Tres jueces piden a Interior medidas urgentes ante el hacinamiento de migrantes en el aeropuerto de Barajas

Los titulares de los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, con competencias en el control judicial de las Salas de Inadmitidos del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, han acordado requerir al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adopten “con carácter urgente” medidas que pongan fin al “hacinamiento” que sufren los 244 solicitantes de protección internacional ―entre ellos 19 menores― que permanecen retenidos en diferentes salas del aeródromo madrileño mientras se resuelve su situación legal. Los magistrados consideran que las condiciones en las que se encuentran, con algunos “durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad”, vulnera sus derechos. Interior ha anunciado que va a habilitar más espacio en el aeropuerto para la llegada de migrantes.

El acuerdo de los tres jueces se produce tras una queja formulada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la que denunciaba que el pasado verano se produjo un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional en el aeropuerto madrileño, lo que, agravado por los retrasos en la formalización de las peticiones, provocó una sobreocupación de las salas destinadas a acoger a los peticionarios en la T-1, una de las dos terminales de llegada de vuelos internacionales. Ello obligó a derivar a parte de los solicitantes a la sala de inadmitidos (donde permanecen los extranjeros a los que se niega la entrada hasta que hay una plaza de avión para devolverlos a su lugar de origen) de la misma terminal, y a la de la T-4, así como a la sala para solicitantes de asilo de esta última. Sin embargo, esta medida ha sido insuficiente ya que los 244 solicitantes de asilo superan con creces las 156 plazas disponibles, “con el consiguiente deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida”, recoge la resolución judicial.

Los jueces detallan que, tras la queja de CEAR, acudieron a las instalaciones aeroportuarias a realizar una visita en la que constataron “el estado de hacinamiento existente en las Terminales T-1 y T-4 y el uso indebido de la Sala de Inadmitidos del aeropuerto para dar acogida al exceso de solicitantes de asilo que en estos momentos se encuentra en dichas terminales”. “La situación se está viendo agravada por el retraso que se está produciendo en la tramitación de las solicitudes de asilo”, añaden. Un informe de la Policía posterior a la visita de los jueces, en la que detallaba el número de plazas y de migrantes retenidos en las instalaciones, confirmaba la situación. Por ello, los magistrados, que tildan la situación generada de “insostenible”, requieren a Interior que adopte “las medidas necesarias para solventar de forma eficaz la situación generada” ante la necesidad de “proteger sus derechos básicos en las circunstancias en las que se encuentran, tratándose en algunos casos de familias y menores edad”.

En el informe posterior a la visita, la Policía aseguró a los magistrados que estaba haciendo gestiones con Aena, gestor de las instalaciones aeroportuarias, y la Oficina de Asilo y Refugio, entre otros, “para solventar a la mayor brevedad posible la situación generada”. Este viernes, un portavoz del ministerio ha anunciado que se habilitarán, de forma provisional, nuevos espacios en el aeródromo para acoger a estos migrantes. Aena ha detallado a este diario que “ha prestado a la Policía Nacional otra sala para asilados en la T-2″, otra de las terminales del aeropuerto.

Interior achaca la situación al “repunte de migrantes solicitantes de asilo que se ha registrado en los últimos meses” y que ha desbordado las instalaciones destinadas a ellos. Interior ha detallado a los jueces que, solo entre agosto y noviembre, llegaron al aeropuerto madrileño 1.357 solicitantes de asilo frente a los 767 peticionarios de todo 2022. Fuentes del ministerio detallan que esto se ha producido por la gran cantidad de pasajeros que han solicitado la protección internacional, sobre todo con pasaporte de Kenia.

Un informe interno de la agencia europea de fronteras (Frontex) ya reveló el pasado verano que en los primeros ocho meses del año —y con especial incidencia desde el mes de abril— se había producido un inusual número de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid, sobre todo de ciudadanos con pasaporte de ese país africano, de los que hasta entonces habían llegado 400. El documento ponía el foco en que, aunque la documentación que estas migrantes portaban parecía válida, todo apuntaba a que, en realidad, eran originarios de Somalia, un Estado fallido azotado por la violencia y el hambre, y, por tanto, candidatos a recibir protección internacional. El supuesto engaño pretende burlar la imposibilidad material que los nacionales de este país tienen para conseguir visados que les permitan viajar de forma normal a Europa.