Transportes responde al juez que la expedición al ‘Villa de Pitanxo’ la gestiona un órgano que no se encuentra a las órdenes del Gobierno

El Ministerio de Transportes no ha perdido el tiempo tras la polémica por la salida sin autorización judicial de la expedición que tratará de llegar hasta los restos del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió el 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de las costas de Terranova (Canadá) —un naufragio que dejó 21 víctimas: 9 marineros muertos y 12 desaparecidos—. Este martes, menos de 24 horas después de que el magistrado Ismael Moreno exigiera explicaciones al Gobierno por la partida del equipo de expertos a bordo del buque Artabro, Transportes remitió un escrito al juez de la Audiencia Nacional para detallarle que toda esa operación la gestiona directamente la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), un órgano “independiente” que no funciona bajo sus órdenes, pese a estar adscrito al ministerio.

A lo largo de ese escrito, de cinco páginas y al que tuvo acceso EL PAÍS, Transportes recalca que no puede facilitar al juez los datos requeridos “en relación con la partida del buque o demás aspectos relacionados” con la expedición. “Únicamente la Ciaim está capacitada para dar tal información”, afirma el documento del departamento encabezado por la ministra socialista Raquel Sánchez. En este sentido, el ministerio abunda en que la Comisión Permanente es “un órgano colegiado que goza de plena autonomía funcional” y a la que, con base en la legislación vigente, corresponden “todas las decisiones correspondientes a la investigación técnica de los accidentes e incidentes marítimos, sin que el ministerio pueda darle instrucciones al respecto”.

El juez Moreno, que investiga las causas del naufragio, reprochó el lunes a Transportes que el Artabro zarpase del puerto de Vigo (Pontevedra) el pasado 17 de mayo “sin expresa autorización” de su juzgado y sin haber “dado cumplimiento” a las “reiteradas” órdenes que transmitió. La Audiencia ya había advertido con anterioridad que, una vez se supiese la compañía adjudicataria de la expedición, le correspondía al magistrado concertar las fechas de la operación, así como “la forma”. Sin embargo, el buque partió sin el visto bueno del juez —al que se avisó de la marcha solo unas horas antes— y con solo uno de los dos peritos designados por el instructor para elaborar un informe.

Por ello, Moreno pidió explicaciones “urgentes” al subdirector general de Administración y Gestión Financiera del ministerio, que le remitió rápidamente este escrito de cinco páginas de respuesta; y también al máximo responsable de la Ciaim, presidida por Jesús Panadero Pastrana. EL PAÍS ha contactado con la Comisión Permanente para conocer su versión sobre lo ocurrido y quién dio la orden de que saliera la expedición, pero a última hora de la tarde de este martes aún no había respondido a las preguntas de este periódico y guardaba silencio.

En sus explicaciones, el ministerio insiste en que su intervención en el proyecto de localización y bajada al Villa de Pitanxo fue solo administrativa para facilitar los recursos económicos a la Ciaim, pero todas las decisiones sobre la contratación y expedición le correspondieron a dicho órgano. “Es responsabilidad de la Ciaim la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas del contrato, la evaluación técnicas de las ofertas recibidas, y especialmente, la ejecución del contrato”, afirma en el escrito enviado al juez. Es más, dicho documento recalca que Transportes intervino porque la Comisión Permanente “carece de personalidad jurídica propia” y, por tanto, “no puede ser órgano de contratación de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre contratación del sector público”.

En esta línea, el ministerio insiste en que la Ciaim se encuentra “adscrita orgánicamente a Transportes” debido a esa misma razón (carecer de personalidad jurídica), pero desarrolla sus trabajos con absoluta autonomía. Sin seguir las indicaciones del departamento dirigido por Raquel Sánchez. “De acuerdo con el Derecho comunitario y con las normas internacionales sobre la materia, los organismos de investigación de accidentes deben ser independientes de cualquier agente que pueda ser objeto de investigación, lo que incluye a centros directivos y organismos del ministerio”, afirma la respuesta enviada a la Audiencia Nacional, que remacha: “Estando prohibido legalmente que las autoridades administrativas en materia marítima o portuaria (el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) pueda darle cualquier instrucción al respecto”.

El magistrado instructor Moreno mantiene imputado al patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Las familias de las víctimas denunciaron la pasada semana la salida de la expedición sin autorización del juez, ya que temen que las defensas “puedan cuestionar los resultados” durante el proceso. “Nosotros, más que nadie, queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie ponga en cuestión la validez de esta prueba”, afirmó la portavoz del colectivo, María José de Pazo.