El Banco Mundial frente a los derechos de las minorías en Etiopía

Un proyecto del Gobierno de Etiopía, financiado por el Banco Mundial, para mejorar el acceso de la población a los servicios básicos se saldó con el desplazamiento forzoso de miles de indígenas anuak, una minoría de la región de Gambella, al este del país. Esta es la conclusión que se desprende de un informe elaborado por el propio órgano de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección, y filtrado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el pasado mes de enero.

El Banco Mundial no se ha pronunciado aún al respecto, si bien la junta de directores planea publicar el próximo 26 de febrero una respuesta que incluirá un plan de acción para el futuro. La ONG Human Rights Watch, por su parte, ha reclamado medidas. "El informe del Panel muestra que el Banco Mundial ha ignorado los riesgos que sus proyectos suponían para los derechos humanos en Etiopía", ha asegurado Jessica Evans, defensora senior dedicada a instituciones financieras internacionales de HRW. "El Banco tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de ajustar su programa en el país y restituir a quienes han sido perjudicados".

La investigación se llevó a cabo a raíz de una queja formal interpuesta por dos representantes de los anuak el 24 de septiembre de 2012. En ella se solicitaba una investigación del Programa de Promoción de Servicios Básicos (PBS en sus siglas en inglés) que se está llevando a cabo en el país desde el año 2006 y que cuenta con una financiación de dos mil millones de dólares aportados por diversos donantes internacionales, entre ellos el Banco Mundial. Este programa, desarrollado en tres fases —ahora se está llevando a cabo la tercera—, busca facilitar el acceso y mejorar los servicios básicos en educación, salud, agricultura, saneamientos y carreteras para unos 84 millones de personas.

El Banco Mundial, detalla el informe de su órgano inspector, mantuvo un "enlace operacional", es decir, un vínculo estrecho, con el llamado Programa de Desarrollo Comunitario, también conocido como programa de "aldeización" (villagization, en inglés) en Gambella. Este obligó a los anuak a abandonar sus tierras, ocupadas desde tiempos ancestrales, con el pretexto de que les iban a reasentar en otras zonas más prosperas donde tendrían mejor calidad de vida, cuando en realidad estos terrenos fueron entregados a inversores que se encargaron de su explotación.

Desde el año 2010 casi dos millones de habitantes de zonas rurales muy aisladas de cuatro provincias fueron reubicados. En Gambella, el Gobierno trasladó 37.883 hogares, un 60% del total, según estadísticas oficiales citadas en la propia investigación interna del Banco Mundial. El Ejecutivo aseguró que todos los realojos fueron voluntarios pero los denunciantes, sin embargo, se quejaron de que fueron realizados contra sus deseos y que las fuerzas del orden golpearon, violaron y asesinaron a quienes se negaron a abandonar sus casas. También denunciaron que las nuevas tierras no eran fértiles y que en ellas no había escuelas, ni centros de salud ni otros servicios básicos, y que las autoridades etíopes utilizaron el dinero del Banco Mundial para apoyar ese programa. El Banco continuó financiando iniciativas relacionadas con la salud y la educación durante años después de que estas denuncias se hubiesen hecho públicas.

El informe del Panel, no obstante, no llega a verificar si el el Banco Mundial fue responsable de los abusos más graves, como las violaciones de derechos humanos, pues aseguran que el asunto no estaba al alcance de su investigación. Sí dice el informe que el organismo no violó su política de reasentamientos forzosos porque esas reubicaciones fueron llevadas a cabo por el Gobierno etíope y no formaban parte de los programas de salud y educación.

La organización en defensa de de los derechos humanos, Human Rights Watch, ha dirigido una carta al vicepresidente del Banco Mundial en África, Makhtar Diop, en la que critican que el plan de acción que el organismo prepara solo refuerza la problemática actual porque sigue apoyando programas de reasentamiento de comunidades sin tener en cuenta los intereses de estas, y también reclama una serie de compromisos. Entre ellos, destaca la necesidad de comunicar al Gobierno etíope el impacto negativo que varias de sus políticas y prácticas gubernamentales están teniendo en el desarrollo del país, sobre todo las relacionadas con los desplazamientos forzosos y con la discriminación de las minorías. HRW también aboga porque el Banco Mundial mejore sus sistemas para detectar cuándo se están poniendo en riesgo los derechos humanos en sus proyectos en Etiopía.

