Los traslados bajan a mínimos las cifras de migrantes acogidos en Canarias

La calma reina en el exterior del campamento Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. El trasiego de personas migrantes que entran y salen de las instalaciones es constante. Muhamadou, Lamin y Ousman, de 29, 25 y 22 años, respectivamente, vuelven de un paseo mañanero por las calles de la zona y aseguran haber percibido que las instalaciones se “han vaciado algo” en el mes y medio aproximado que ha pasado desde que ingresaron provenientes de un establecimiento hotelero. “Sigue habiendo mucha gente dentro”, matizan, “pero no hay tantas colas para los servicios”.

Es el efecto más palpable del desbloqueo de los viajes para migrantes con papeles gracias a una reciente sentencia judicial y, sobre todo, de la política de traslados de migrantes que ha emprendido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su titular, José Luis Escrivá, ha señalado este lunes en declaraciones a Radio Nacional de España que en estos momentos en Canarias hay “algo más de 2.000” personas acogidas. Lo están en los seis campamentos incluidos en el llamado Plan Canarias (el cuartel Canarias 50, la nave de Bankia y el Colegio León en Gran Canaria; los campamentos de Las Raíces y Las Canteras en Tenerife y el de El Matorral en Fuerteventura). La cifra exacta es 2.288, sumando las 1.785 personas acogidas en estas instalaciones y otras 503 que viven en centros de acogida, según los datos del ministerio.

La cifra es inédita desde que a partir del verano de 2020 aumentaron las llegadas de pateras y cayucos a las islas, un repunte que desbordó la capacidad de acogida de Canarias y obligó a habilitar establecimientos hoteleros para alojarlos. Solo el muelle de Arguineguín, en el sureste de Gran Canaria, albergó puntualmente a más de 2.600 personas. Pero, a medida que avanza 2021, la congestión se ha aliviado. A principios de mayo había 4.200 migrantes acogidos en Canarias, mientras que en diciembre pasado la cifra ascendía a más de 8.000. Entre ellos, miles de migrantes vulnerables como madres con sus niños, solicitantes de asilo o enfermos que reunían los requisitos para ser trasladados a centros de la Península, pero a los que no se les autorizaba a dejar el archipiélago.

El Gobierno, sin embargo, ha flexibilizado en los últimos meses su política de traslados de migrantes llegados irregularmente a Canarias, si bien persiste la falta de transparencia respecto a esos datos. Desde principios de año hasta el 23 de abril, la Secretaría de Estado de Migraciones —con la autorización del Ministerio del Interior— había sacado de los campamentos y centros de acogida de las islas a 4.385 personas para llevarlas a otros recursos de la Península, según la información que entonces obtuvo EL PAÍS del portal de Transparencia. En todo 2020, apenas se autorizó la derivación de 2.168 personas.

Estos traslados son independientes de los viajes que puedan hacer las personas por su cuenta si tienen la documentación que les permite tomar un avión o un barco. Esta posibilidad, bloqueada durante el estado de alarma por razones sanitarias, fue suspendida en abril pasado por un juez de Las Palmas de Gran Canaria, quien dictaminó que un migrante que “acredite su identidad con pasaporte” o con una “solicitud de protección internacional” (el asilo) puede viajar a la Península desde las islas siempre que cumpla con las restricciones sanitarias anticovid, y que la policía no puede impedírselo.

Tampoco están contabilizados los migrantes que han decidido abandonar los recursos de acogida y que han sido alojados en redes ciudadanas de acogida o, directamente, en situación de calle. Tanto el Ministerio de Interior como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran desconocer el dato de cuántas personas se encuentran en esta situación. Fuentes de asociaciones como Somos Red aseguran, eso sí, que las derivaciones en los últimos meses han aliviado la emergencia y que han percibido una menor necesidad de asistencia a personas desatendidas.

El Ejecutivo no puede contar con las deportaciones para controlar la población inmigrante. Aunque los esfuerzos diplomáticos permitieron retomar las deportaciones para controlar el fenómeno migratorio durante los primeros meses del año, las devoluciones procedentes de Canarias, sin embargo, llevan paralizadas cerca de dos meses, fundamentalmente por el cierre del espacio aéreo por parte de Marruecos con España y Francia por razones sanitarias. La opacidad gubernamental en este tema tampoco permite saber con exactitud adónde se dirigen los vuelos y de qué países son los retornados.

El flujo de llegadas, con todo, está lejos de retroceder. Solo este último fin de semana han arribado a las islas casi 200 personas en siete embarcaciones distintas, entre ellos 38 menores. Entre principios de año y el 15 de mayo pasado (últimos datos disponibles), llegaron a Canarias por vía marítima 4.935 inmigrantes, el 133% más que en el mismo periodo de 2020. Escrivá ha sostenido a la radio pública en este sentido que “la gran diferencia entre la situación actual y la de hace unos cuantos meses” es que cuando tomó posesión, “en Canarias no había infraestructuras de acogida, prácticamente ninguna”. “Hoy en día, si pasara, ojalá no ocurra, tenemos una estructura de acogida de primera estancia y de gestión de crisis de unas 7.000 plazas”.