Frontex y España se enfrentan por las operaciones contra la inmigración irregular

Las relaciones entre España y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) son más tensas que nunca. La pugna por el despliegue de medios materiales y el control de los operativos ha llevado a Frontex a amagar con suspender su actividad en el Estrecho y las islas Canarias ―además del dispositivo que se despliega en cada operación Paso del Estrecho― , según tres fuentes conocedoras del episodio. La decisión corrió el pasado miércoles por los despachos, llegó a comunicarse hasta a los agentes de la agencia desplegados en el archipiélago y amenazó con convertirse en una crisis política. El pasado viernes, Frontex salió al paso con un comunicado desde su sede en Varsovia para atajar rumores y anunciar que renovaba su presencia en España un año más.

Las tensiones vienen de lejos y son el reflejo de la disputa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y una agencia europea de fronteras con un mandato extendido. En los planes operativos para este 2021, que se cierran a principios de año, Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas. La propuesta no gustó a los negociadores. Un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado considera que aceptar las propuestas de Varsovia supone una “entrega de soberanía” y cree que el conflicto “estallará cuando haya una desgracia”.

Influencia en África

La negociación de estos puntos ha estado marcada por otra de las principales batallas para España: el papel de la agencia en las islas Canarias, un enclave desde el que Frontex quiere ganar influencia en África. Actualmente, la agencia trabaja con un equipo de 26 agentes, españoles y extranjeros, que apoyan a la Policía Nacional en la identificación y las entrevistas a los migrantes con el objetivo de desbaratar las redes que les facilitan el viaje. Pero este despliegue tiene una cobertura limitada y el espectacular repunte de llegadas al archipiélago, que ha recibido casi 25.000 personas en los últimos 13 meses, impulsó nuevas negociaciones entre Varsovia y Madrid para lanzar una operación conjunta con la Guardia Civil en Senegal.

El objetivo inicial era reformular la operación Hera II, un operativo que Frontex y la Guardia Civil ya habían desplegado de 2006 a 2019 en varios países de origen para cerrar la vía migratoria que se abrió durante la llamada crisis de los cayucos. Pero las diferencias entre unos y otros mantienen la iniciativa bloqueada.

Por un lado, Frontex ―que aprobó un nuevo reglamento en 2019 que le da más autonomía― alega la necesidad de firmar su propio acuerdo bilateral con Dakar para patrullar sus costas, señalan fuentes españolas conocedoras de la negociación. Por otro, la Guardia Civil demanda que no haya condiciones para que la agencia colabore con más medios en origen y lo haga siempre bajo su coordinación.

La Guardia Civil, que ya tiene acuerdos y agentes desplegados en Mauritania, Gambia y Senegal hace más de una década, siempre concentró el mando de las operaciones, las investigaciones y las relaciones con las autoridades locales y no tiene intención de renunciar a ello. “Hemos trabajado en todos estos ámbitos independientemente del decreciente apoyo de Frontex a lo largo de los últimos años porque consideraba esta ruta cerrada”, afirma una fuente española. En definitiva, la agencia con más presupuesto de la UE quiere más poder del que los agentes españoles están dispuestos a darle.

España trató de plantarse en la negociación de los planes operativos con Frontex: si no hay ayuda de la agencia europea para un despliegue conjunto en Senegal, no se aceptarían las peticiones de mandato extendido de Frontex en territorio nacional, según otra fuente al tanto de las discusiones. Pero finalmente, tras la presión por una posible cancelación de las operaciones, se han aceptado las exigencias de Varsovia. “Es una lucha entre la realidad del terreno y la de los altos cargos que firman los reglamentos en la oficina”, según esta fuente.

Frontex, que tiene presupuestados 5.600 millones de euros para los próximos siete años ―frente a los 19,2 millones de 2006―, incorporará 10.000 agentes propios para la vigilancia de fronteras y costas. En este contexto de crecimiento, la agencia empieza a demandar más control e influencia sobre las operaciones y no quiere limitarse a ofrecer barcos y aviones. Los agentes españoles, por su parte, quieren el apoyo de la agencia en los países de origen, pero siempre bajo su mando. No quieren ceder espacio ni competencias en un ámbito en el que llevan años invirtiendo recursos propios y experiencia.

Fuentes europeas reconocen que la incorporación de guardias de Frontex a las operaciones en España “ha complicado la negociación del programa de trabajo para el nuevo año”. El programa debía renovarse, como en cada ejercicio, para entrar en vigor el 1 de febrero, pero las fricciones retrasaron la negociación: España, según fuentes conocedoras de la negociación, pidió cambios relevantes en los planes operativos; la agencia hizo una contrapropuesta, y las autoridades españolas no la aceptaron. El acuerdo no llegó hasta 29 de enero, al filo de que el plan de trabajo no se aprobase y los dos operativos de Frontex en España se quedaran sin base legal para su continuidad. En Frontex aseguran que las operaciones nunca estuvieron en peligro y que la voluntad de la agencia siempre ha sido mantener su presencia en España.

En una entrevista con EL PAÍS el pasado 4 de enero el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se refirió a los desencuentros entre Madrid y Varsovia.

–¿Por qué cree que España no ve con buenos ojos la presencia de Frontex?

– Eso me pregunto yo, por qué Frontex no está en Canarias cuando hay un serio problema y sí está masivamente en el Egeo, con cientos de agentes

España apoyó desde el inicio, en 2005, la creación y puesta en marcha de Frontex, pero con el tiempo se ha mostrado reticente a implicar a los agentes de la agencia en sus competencias. “España se caracteriza por ser un Estado miembro que ha invertido considerables recursos públicos en operaciones de rescates en el mar además de en el control de sus fronteras exteriores”, afirma el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. “Eso explica que retenga bastante el protagonismo de su papel en fronteras, a diferencia de otros países que han recurrido más a la agencia, como Croacia, Grecia o incluso Italia”.

La agencia está actualmente bajo una presión sin precedentes, cuando está a punto de convertirse en el primer cuerpo uniformado y armado en la historia de la UE. Las investigaciones cercan a su director, Fabrice Leggeri, sobre el que se han vertido duras críticas por su gestión, la degradación de las relaciones en el seno de la agencia y, sobre todo, por supuesta connivencia con la devolución en caliente de emigrantes en la frontera greco-turca.