No es la primera vez que el Banco Mundial tiene constancia de estas quejas. La de los anuak se une a un informe publicado por Human Rights Watch en 2012 en el que se aseguraba que los desalojos "vinieron acompañados de violaciones de derechos humanos generalizadas, incluyendo el desplazamiento forzado, arrestos y detenciones arbitrarias, palizas, violación y otros actos de violencia sexual". También se detallaba cómo el dinero del Banco contribuía a proseguir con los reasentamientos forzosos, por ejemplo, el que se utilizó para pagar los sueldos de los funcionarios del Gobierno que ayudaron a llevarlos a cabo.

En octubre de 2012, después de conocerse la denuncia interpuesta por los anuak, la dirección del proyecto del Banco Mundial elaboró una respuesta en la que se defiende de las acusaciones vertidas contra su actuación en Gambella. Primero, advierte que los denunciantes no tienen manera de demostrar que el Programa de Promoción de Servicios Básicos que están desarrollando les haya dañado o les vaya a dañar. Segundo, el Banco niega estar financiando el programa de "aldeización" del Gobierno en ninguna parte del país. Además, recuerda que se toman muy en serio los informes de supuestos abusos y que ya ha expresado su preocupación al Gobierno etíope. En cuarto lugar, asegura que no se han encontrado evidencias de que el programa de "aldeización" sea responsable de los daños denunciados por los anuak.

Pese a todo ello, en 2013 el Gobierno etíope rechazó la investigación del Panel y anunció que no colaboraría. Posteriormente, en julio de 2013, Human Rights Watch lanzó un nuevo documento titulado “Desarrollo sin abusos: Cómo el Banco Mundial debería prevenir violaciones de derechos humanos", en el que incluía de nuevo el caso etíope.

Preguntado hoy en Madrid por el informe del Panel de Inspección al director del Grupo de Indicadores Globales del Grupo Banco Mundial, Augusto López-Claros, este aseguró que no conoce el caso de los anuak, pero tiene la confianza de que el Banco tomará muy en serio las recomendaciones del Panel de Inspección. "No tengo dudas de que, si se emite un informe con recomendaciones sobre como evitar este tipo de situaciones en el futuro, el banco las va a tomar muy seriamente. Este fue el motivo por el que se creó esta unidad de independiente, para que hubiera un grado de monitoreo dentro del Banco"; aseveró.

El dolor de los anuak

Después de conocerse el informe de la inspección del Banco Mundial, los anuak han dirigido una carta abierta al presidente del organismo, Jim Yong Kim, en la que piden que su voz sea escuchada."Fuimos obligados a huir de nuestra tierra natal en Gambella porque nos opusimos al programa de realojos del Gobierno. Nunca consentimos dar nuestras tierras, que son nuestra fuente de vida y de nuestra identidad. Sólo nos movimos por miedo. Cuando los granjeros locales no aceptaron marcharse, vinieron soldados por la noche y violaron a las mujeres y golpearon a los hombres. Fuimos arrestados y torturados, por eso vivimos como refugiados en países vecinos hoy", describe la misiva. Y recuerda: "Sin los billones de dólares facilitados por el Banco Mundial y otros donantes a través del PBS, el Gobierno etíope no podría realojar a tanta gente y desposeernos de nuestras tierras. Por eso realizamos nuestra queja al Panel de Inspección y por eso le pedimos que retrase la siguiente fase del proyecto hasta que se asegure que no será utilizadas para desplazar y matar a nuestra gente".

Los anuak finalizan describiendo sus condiciones de vida en los campos de refugiados: "Nos enfrentamos a la inseguridad diaria y a condiciones de vida calamitosas, pero no podemos volver a casa porque pondríamos nuestras vidas en peligro. Las mujeres mueren de cesáreas y de cirugías menores por culpa de la mala calidad de la atención sanitaria. Los recién llegados no son aceptados por Acnur así que debemos compartir nuestras raciones de comida con ellos para que no se mueran de hambre. Cuando los niños terminan la escuela primaria, no encuentran nada que hacer salvo sentarte a no hacer nada o convertirte en un adicto a las drogas. Es tan doloroso ver a nuestros niños creciendo en una tierra extraña sin futuro. Necesito apoyo para desarrollar nuestra forma de vida y nuestra juventud necesita oportunidades".