La Audiencia Nacional decidirá sobre el caso del sudanés que pidió asilo en la Embajada de España en Rabat

Un año después de haber solicitado protección internacional, paso previo a la petición de asilo, en la Embajada de España en Rabat, los abogados del sudanés Basir (nombre figurado por razones de seguridad) han instado a la Audiencia Nacional su traslado urgente a territorio español ante el silencio y la inactividad del Gobierno. Este refugiado, que ha puesto a prueba el derecho de asilo en España por la vía legal inédita de solicitarlo en una representación diplomática, irrumpió irregularmente en Melilla durante el asalto a la valla del 24 de junio de 2022, en el que participaron más de 1.700 subsaharianos, antes de ser devuelto por la fuerza a territorio marroquí.

Los letrados especializados en la defensa de los derechos humanos Arsenio G. Cores y Adilia de las Mercedes, que asesoran gratuitamente al refugiado sudanés, presentaron la semana pasada una medida cautelar ante la Sección Segunda de la Sala de los Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para instar su traslado urgente a España. Los abogados alegan que Basir se encuentra perseguido en Sudán por motivos religiosos y ha sufrido torturas en Marruecos, donde corre “riesgo grave y real” después del trato inhumano y degradante que recibió en la valla de Melilla en 2022 y por el acoso que sufren los refugiados subsaharianos en el país magrebí. Ante el mismo tribunal ya fue recurrida en septiembre la ausencia de respuesta por parte de la Embajada de España en Rabat a la solicitud presentada al amparo del artículo 38 de la Ley de Asilo.

El Gobierno ha defendido en diferentes foros que la fórmula prevista en ese precepto —la petición presentada en una embajada— era la deseable para entrar de forma legal a España frente al recurso a saltar una valla. La Administración, sin embargo, gestiona las peticiones de protección en delegaciones diplomáticas en el extranjero de forma restrictiva y discrecional. Desde que Basir fue entrevistado el pasado mes de marzo por dos funcionarias de la Embajada de España en Rabat, sus abogados no han recibido ninguna comunicación. Las fuentes consultadas de la legación en capital marroquí dijeron el viernes que desconocían el estado de tramitación del expediente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores precisaron que no se podía facilitar información dada la confidencialidad de este tipo de casos.

Contactado en una ciudad marroquí (que declina precisar por razones de seguridad) donde sigue a la espera de que se resuelva su solicitud, Basir asegura en un intercambio de mensajes de texto que resulta “muy difícil y frustrante esperar en un país como Marruecos, donde te sientes inseguro todo el tiempo”. El refugiado sudanés denuncia el clima de racismo en el que vive. “En el último año nada ha cambiado, la vida ha sido muy difícil, sin trabajo ni atención médica, y en la calle”, recuerda Basir, quien reconoce que llegó a plantearse trasladarse a Túnez para abordar una patera en dirección a las costas de Italia. “Pero decidí esperar y seguir el procedimiento, de acuerdo con mis abogados, porque creo que tengo derecho a ser trasladado a España de forma legal”, concluye, después de haber entrado en Melilla en junio de 2022 y ser devuelto a Marruecos en caliente junto con otras 470 personas. El Defensor del Pueblo mantiene que las expulsiones fueron ilegales.

En el asalto al puesto fronterizo del Barrio Chino de la ciudad autónoma murieron 37 subsaharianos y otros 76 siguen dados por desaparecidos, según investigaciones extraoficiales de ONG. Rabat sigue sin actualizar el número de muertos, que fijó en 23, a pesar de las denuncias de decenas de familias que no volvieron a saber de sus seres queridos después de aquel 24 de junio. El suceso, que se recordará por la brutalidad ejercida por los agentes marroquíes que apalearon a los participantes del salto y dejaron amontonados a los heridos durante horas, ha quedado registrado como uno de los más trágicos en una frontera terrestre europea, pero ni Marruecos ni España han asumido responsabilidades por las muertes.

Carta a Pedro Sánchez

Basir llevaba una década huyendo de la muerte en Sudán y casi un lustro de éxodo por los desiertos norteafricanos hasta llegar a Marruecos en julio de 2021 en su ruta de escape hacia Europa. “Yo estuve allí. El 24 de junio de 2022 atravesé la frontera, entré en Melilla. Los guardias me devolvieron a Marruecos, pero tengo derecho a solicitar asilo en España”, aseguraba hace seis meses a EL PAÍS, cuando dirigió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Seguiré luchando por mis derechos hasta donde mis agotadas fuerzas me lo permitan (...) el cansancio cada día es más insoportable”, escribió entonces.

Basir es cristiano. Fue dado por muerto hace un decenio, cuando apenas contaba con 15 años, junto a los cadáveres de su padre y su hermano, en la conflictiva región de Kordofán del Sur. “Vivo con otros sudaneses, con gente que habla mi misma lengua. Dormimos donde podemos. En la calle, casi siempre. A veces en un edificio abandonado. Cambiamos cada poco”, relataba su situación en Marruecos.

“Fui expulsado desde suelo español cuando lo único que quería era pedir asilo. Por suerte estoy vivo”, detalló en su carta a Sánchez. “Voy a esperar lo que haga falta. Confío en que el Gobierno español lo entienda. No tengo ninguna posibilidad de volver a mi país. Yo no he elegido ser la persona que soy hoy: un refugiado víctima de discriminación religiosa”, explicaba entonces.

“Vivo con miedo y angustia, señor presidente”, concluía la carta al presidente español. “He visto en las noticias que España es un país que ha acogido a miles de ucranios que huían de la guerra, y me pregunto, ¿es mi color de piel lo que me impide recibir el mismo trato?”.