El bloque conservador del Poder Judicial pretende forzar un pleno extraordinario para pronunciarse contra la amnistía

La mayoría del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está a punto de cumplir cinco años caducado, pretende que el pleno del órgano se pronuncie duramente contra la amnistía que preparan el PSOE y sus socios parlamentarios a los encausados del procés. Ocho de los 10 vocales propuestos por el PP que integran este sector han anunciado al presidente suplente, Vicente Guilarte, que este jueves registrarán una solicitud de pleno extraordinario en el que proponen que se vote una declaración institucional crítica con la medida de gracia que, afirman, “supone degradar y convertir” el Estado de derecho “en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España”. “El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”, recoge el texto.

El núcleo duro del ala conservadora del CGPJ llevaba semanas gestando un pronunciamiento contra la amnistía, pero estaba a la espera de ver en qué se concretaba la iniciativa y si el PSOE, finalmente, la abanderaba. Los vocales de este sector consideran que ya, una vez que el presidente del Gobierno se mostró este fin de semana abiertamente partidario de promover la medida de gracia y horas después del acuerdo anunciado entre el PSOE y ERC que contempla esta medida, ha llegado el momento de salir al ataque desde el CGPJ, y no van a esperar ni siquiera a que los grupos registren la proposición de ley en el Congreso. La petición de pleno extraordinario está suscrita por ocho vocales, lo que implica que el presidente suplente tendrá que convocarlo forzosamente (tiene que hacerlo si lo piden cinco).

La decisión del PSOE de tramitar la amnistía como una proposición de ley y no como un proyecto del Gobierno acelera los trámites y evita, entre otros pasos, que el CGPJ emita un informe (no vinculante) sobre la medida, por lo que la declaración que plantean ahora los vocales conservadores sirve al órgano para expresar su opinión y hacerlo en unos términos mucho más políticos que técnicos. Los firmantes son ocho de los 10 consejeros propuestos por el PP que quedan en el órgano (tras la dimisión de Carlos Lesmes y la jubilación de Rafael Fernández Valverde): Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona. Solo se quedan fuera el presidente suplente y Wenceslao Olea, los dos vocales de este bloque que suelen ir más por libre. La postura que adopten estos dos consejeros va a determinar si la declaración institucional contraria a la amnistía sale adelante.

Rechazo del bloque progresista

Fuentes del bloque progresista han expresado su rechazo tanto a la petición de pleno extraordinario como al texto de declaración institucional propuesta. “Lo hemos discutido muchas veces ya. Cuando no se nos pide nuestra opinión, no hay que darla, y mucho menos en esos términos”, señala un vocal de este sector. Otro consejero de este bloque considera que, si se convoca el pleno, el presidente podría incurrir en una “conducta contraria a derecho” porque el objetivo de la petición no guarda relación con competencias del CGPJ y supone “interferir en un acto parlamentario y constitucional como es un debate de investidura”. Un tercer vocal de este sector señala que espera que no se apruebe lo que considera “un panfleto grosero con frases textuales que ha dicho Feijóo”. “Por eso no quieren renovar el CGPJ, porque tienen una trinchera para atacar al Gobierno que utilizan cuando les conviene”, añade este vocal, que recuerda que “aunque es insólito que se pronuncie el CGPJ sobre cosas que ni siquiera se están tramitando, no es la primera vez que lo intentan”.

Los vocales que firman el escrito sostienen que la amnistía “violenta la independencia de los tribunales” y centran su crítica en el vínculo directo entre esta medida y la investidura de Pedro Sánchez. “Confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya, es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hacerlo, exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora”, señalan los vocales.

“No es compatible con el Estado de derecho”

Los vocales afirman que “cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada”, y no se detienen a analizar si una amnistía, de forma general, cabe en la Constitución porque consideran que, “lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el Presidente del Gobierno en funciones”. Los consejeros sostienen que la medida de gracia “no es compatible con el principio de Estado de derecho” proclamado por el artículo 1 de la Constitución, “y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3″.

Para estos vocales, la amnistía “supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos, lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución”. Por último, los consejeros que firman el escrito consideran que “lo que se violenta” con la medida de gracia anunciada “no solo es la Constitución”, sino también “los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial”. “El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios, debiera estar muy presente en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el ‘interés de España”, afirman estos vocales.