El Gobierno rebaja las expectativas de Junts en la cesión de las competencias migratorias

El PSOE ha entregado a Junts, para sacar adelante la primera votación clave de la legislatura, un compromiso para delegar a través de una ley las competencias en materia de inmigración a la Generalitat, pero la demanda es compleja y poco clara. Junts asegura que pretende que la Generalitat pueda expulsar a inmigrantes reincidentes, controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. Pero el Gobierno, sin negar tajantemente esos extremos para evitar un conflicto con un socio clave, rebaja las expectativas en público y en privado sobre esa posibilidad.

Lo único que se ha pactado entre el PSOE y Junts, de momento, es hacer una ley orgánica, que tendrá que ser pactada con todos los grupos de la mayoría para llegar a 176 votos y llevará meses de negociación, en la que se sustanciará la “delegación íntegra de las competencias y recursos en inmigración” a través de la vía que abre el artículo 150.2 de la Constitución. El 149 dice que la inmigración es competencia exclusiva de la Administración central, pero el 150.2 permite delegar casi cualquier competencia a través de una ley.

El acuerdo solo dice eso, y en la negociación, según fuentes socialistas, no se habló de expulsión ni de fronteras ni de permisos de residencia, se dejó todo a la discusión posterior sobre la ley. Cuando le preguntaron directamente en La Sexta a una de las negociadoras, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, si van a permitir a Cataluña que expulse a inmigrantes, ella evitó un no rotundo, pero redujo las expectativas: “Es aventurado trasladar ninguna cuestión porque nos faltan largos meses de discusión, no solo con Junts, sino con el resto de los grupos”, sentenció. Al ser preguntada en directo por si otras comunidades podrían demandar lo mismo, la vicepresidenta ha respondido: “Nadie lo ha pedido”.

De las palabras de Montero y de las conversaciones con fuentes gubernamentales puede deducirse que lo único seguro a día de hoy es que se redactará una nueva ley sin que nadie tenga claro su contenido. Preguntados, los ministerios de Interior y Migraciones, los que más competencias migratorias concentran, se han remitido a las palabras de Bolaños y Montero. “El anuncio ha pillado a muchos por sorpresa”, mantiene una fuente ministerial.

Mientras el PSOE apostaba por la contención, los representantes de Junts dedicaron la mañana del jueves a perfilar sus aspiraciones migratorias en declaraciones que han sembrado aún más dudas sobre su viabilidad. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha dicho que quieren para la Generalitat, gobernada ahora por ERC, la autoridad para expulsar a inmigrantes que reincidan en múltiples delitos. También quieren influir en los flujos migratorios. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, añadió además que el acuerdo debe incluir la gestión de los permisos de residencia.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma con un mayor porcentaje de extranjeros, solo por detrás de Baleares. Son más de 1,4 millones personas que suponen un 18% del total de la población (en España la población extranjera supone un 13%). La comunidad marroquí es la más numerosa, seguida de la rumana y la italiana.

La competencia en inmigración es estatal, aunque los distintos estatutos de autonomía han ido abriendo vías con las que las comunidades participan, en mayor o menor medida, en la política migratoria. La mayoría de las autonomías han asumido medidas para la integración social y laboral de los inmigrantes en el marco de sus competencias, aunque algunas, como Cataluña y Andalucía, han ido más allá. Las dos gestionan la tramitación de autorizaciones iniciales de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio. Esto no quiere decir que apliquen criterios propios para otorgar los permisos, sino que se ocupan de su tramitación. Cataluña asume además la primera acogida de los extranjeros. No ofrece recursos donde vivir, una competencia estatal, pero sí asesoramiento, cursos de formación o de idiomas, una atribución bastante básica.

Las competencias sobre las autorizaciones de trabajo de Cataluña y Andalucía, fueron recurridas por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, ante el Tribunal Supremo en 2009. Pero, dos años después, el alto tribunal rechazó el recurso. También la sentencia del Tribunal Constitucional que analizó la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña avaló esa atribución porque consideró que se circunscribía al ámbito laboral y no condicionaba la competencia estatal en materia de entrada y residencia de extranjeros.

