El Gobierno recurrirá la ley catalana que limita los alquileres al Tribunal Constitucional, pero no pedirá su suspensión

El Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler, alegando que vulnera competencias estatales, pero no pedirá su suspensión automática. Así lo han explicado este lunes fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que destacan que, de esta forma, la norma catalana seguirá vigente hasta que se apruebe una ley estatal de alquileres o hasta que el Constitucional resuelva. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que tiene las competencias estatales en Vivienda), José Luis Ábalos, ha justificado en una comparecencia ante la prensa que era “imposible” no presentar ese recurso.

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El Parlament aprobó el pasado mes de septiembre una ley pionera para regular los alquileres en Cataluña con el apoyo de Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y la CUP, impulsores de la norma junto a los sindicatos de inquilinos y la Generalitat. Entre las medidas que contiene la norma, figura la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con “tensión” residencial en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes. Quedan exentos de esta obligación los arrendadores “vulnerables”, considerándose como tales a los que ingresan menos de 2.000 euros mensuales. La norma establece un baremo oficial de precios por zonas del cual no pueden exceder los nuevos contratos de arrendamiento, que deben tomar como tope el importe que preveía el contrato anterior del mismo inmueble, si este fuera inferior.

Ya en su momento PSC, Cs y PPC se opusieron a la ley porque un organismo consultivo catalán, el Consell de Garanties Estatutàries, advirtió que varios de sus artículos vulneraban competencias estatales. Aunque las comunidades autónomas tienen transferidas muchas competencias en vivienda, la ley que regula los alquileres de vivienda (la Ley de Arrendamientos Urbanos o LAU) es de rango estatal y establece en uno de sus artículos que el precio es el que libremente pactan las partes. Los populares fueron los primeros en impugnar la norma ante el Constitucional, el pasado diciembre. El Gobierno inició el mecanismo para hacer lo propio, abriendo un periodo de negociaciones bilaterales con la Generalitat para intentar remediarlo. Este procedimiento es el “normal”, señala una portavoz de Política Territorial, que explica que dicho periodo expira el 21 de junio. Por tanto, el de mañana es el último Consejo de Ministros en el que se podría aprobar el recurso. No obstante, la misma fuente señala que las negociaciones continúan abiertas, dejando la puerta abierta a una solución extrajudicial si se llega a un acuerdo de última hora.

Anticonstitucionalidad “evidente”

Pero en su comparecencia semanal en la sede de la calle Ferraz como secretario de organización del PSOE, Ábalos ha considerado “imposible” que no haya recurso. El ministro ha asegurado que “la anticonstitucionalidad es tan evidente que no se puede pasar por alto”. El recurso, inevitable a tenor de lo dicho por Ábalos, podría tensar todavía más las negociaciones de la futura negociación de vivienda, ya que uno de los objetivos de Unidas Podemos era precisamente blindar la ley catalana. Tampoco Ábalos ha pasado por alto esa circunstancia: “Todo lo que podamos hacer en favor de la vivienda tiene que tener solidez jurídica”, ha remarcado el ministro. Una fuente de su departamento recuerda que en lo que está trabajando el Gobierno es en una ley “rigurosamente constitucional” y que se apruebe con “seguridad jurídica”.

A diferencia del recurso que puso el PP, el que llegue del Gobierno tiene la capacidad para solicitar la suspensión automática de la norma recurrida. Sin embargo, eso no se hará, lo que Ábalos ha considerado “un gesto importante”. La regulación de los alquileres en Cataluña continuará por tanto vigente hasta que llegue una nueva norma o el Constitucional se pronuncie, algo que sin duda contribuirá a rebajar la tensión entre el Ejecutivo y la Generalitat como, también, entre los dos socios de Gobierno. La semana pasada, sin ir más lejos, Unidas Podemos se sumó a la petición de otros grupos del Congreso para que el Gobierno no recurriera la ley.

El anuncio de este lunes tampoco ha gustado a los sindicatos de inquilinos, que han convocado caceroladas de protesta este lunes ante las sedes del PSOE. Un portavoz de estas agrupaciones en Cataluña ha asegurado, en declaraciones difundidas a los medios, que la protesta busca “dejar claro a los ministros implicados, al ministro Ábalos y al ministro [de Política Terrotorial, Miquel] Iceta, que lo que no se puede hacer es amenazar a millones de personas con eliminar los topes de precios y permitir que queden expuestas a subidas abusivas de precios”. Una de las concentraciones más numerosas es la que ha tenido lugar frente a la sede del PSC en la calle Pallars de Barcelona. La convocatoria se ha repetido en otras ciudades como Sabadell (Barcelona), Madrid y Zaragoza.

“Un error gravísimo” para ERC

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado “un error gravísimo” que el Gobierno vaya a recurrir la ley catalana, aunque no solicite la suspensión cautelar. Vilalta mantiene que con este movimiento el Ejecutivo de Pedro Sánchez se pronuncia en contra de una decisión aprobada en el Parlamento catalán. “La ley está funcionando muy bien y se están bajando los precios”, ha advertido Vilalta. “La obligación de los responsables políticos es ayudar a la gente, la cual no entiende de competencias entre instituciones, sino de poder tener una vivienda”. La republicana ha emplazado al Gobierno central a, en lugar de recurrir la ley, aprobar una similar a nivel estatal.

Por su parte, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha conformado con que no se haya suspendido automáticamente la ley catalana y, al igual que Vilalta, ha pedido aprobar una ley estatal para “blindar” una norma que beneficia a “miles de personas”. Los comunes, miembros de la coalición de Gobierno, mantienen que han estado presionando al PSOE para que no se pidiera la suspensión de la norma.