre las 48 universidades públicas, y cada una lo ha gestionado como ha querido: contrato o beca. Según los datos recabados por los propios beneficiarios de la ayuda Margarita Salas, la Politécnica de Madrid (UPM) es la única universidad que ha pagado las cuotas patronales aparte. El departamento de prensa de la UPM explica que ha supuesto para sus arcas 1,7 millones costear los gastos de sus 71 seleccionados. La Universidad del País Vasco ha financiado solo a los que se mueven dentro de España, porque si no, no llegaban al salario mínimo de su convenio laboral. El resultado es que los que viajan al extranjero apenas ganan 10 euros más al mes que ellos, según los contratados de la UPV-EH. La Complutense da un plus de 250 euros al mes, y Extremadura contempla una indemnización final. Hay universidades, como la de Cantabria, que advirtieron claramente de que descontarían la cuota patronal en la convocatoria, pero en otras la redacción no es nítida.

El experto en Ciencias Computacionales Alberto Castillo, de 29 años, podría cobrar 8.000 dólares (7.300 euros) al mes por investigar en la Universidad de Virginia (sureste de EE UU) el uso de algoritmos para el tratamiento de la diabetes, pero se ha ido allí, uno de los mejores sitios del mundo en este campo, con una de estas ayudas. Desde el pasado enero ingresa 2.150 euros, pone de su bolsillo otros 1.000 y, si crea una patente, será para la Politécnica de Valencia (UPV), que es la que hace la aportación económica. En la casa estadounidense se le van 1.800 euros, 200 del seguro médico, 200 del coche... Él contaba con ganar 2.800 euros ―creía que la UPV iba a asumir los costes patronales― y con el alquiler de su piso en España, “aunque era una idea arriesgada”, compensaría el desajuste entre ingresos y gastos. El ingeniero, que logró el visado justificando sus ahorros, dice que descubrió la verdad de su contrato dos días antes de volar a Virginia, que es cuando firmó. Para entonces ya tenía su piso en Valencia alquilado, había vendido parte de sus muebles, su mujer había dejado su trabajo sin paro. Además él había renunciado a su participación en una startup.

“Estamos arruinados, ¿de dónde lo sacamos? Que renuncien, hay lista de espera”, afirma un vicerrector.

Ahora Castillo asegura que, si su mujer no encuentra trabajo ―aún no cuenta con el permiso―, tendrán que regresar, aunque ofertas para quedarse no le faltan. Castillo sostiene que el problema ha sido “la falta de transparencia” en el procedimiento. Por la redacción de la convocatoria, muchos en la Politécnica de Valencia interpretaron como él que los costes patronales iban aparte. El párrafo de la UPV dice así: “Tendrán una dotación económica mensual de 3.500 euros brutos para estancias en el extranjero, financiándose las retribuciones brutas y la cuota patronal de la Seguridad Social”. Castillo asegura que muchos de los que dudaron y preguntaron renunciaron a presentarse y que, de los 67 beneficiarios de las Margarita Salas, dos han tirado la toalla en dos meses. La UPV dice que ambos han abandonado al lograr otros puestos, uno en la industria.

“Estamos arruinados, ¿de dónde lo sacamos [el dinero para las cuotas patronales]?”, afirma José Monserrat, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, en referencia a los beneficiados de las ayudas que se declaran ahogados. “Las universidades públicas hablamos de la situación, nos planteamos no convocar las ayudas, y al final decimos lanzarlas con las condiciones que nos dijo el ministerio y, efectivamente, dos universidades decidieron aumentar las cuantías”, prosigue. Monserrat reconoce que la cuantía es “poco abundante” para el extranjero, y recalca, además, el “sobreesfuerzo” que ha supuesto para sus servicios administrativos. Cada candidato elaboró un proyecto de investigación y contactó con el centro al que deseaba ir.

“Pensamos que las cuantías son generosas y que están al nivel de las que se ofrecen en otras ayudas postdoctorales consolidadas y de gran prestigio en nuestro país, como las Ramón y Cajal o las Juan de la Cierva“, afirma un portavoz del Ministerio de Universidades. “Son las universidades las que gestionan estas ayudas, deciden la forma jurídica con la que vincular a los beneficiarios y si asumen los costes patronales. También pueden complementar las cuantías, como en la gran mayoría de ayudas postdocs en nuestro país. No creemos que en ese sentido haya ninguna diferencia. Las Margarita Salas son la apuesta para la mejora de la calidad y un esfuerzo que está realizando este ministerio por el talento al inicio de la carrera académica”, añaden las mismas fuentes.

