Los rectores reclaman 2.500 millones y plazos de pago para poner en marcha la ley universitaria

Hasta este jueves la conferencia de rectores (CRUE), un órgano que aúna sensibilidades muy diferentes ―universidades públicas y privadas, religiosas o laicas―, no se había pronunciado acerca del proyecto definitivo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que dio a conocer el ministro Joan Subirats el 21 de julio; por eso había expectación en oír a su nuevo presidente en una comisión en el Congreso. Y Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III, ha ido al meollo: la CRUE calcula que se necesitan unos 2.500 millones de euros para poner en marcha la ley y exige compromisos políticos de las administraciones. “Si no se concretan mejor los plazos de los pagos, corremos el riesgo de que mañana nunca sea mañana y no termine de llegar la financiación”, ha afirmado Romo este jueves en la Comisión de Ciencia del Congreso.

El 88% de la financiación de las universidades está en manos de las comunidades autónomas, por lo que la CRUE reclama un acuerdo marco entre ellas y el Gobierno central y que se establezca un procedimiento “claro, directo y nítido para que llegue a las universidades”. Subirats, en el pleno de este jueves, se ha comprometido a negociar un plan en una comisión de expertos, “en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria” en la que se sienta el ministro y los consejeros del ramo. La LOSU fuerza a los campus a regularizar a los profesores en situación precaria, a poner en marcha un plan para estabilizar a los jóvenes en 10 años desde que empiezan la tesis (ahora con 40 años muchos no tienen un puesto fijo), atraer talento en el extranjero, fomentar las movilidades o a investigar más; y para todo ello, se necesita dinero.

Entre 2008 y 2018, las universidades perdieron un 20% de financiación y aún no han llegado a estar en los niveles presupuestarios de 2009. “Necesitamos más financiación del sistema, y que esté ligada a los resultados de las universidades. La LOSU contempla su incremento hasta un mínimo del 1% del PIB”, ha recordado Romo. “Como referencia, Noruega invierte 1,8% del PIB en su sistema, es el más alto de la OCDE. Más del doble que España, que es el 0,8%”. “El sistema universitario español está entre los 8.000 y 9.000 millones y habría que sumar otros 2.000 o 3.000 para llegar a ese 1% de financiación”, calcula Romo, catedrático de Estadística.

La ley afirma que debe de dedicarse un 5% del presupuesto de la universidad a investigación y los rectores piden que se haga esa cuenta una vez restadas las nóminas, que se llevan la mayor parte del monto total. Este es un guiño a las universidades privadas, pues muchas están muy lejos de llegar a ese 5%. Romo va más allá y cree que hay que “afinar el porcentaje destinado a la investigación según la universidad”. Es decir, que haya campus volcados en la docencia y otros más punteros en ciencia, como su institución. Actualmente, las diferencias económicas son enormes, mientras en la Universidad del País Vasco se contrata a premios Nobel, otras tienen fondos escasos para sobrevivir.

“Obviamente, los problemas son muchos, profundos y complejos y no se van a arreglar en poco tiempo, pero creo que puede ser una ley útil para avanzar en el sistema universitario”. Por eso emplaza a su antecesor en el cargo, José Carlos Gómez-Villamandos, ahora consejero andaluz de Universidades, que este miércoles habló de una ley que es “una oportunidad perdida” a intentar negociar: “Está en sus manos”.

Los rectores quieren terminar con la tasa de reposición (por cada jubilado una persona pasa a ser fija), porque creen que impide el retorno de talento en el extranjero o estabilizar a profesores que ya están en las facultades muy cualificados. “La única restricción que debería haber es la presupuestaria de cada universidad”, ha justificado Romo. En la actualidad por cada 10 personas que se van entran 12, porque el Gobierno ha subido la tasa de reposición al 120%. En una década se va a jubilar la mitad de las plantillas. Romo cree que la tasa de reposición y la infrafinanciación explican la precariedad laboral.

El doble de universidades que hace 40 años

Pese a las penurias, Romo ha sacado pecho del sistema español que ha duplicado el número de universidades en 40 años, es el tercero en tamaño de la UE tras Alemania y Francia, ocupa el puesto 11 del mundo en producción científica y el noveno en investigadores altamente citados.

Romo sostiene que la ley necesita más ambición para “otorgar una autonomía más amplia a las universidades, como en el caso de la elección del rector, como ocurre en Europa”. El rector ha recordado que la European University Association (EUA) sitúa a España en el puesto 24 de 26 países en autonomía universitaria.

Con Romo al frente de la CRUE y Joan Subirats al frente del Ministerio de Universidades, la situación entre ambas instituciones ha mejorado. Cuando empezó a gestarse la ley, con Pedro Duque como ministro y Gómez-Villamandos al frente de la conferencia, la relación era buena, pero fue desgastándose con los bandazos en el proyecto del ministro Manuel Castells, que trataba de contentar a todos y al final a nadie. En especial se enquistó con Gómez-Villamandos. En una reunión celebrada el pasado noviembre del Consejo de Universidades ―conformado por el ministerio y los rectores―, solo este último tomó la palabra para rechazar en nombre de todos la redacción de un informe preceptivo para la tramitación de la LOSU.

Este miércoles se vivió una escena que dejó atónitos a muchos diputados de esta comisión. Gómez-Villamandos, aunque desde hace dos meses es el consejero andaluz de Universidades, se arrogó el cargo de presidente de la CRUE, puesto que ocupó hasta el pasado abril. Por eso, usó de principio a fin la primera persona del plural (”nosotros”, “nos”) para desgranar punto por punto la enmienda a la totalidad de la LOSU presentada hoy por el PP en el Congreso. Nadie ha secundado a su grupo.

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