Se multiplican los retos en agua y saneamiento en las zonas rurales, pero no las inversiones

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Al menos 18,5 millones de personas en América Latina y el Caribe, principalmente en zonas rurales, continúan practicando la defecación al aire libre, a pesar de los enormes esfuerzos de los países para acabar con esta práctica. Esto solo es uno de los principales retos en el sector de agua y saneamiento al que se enfrenta una región en la que 34 millones de personas aún no tienen acceso a servicios mejorados de agua potable y 106 millones a saneamiento adecuado. Para alcanzar en 2030 las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en estos ámbitos, alertan María Eugenia de la Peña y Lourdes Álvarez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es necesario acelerar las inversiones y suplir las carencias de datos.

La brecha en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento entre la zona urbana y la rural de la región ha disminuido en las últimas décadas, en línea con la tendencia mundial marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los antecedentes de los ODS se propusieron en 2005 reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento en el mundo. Esta meta se logró en 2010, cinco años antes de lo previsto. América Latina y el Caribe pasó entre 1990 y 2015 a niveles de cobertura del 84,9% al 94,6% en materia de agua y del 67,3% al 83,1% en saneamiento. Alrededor de 218 millones de personas gozaron de nuevos y mejores servicios de agua y otros 224 millones de personas, de saneamiento. Sin embargo, todavía en 2015 cerca de 18 millones de habitantes de la región de zonas rurales no contaban con servicios de agua mejorada y 41 millones no disponían de saneamiento mejorado.

Con el paso a los ODS, estas cifras se quedaron cortas al no tomar en cuenta nuevos factores como la universalidad y el nivel del servicio, la atención especial a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables o el tratamiento de las aguas residuales. La falta de datos sobre algunos aspectos relacionados con agua segura (acceso a una fuente mejorada de agua potable que está localizada dentro de la vivienda, disponible cuando se necesita y libre de contaminación fecal y contaminantes químicos) y sistemas de saneamiento seguros (instalaciones mejoradas que no se comparten con otros hogares y donde la excreta se dispone de forma segura in situ o es tratada fuera de la vivienda) hace imposible determinar el número exacto de personas afectadas bajo estas nuevas premisas. Crecen las necesidades, pero las inversiones no se incrementan de forma paralela.

“Muchos países aún no disponen de los datos imprescindibles para trabajar en este sentido y, para saber dónde invertir, hay que tener un cuadro más claro de la situación”, explica María Eugenia de la Peña, co-autora junto a Lourdes Álvarez del informe Ejecutar proyectos de agua y saneamiento en el sector rural, publicado el pasado mes de abril por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Al menos 18,5 millones de personas en América Latina y el Caribe, principalmente en zonas rurales, continúan practicando la defecación al aire libre

Las brechas entre la población más pobre y la más rica se van cerrando, sin embargo, aún existen diferencias significativas. Alrededor del 70% de los hogares que no tienen servicio de agua, por ejemplo, y el 85% de los que no tienen saneamiento pertenecen a los dos quintiles de menores ingresos.

“Asegurar la calidad del agua y acabar con la defecación al aire libre son los retos más complejos para la región”, asegura Álvarez, quien insiste en las características propias de las zonas rurales a tener en cuenta a la hora de ejecutar un proyecto. “Estamos hablando de una población que está muy dispersa y, en consecuencia, las soluciones tecnológicas adoptadas tienen que medir la proporción entre costo y eficiencia”. Hay más: las zonas rurales a menudo se caracterizan por falta de una política pública específica; débil institucionalidad; poblaciones de bajos recursos; falta de empresas con experiencia y conocimiento del medio y bajo mantenimiento de los sistemas construidos; migración y envejecimiento de la población rural —en la actualidad, representa el 20% de la región, pero se estima que en 2030 caerá al 16%—.

Mejorar esta situación implica ir más allá de la construcción de infraestructura. “Hay que desarrollar en paralelo el aspecto de trabajo social y comunitario. Es más importante en comparación con el medio urbano, porque se necesita una mayor involucración”, señala De la Peña. Y este aspecto cobra aún más relevancia a la hora de trabajar con poblaciones indígenas, por sus características culturales distintas y la relación profunda que establecen con los elementos de la naturaleza. “El acompañamiento social es crucial”, señala Álvarez. “Hay que contextualizar muy bien el proyecto para asegurar su sostenibilidad en el ámbito social, de financiación y técnico”.

Las dificultades relacionadas con la sostenibilidad, los costes más elevados y el tamaño a menudo más reducido de estos proyectos, los convierten en menos apetecibles para las empresas privadas. Las ONG, sin embargo, pueden constituir una válida alternativa. Las expertas del BID destacan que esta alianza presenta numerosas ventajas: si las organizaciones ya están presentes en el territorio, tienen muy claras las características del área y la población local les conoce. Esto se refleja en una mayor involucración de las comunidades tanto en el diseño como en la construcción de las obras. En cambio, en muchas ocasiones pueden estar limitadas a proyectos de pequeña escala.

De la Peña y Álvarez explican que no existe una fórmula mágica que valga para todos los proyectos en zonas rurales y que cada uno tendrá que ajustarse a las características específicas del territorio y de la población en cuestión. Solo hay un par de factores clave capaces de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de una iniciativa en cualquier contexto. Uno es la participación activa de la comunidad en el diseño, en la ejecución y a la hora de definir ciertos aspectos de la operación, como por ejemplo el pago de tarifas, incluidas las mujeres. El otro reside en tomar en consideración las necesidades de la población más vulnerable, como las adolescentes en aspectos de higiene menstrual o la adaptación de la infraestructura a personas mayores o con discapacidad física.

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