En la Universidad de Alicante, más de lo mismo. Francisco Martínez, de 38 años, y su novia, Verónica Ruiz, de 37, hablan con este diario conjuntamente por videollamada. Ambos son graduados en Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar. Él está ya en Los Ángeles, donde paga 1.500 dólares (1.300 euros) por una habitación en una casa compartida. Trabaja en el reputadísimo Instituto Tecnológico de California (Caltech) con un contrato de la Generalitat Valenciana, y en enero de 2023 tendrá que empezar a cobrar la ayuda Margarita Salas, que le llevará en 2024 a la Universidad de Alicante. “La idea es ir a un buen sitio, no que sea barato”, sostiene Martínez, que estudia cómo afectan los virus al cambio climático. “Ha sido un regalo envenenado para las universidades. Les llegan unos fondos muy importantes de la Unión Europea, pero tienen que hacerse cargo del coste patronal. Y dicen: A ver, ¿qué hago? ¿Hago frente a un gasto que no esperaba o renuncio?”. Martínez opina que, además, tenía que haberse establecido un complemento según la carestía del país de destino, como suele ocurrir en las estancias en el extranjero. La universidad, que se sentará a hablar con ellos con varias semanas de demora, asegura que ha complementado con un plus de 3.300 euros.

“Si lo hubiese sabido, no hubiese elegido Estados Unidos, a pesar de que nos va a ayudar mucho a desarrollarnos”, explica agobiada Verónica.

“Me voy a ir, pero me gastaré mis ahorros. Si no lo hago, me estanco. Es bastante indignante”, cuenta Verónica Ruiz, que trabajará en la búsqueda de remedios contra el cáncer en la puntera Universidad de California (UCLA). “Si lo hubiese sabido, no hubiese elegido Estados Unidos, a pesar de que nos va a ayudar mucho a desarrollarnos profesionalmente”, explica agobiada. Hasta ahora, ella trabajaba en un proyecto con un sueldo de 1.500 euros pagado por una entidad bancaria, suficiente para vivir en una ciudad española de tamaño medio. En algún momento ha pensado en dejarlo todo por un trabajo menos cualificado. “Al final quieres estabilidad”, confiesa. Explica que su universidad estudia ahora cómo suplementarles el sueldo, porque las Margarita Salas sobre el papel no son compatibles con “otras ayudas con la misma finalidad”. La convocatoria, en la que no se decía nada de las cuotas, se resolvió tan tarde que aún no le han resuelto el visado y, cuando por fin se incorpore, no recuperará esos meses de experiencia y sueldo perdidos desde el pasado enero.

Becarios en la treintena

Tres universidades ―La Laguna, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria― han optado por no contratar, sino por convertir a los seleccionados en becarios, al menos el primer año. De esta forma cobran más ―2.180 los que se mueven dentro de España y 2.730 los que salen― porque solo les descuentan el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), pero ni cotizan paro ni jubilación y están obligados a pagarse un seguro privado. Doctores y, sin embargo, becarios en la treintena. Un Margarita Salas de la Universidad de Huelva, que logrará un contrato de acceso si luego se queda en ese campus, explica que ello les deja, además, en un limbo, porque no están reconocidos como personal, y les trae problemas para usar los medios en los centros de destino. Además, cuenta que un desplazado al extranjero tiene que vivir en un Airbnb, porque no le hacen un contrato de alquiler sin una nómina.

Los 67 beneficiarios de la Politécnica de Valencia están intentando lograr una ayuda para el alquiler, pero el rectorado lo descarta por considerarlo incompatible

En España, el problema acucia a quienes se cambian de ciudad, en especial si se van a una urbe donde el costo de la vida sea alto. El ingeniero Borja Badenes, de 41 años, se las prometía felices. Trabaja en energía geotérmica con un contrato temporal Horizonte 2020 (europeo) en la Politécnica de Valencia y ha logrado una Margarita Salas en un centro del CSIC en Madrid. Padre de un bebé de 10 meses, se mudará en septiembre a la capital sin su esposa. Ha descartado que se coja una excedencia porque 1.700 euros netos no se estiran. “Voy a trabajar en el CSIC con gente de mi mismo nivel que gana mucho más”, se lamenta. Los 67 beneficiarios en la universidad valenciana se están moviendo para tratar de lograr una ayuda al alquiler. “No tienen nada que hacer. No se puede cambiar a posteriori la convocatoria, porque si alguien impugna se quedan los 67 sin la ayuda”, explica a EL PAÍS su vicerrector de Internacionalización.

Fe de errores. En una primera versión se incluía equivocadamente a la Universidad de Sevilla entre los centros que han repartido la ayuda como beca.

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