Martínez reclamó al CNI información cuando Interior trataba de exculpar al PP del ‘caso Bárcenas’
El ex secretario de Estado, imputado en Kitchen, defiende ante el juez que su actuación fue legal
Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, volvió el pasado lunes a declarar como imputado a la Audiencia, cercado por los mensajes de teléfono y las anotaciones de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que lo implican en el caso Kitchen, el espionaje a Luis Bárcenas sin autorización judicial.
Aunque el ex alto cargo repitió con insistencia al juez que siempre creyó que ese dispositivo parapolicial era legal, durante sus intentos por explicar los mensajes que presuntamente se cruzó con su antiguo jefe sobre la trama, Martínez llegó a relatar que “el Gobierno” de Mariano Rajoy activó en 2013 una operación especial en las fuerzas de seguridad para obtener datos del extesorero, cuando los populares trataban de demostrar que los fondos que manejó no beneficiaron al PP. Para ello, según añadió, contactó con el director del CNI, de lo que nunca informó al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba a Bárcenas.
Estas palabras del ex secretario de Estado tienen su relevancia. En aquel momento, el PP trataba de desvincularse de los delitos atribuidos al extesorero, cercados ambos por el caso Gürtel y la publicación de los papeles de Bárcenas. Y, aunque Martínez insiste en que nunca tuvo conocimiento de ninguna maniobra ilegal, el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción no solo sostienen que el espionaje a Bárcenas tenía por objetivo arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP antes de que Ruz se hiciera con ella, sino que esta operación se ordenó desde las más altas instituciones del Estado.
La instrucción ha ascendido hasta la antigua cúpula de Interior, con la imputación del exministro de Interior como máximo responsable; y hasta la dirección del PP, con la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares. Son las dos patas que sostienen la trama, según los escritos del ministerio público, que nunca ha elevado el tiro más arriba.
Según explican fuentes jurídicas presentes en la declaración del pasado lunes, Martínez detalló la iniciativa del Gobierno de Rajoy cuando se le preguntó por un presunto cruce de mensajes que tuvo con Fernández Díaz en la madrugada del 1 al 2 de agosto de 2013. Cuando la instrucción comenzaba a cercarle, el ex número dos de Interior registró ante notario esos mensajes, cuya autoría niega el exministro popular.
—Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto “cecilio” [apodo usado para referirse a los integrantes del CNI]. Yo estaré viajando, pero totalmente en guardia y conectado —escribió Martínez a su entonces jefe, el ministro del Interior Jorge Fernández, según las actas del notario.
—Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info... —respondió supuestamente el ministro.
—Ok. Espero tu llamada después del Consejo. Buenas noches — contestó de nuevo el secretario de Estado de Seguridad.
Martínez explicó al juez que el 1 de agosto de 2013, solo un día antes de esos mensajes, Rajoy había comparecido ante el pleno del Congreso —una cita que se celebró físicamente en el Senado porque entonces la Cámara Baja se encontraba en obras— y había admitido que se equivocó al confiar en Luis Bárcenas. “Me engañó. Creí en su inocencia”, dijo el entonces presidente del Gobierno, que desvinculó al PP de todas las irregularidades cometidas por el extesorero popular. El ex secretario de Estado resumió así al juez esa comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio: “[Rajoy] dijo que [Bárcenas] tenía cuentas en el extranjero, pero que no tenía nada que ver con el partido ni con nadie del partido. Y que se iba a llegar hasta el final, a esclarecer todos estos hechos”.
Orden del ministro
Para cuando se produjo esa comparecencia del jefe del Ejecutivo, la Operación Kitchen ya estaba en marcha —el juez fija su inicio el 11 de julio, cuando comenzaron los movimientos para captar como confidente al chófer de Bárcenas—. Pero, según el relato que ofreció Martínez el lunes, es en agosto cuando le ordenan sus superiores dar el paso al frente. Según su versión, tras la declaración parlamentaria de Rajoy se produjo una reunión al más alto nivel —“a nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno”— y se plantea que hay que conseguir “todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales” de Bárcenas. Martínez aseguró que era para darle esos datos al juez.
Según dijo el ex número dos de Interior al juez García-Castellón, el ministro le aseguró primero que le iba a facilitar un contacto del CNI para que “coordinase” con este la puesta a disposición de los investigadores de todos los datos que pudiera tener el Centro Nacional de Inteligencia sobre el tema. Pero, tras el Consejo de ministros del día 2 de agosto, Martínez asevera que Fernández Díaz le comentó que contactase con el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, con quien ya solía tratar temas de inteligencia.
“Yo hablé con el CNI”, admitió Martínez al juez: “Pero este me dice que esa no es una cuestión que esté dentro de su actividad de inteligencia. Pero que, como ellos tienen obviamente acceso a muchísima información, que por supuesto si tuviesen acceso a una información directamente relacionada con dinero en el extranjero, testaferro, etcétera, de Bárcenas o de su entorno, la pondría por los conductos habituales a disposición de la policía”, relató el ex secretario de Estado al magistrado del caso Kitchen, según fuentes presentes en su declaración.
Con estas afirmaciones, Martínez trata de sacudirse las imputaciones que lo colocan en la cima de la toma de decisiones de Kitchen. El ex secretario de Estado niega que participase en una “operación clandestina, parapolicial o ilegal”. Y esgrime que esa conversación con el director del CNI evidencia que todo lo que él hizo se enmarcó dentro de un operativo “normal”: “Por el cual, los cuerpos [de seguridad] comparten información, con todas sus dificultades, con otros servicios y en concreto con el CNI
Los supuestos mensajes con Mariano Rajoy
El juez Manuel García-Castellón ha solicitado a la Policía Nacional que reclame a las compañías telefónicas el tráfico de mensajes que, según aseguró el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se intercambió con el presidente Mariano Rajoy sobre la Operación Kitchen. Según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia Europa Press, el magistrado ha tomado esta decisión después de que el antiguo policía afirmase que a través de cuatro móviles que le facilitó el Ministerio del Interior se cruzó SMS con el entonces jefe del Ejecutivo, que le respondía supuestamente a través de dos números. De ellos, Villarejo ya facilitó uno al juzgado. Pero, según dijo, no recuerda el segundo, por lo que pidió al magistrado que le permita acceder al contenido íntegro de sus agendas para poder identificarlo.
Hasta el pasado mayo, el comisario había negado que despachase con Rajoy sobre Kitchen. Pero hace dos meses cambió de versión y lo implicó durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.
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