Las negociaciones del Gobierno andaluz y el PSOE sobre los presupuestos, al borde de la ruptura

Tras las buenas palabras y la creación de unas expectativas acerca de un acuerdo inédito entre PP y PSOE sobre los Presupuestos de Andalucía para 2022, la situación este martes, 25 días después del primer encuentro entre el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha cambiado: la negociación no va a ningún lado y está rota. Solo una conversación al máximo nivel podría ya recomponerla.

El dirigente socialista ha lanzado un aviso para que antes del debate del estado de la comunidad, que comienza este miércoles, el Gobierno andaluz dé una respuesta a las propuestas presentadas por el PSOE al proyecto de ley de Presupuestos. Según Espadas, esto no es un ultimátum, “sino poner horas a las cosas”. La respuesta de la Junta ha sido inmediata: “Se va a quedar esperando”, ha dicho el vicepresidente de la Junta y coordinador regional de Ciudadanos, Juan Marín. “No aceptamos chantajes de nadie”, ha subrayado.

Como ocurre cada vez con más frecuencia, los partidos intentan acopiarse de argumentos para presentar al otro como responsable del fracaso de una negociación. El relato que intenta elaborar el PSOE es que al Gobierno regional “no le interesa” el acuerdo, no responde a sus propuestas y que el presidente de la Junta tiene actitudes “soberbias”. Una afirmación que Espadas ha rematado así: “Ahora el moderado soy yo”. También ha utilizado la primera persona a la hora de explicar que esperará “pacientemente” una respuesta a la que le ha puesto hora: “Yo aguanto”.

El argumento que el Ejecutivo de coalición pretende que cale es que el PSOE de Espadas va a decir no a un presupuesto para 2022 con partidas récord en sanidad, educación y políticas sociales porque desde “Madrid le están forzando” a hacerlo, ha dicho el consejero de la Presidencia, el popular Elías Bendodo. Este ha aludido a la “bicefalia” en el PSOE y a los “múltiples interlocutores socialistas”, después de que el secretario federal socialista de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, dijera el viernes pasado que los socialistas no apoyarán “ningún tipo de presupuestos si va a haber un solo despido” en la sanidad pública, lo que para él era “condición sine qua non”.

Estas declaraciones causaron sorpresa en el entorno de Espadas, que hasta entonces había sido más prudente, al limitarse a reconocer que la rescisión de contratos en la sanidad dificultaba el acuerdo. Sin embargo, este martes ha dejado atrás los titubeos y asumido como propia la declaración de Gómez de Celis. “Si hay despidos, no hay apuesta por la sanidad pública y el PSOE no va a estar en eso”, ha dicho, después de varias preguntas. “No voy a estar apoyando a un Gobierno que se quiere cargar la sanidad pública”, ha subrayado. Sí ha aclarado que la decisión no es de la dirección federal. De nuevo ha usado la primera persona: “La decisión la tomo yo”.

La Junta de Andalucía amplió la plantilla del personal sanitario en 20.000 personas, gracias a los fondos excepcionales que el Gobierno central destinó a todas las comunidades para luchar contra la pandemia. Esos contratos caducan el próximo 31 de octubre. Un total de 12.000 sanitarios (todos los médicos contratados y dos de cada tres enfermeras) seguirán en sus puestos, mientras se rescinden los de los 8.000 restantes (de los que 5.000 son analistas clínicos que hacían pruebas de covid que ya no se hacen), según datos del Gobierno autónomo. Otras comunidades también han decidido prescindir de parte del personal sanitario contratado durante la pandemia.

La fecha de duración de los contratos se conocía, pero en la propuesta que Espadas remitió al Gobierno no se hacía una petición explícita de que debían prorrogarse en su totalidad. El PSOE se ha sumado a las protestas convocadas por los sindicatos sanitarios en defensa de todos los puestos de trabajo, unas manifestaciones que preocupan al Gobierno andaluz, aunque no son comparables, por ahora, con las mareas sanitarias del último Gobierno socialista.

Los socialistas han basado sus peticiones en esta área en la necesidad de reforzar la presencialidad en la Atención Primaria (estiman que faltan entre 1.800 y 2.000 médicos) y en la equiparación salarial de los sanitarios andaluces con la media española en varias anualidades. La Consejería de Hacienda estima en 800 millones de euros el coste de esta medida.

Aunque ninguna de las partes dice que da por rota la negociación presupuestaria, lo cierto es que desde el primer día en que se reunieron los técnicos de la Consejería de Hacienda y una delegación socialista no ha habido avances. Espadas comunicó que si no hay acuerdo, el grupo socialista planteará una enmienda a la totalidad.

El Gobierno andaluz niega que la duración de la legislatura (el último día para convocar elecciones es el 27 de noviembre de 2022) esté condicionada porque haya o no presupuestos, aunque es evidente que toda la maquinaria del Ejecutivo y del PP andaluz, que celebrará su congreso regional el 20 y el 21 de noviembre, está programada para cerrar calendarios con vistas a unas elecciones bastante antes de final de año.

Este mensaje iba dirigido tanto al PSOE como a Vox. La ultraderecha apoyó los últimos Presupuestos aprobados por el Gobierno de coalición de PP y Cs, pese a amagar hasta el último minuto con la ruptura. El partido de Santiago Abascal apuesta desde hace meses por la convocatoria anticipada de elecciones y asegura que no estará en la foto final.