El Supremo pide al Parlamento una solución “inmediata” a la “situación insostenible” del tribunal, con casi un tercio de su plantilla vacante

El Tribunal Supremo vuelve a elevar la voz ante el colapso que sufre el tribunal por el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato venció en diciembre de 2018. La Sala de Gobierno ha acordado este miércoles por unanimidad insistir al Consejo para que inste al Congreso y al Senado a encontrar el “remedio inmediato” de la “situación insostenible” en la que se encuentra el tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de magistrados. Actualmente hay 19 plazas sin cubrir en una plantilla de 79 (un 24%), pero en los próximos meses se llegará a 24 vacantes (un 30,37%). Las plazas no se cubren porque el CGPJ tiene prohibido por ley, desde hace año y medio, realizar nombramientos de jueces mientras siga con el mandato caducado.

Los magistrados de la Sala de Gobierno del Supremo —de la que forman parte los presidentes de las cinco salas del tribunal y otros cuatro jueces elegidos por sus compañeros— han adoptado este acuerdo tras hacer suyo un informe del director del gabinete técnico, solicitado por el CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las salas del Supremo derivado de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del órgano de gobierno de los jueces. La estimación del alto tribunal es que en 2023, solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en el ámbito Contencioso y 660 en la sala de lo Social), “con el grave perjuicio” que esto supone para los ciudadanos y con el grave retraso que implica en otras miles de resoluciones que abocarían al “colapso” de ambas salas, según el órgano.

No es la primera vez que la Sala de Gobierno del Supremo apela al Parlamento para que acabe con la interinidad del CGPJ, ya que la ley encomienda la renovación al Congreso y el Senado. Ambas Cámaras pusieron en marcha el proceso en 2018, antes de que expirara el mandato de Carlos Lesmes, pero las desavenencias entre PSOE y PP (cuyo acuerdo es imprescindible para obtener la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a los nuevos vocales) y, en los últimos tiempos, la resistencia expresa del PP a sentarse a negociar, mantienen bloqueado el órgano.

Como en anteriores ocasiones, el alto tribunal detalla la precaria situación en la que se encuentra, una situación que considera “crítica” en el caso de la Sala IV (de lo Social), con cinco vacantes en una plantilla de 13 jueces; y la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo), con 10 vacantes en una plantilla de 33. Para paliarlo, la cúpula del tribunal reclama que se le dote de 15 plazas de letrado del gabinete técnico: ocho para la Sala III y siete para la IV.

El Supremo es el tribunal más perjudicado por el veto legal a que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales estando en funciones. El Gobierno incorporó esa prohibición en marzo de 2021 en la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante una reforma cuyo objetivo era mermar las funciones del actual Consejo como forma de presión al PP para que se sentara a negociar su renovación. Pero los populares, primero con Pablo Casado en la presidencia y luego con Alberto Núñez Feijóo, han ido encadenando excusas para impedir la renovación.

En su acuerdo de este miércoles, el Supremo exige que el Parlamento establezca un “remedio inmediato” para esta situación y promueva “cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore”. El informe recuerda que el Supremo debe contar por ley con un presidente y 79 magistrados, pero actualmente se encuentra sin presidente titular (tras la dimisión, en octubre pasado, de Carlos Lesmes) y con un total de 19 vacantes de magistrados: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el tribunal ha de desarrollar su tarea con sólo tres cuartos de la plantilla legalmente prevista. En los próximos meses se jubilarán otros cinco magistrados (uno en la Sala Civil, uno en la Penal, uno en la de lo Contencioso, uno en la Social y otro en la Militar), es decir, habrá 24 vacantes de 79 plazas, lo que supone un 30,37% de puestos sin cubrir. Además, están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de presidentes de las salas III y IV.

Respecto a las peticiones de magistrados para el gabinete técnico, el informe subraya que apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar, bajo la supervisión de los ponentes, los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada. El informe recuerda que el Supremo “no es en ningún caso causante, sino víctima directa” de la situación, lo que obliga a articular algún sistema que permita “superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos”. En cuanto a la Sala I (de lo Civil), con dos vacantes de una plantilla de diez magistrados, a las que se sumará otra más en marzo, el informe plantea la absoluta necesidad de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes (cuatro letrados en gabinete técnico y cinco letrados coordinadores en fase de decisión).