En el pacto con Junts se habla de “delegación integral de las competencias y recursos en inmigración”, pero el campo que se abre es desconocido, incluso para los que tienen que emplearse ahora en cristalizar el acuerdo en un papel. Cuando Bolaños y Montero despejan balones sobre el tema, no es porque no quieran responder, sino porque hay muchísimas dudas acerca de cómo se puede concretar el acuerdo, según fuentes de la Administración. “Se está estudiando qué tipo de competencias pueden delegarse. No está claro”, explican.

La aspiración de Junts de expulsar a inmigrantes que reincidan en múltiples delitos es una competencia del Ministerio del Interior que, además, solo se ejecuta en base a decisiones judiciales. No parece viable que la Generalitat pueda asumir su propia política de expulsiones, ni decidir sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ferran Camas, director de la cátedra de Inmigración de la Universidad de Girona, duda que las pretensiones de Junts tengan encaje constitucional. “La potestad de expulsar reside en el Estado, en las órdenes dictadas por las subdelegaciones de Gobierno y la policía y en las decisiones judiciales. Las comunidades autónomas no pueden decidir sobre un asunto que es propio del principio de soberanía estatal y que además puede afectar a libertades fundamentales de las personas”, explica.

Camas tampoco ve claro que la Generalitat pueda asumir la gestión de las autorizaciones de residencia, como ya hace con las de trabajo. “A diferencia de una autorización inicial de trabajo, que está limitada a un territorio concreto, un permiso de residencia da al extranjero la libertad para residir no solo en Cataluña, sino en todo el territorio, con los mismos derechos y deberes. ¿Las autorizaciones de residencia que conceda Cataluña servirán solo en Cataluña? Diría que no se puede conceder autorizaciones para una sola comunidad autónoma”. Fuentes de la Administración plantean que quizá pueda hablarse de dar a Cataluña “competencias ejecutivas” en las renovaciones de autorizaciones de trabajo y residencia, una función que depende ahora de las oficinas de Extranjería, pero nadie se atreve a afirmar que eso sea posible.

Nogueras se ha referido a que con el acuerdo se aspira a “gestionar los flujos migratorios”, aunque tampoco está claro cómo puede hacerlo cuando la libertad de movimiento por el territorio español está garantizada incluso para los inmigrantes en situación irregular. En el caso de solicitantes de asilo puede ser más viable. El estudio y concesión de las peticiones de protección internacional es y será competencia nacional, pero la acogida de quien llega a España pidiendo refugio, también en manos del Estado, tiene más margen de negociación. El caso del País Vasco puede ilustrarlo. Para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el PNV pactó con el PSOE una pequeña cesión en materia migratoria. En concreto, quiere el traspaso de la competencia y su correspondiente financiación de la última fase de acogida de los refugiados. En esta etapa, la llamada fase de autonomía, los solicitantes de asilo ya están reconocidos como refugiados y viven de forma más o menos independiente en viviendas y no en centros de acogida; trabajan y se preparan para una autonomía total. “Tiene todo el sentido que asumamos el conjunto de la gestión de una fase que va acompañada de un proceso de integración en el lugar donde los refugiados se asientan y en el que ya participa la comunidad autónoma”, explica el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta. Aunque pequeña, esta es una de las cesiones prioritarias reivindicadas por el PNV en su acuerdo y sigue en negociación. Precisamente este jueves, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al Gobierno “plasmar ya” ese compromiso. Junts, sin embargo, no ha dejado claro qué quiere ni por qué.

El partido de Carles Puigdemont lleva meses endureciendo el tono en materia migratoria. El pasado mes de diciembre, Junts puso énfasis en algunos altercados y conflictos de convivencia registrados en algunos municipios catalanes para agitar el discurso de la inseguridad ciudadana. Es su estrategia política para desgastar al Govern de ERC y competir por los votos de la derecha, como Vox y como Aliança Catalana en Ripoll, que han normalizado los discursos islamófobos.