Si el Congreso de los Diputados fuera una tarta dividida en ocho trozos, al Gobierno de coalición le corresponderían algo más de tres partes. La suma de los 121 escaños del PSOE y los 26 de Sumar, que en diciembre perdió los cinco puestos de Podemos, concentra el 42% del total de miembros de la Cámara baja. Cuadrar las cuentas parlamentarias ya era complicado tras la investidura de Pedro Sánchez, pero la ruptura del partido de Ione Belarra con Sumar colocó a La Moncloa aún más en el filo de la navaja para sacar iniciativas legislativas adelante. Una perversa ecuación que se constató el miércoles, durante el superpleno en el que uno de los tres decretos que el Gobierno pretendía convalidar decayó por el voto en contra de Podemos en el primer gran examen del nuevo curso político. Y tras un agónico proceso de negociación tanto con los de Belarra como con Junts, culminado a última hora y en los mismos pasillos del Senado.

“Bienvenidos a la nueva legislatura”, resumen fuentes de Podemos. La mayoría de socios que apoyó a Sánchez como presidente avisó el miércoles, desde la tribuna y en los corrillos de la Cámara alta —porque el hemiciclo está en obras—, de que el Congreso apretará las tuercas al Gobierno más que en ningún otro mandato considerando la distribución del arco parlamentario salido del 23-J. Unas advertencias que se han intensificado durante los días posteriores. “Todo hay que negociarlo. No se dan cuenta de que estamos en otra legislatura, que nada tiene que ver con la anterior”, subrayó este viernes en Radio Popular la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, que intervino durante el pleno, en el que su formación apoyó los tres decretos, que implicaban tanto la continuidad de las medidas anticrisis como la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

El anterior Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ya tuvo que hacer equilibrios con unas matemáticas muy ajustadas, pero entonces la suma de ambos grupos era de 120 más 33 (tras quedar el escaño de Alberto Rodríguez vacío y la marcha de Meri Pita al Grupo Mixto), un 43,84% del total de la Cámara baja. Además, los socialistas eran la primera fuerza —ahora el partido mayoritario es el PP— y el hemiciclo estaba más fragmentado. “Lo que vemos en España desde 2015, desde que entran los nuevos partidos, es que lograr una mayoría sólida que apoye al Gobierno es cada vez más difícil y el punto culminante lo estamos viendo en la presente legislatura”, sostiene la catedrática de Derecho Constitucional Ana M. Carmona. “No solo es que la mayoría sea exigua, sino que no hay cohesión ideológica interna”, añade la profesora de la Universidad de Sevilla, que pone el acento tanto en la mayoría absoluta aglutinada por Sánchez al lograr la confianza del Congreso, como en la necesaria para favorecer las iniciativas legislativas del Ejecutivo a futuro, ya sea también por mayoría absoluta o simple.

El primer gran tropiezo en la actividad legislativa del Gobierno se produjo menos de dos meses después de que Sánchez fuera investido, cuando Podemos tumbó el decreto que pretendía reformar el subsidio de desempleo e introducir nuevas medidas de conciliación. La formación de Belarra considera que el texto suponía un “recorte” en las ayudas para mayores de 52 años y rechazó una oferta de última hora del Ministerio de Trabajo de incorporar el cambio solicitado como enmienda mediante su tramitación como proyecto de ley. Los decretos han de ser convalidados por el Congreso por mayoría simple en el plazo de 30 días desde su aprobación en Consejo de Ministros. El rechazado en la sesión del miércoles no pasó el filtro por 167 síes frente a 176 noes y se convirtió así en el sexto decreto que decae en democracia, según el estudio elaborado por la letrada Mercedes Araújo y recogido en el manual Comentarios al Reglamento del Congreso de los Diputados de 2023.

La negativa de Podemos se produjo además 10 días después de que sus bases rechazasen concurrir en coalición con Sumar en Galicia, respondiendo al llamamiento del exlíder del partido, Pablo Iglesias, de actuar en esa línea. Las encuestas sitúan en estos momentos a los de Belarra con serias dificultades en las elecciones autonómicas del 18-F al Gobierno de la Xunta. Según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Podemos obtendría el 1,1% de los votos frente al 3,4% de Sumar, unos resultados que les dejarían fuera del Parlamento gallego. Ambos partidos se enfrentarán también por separado a los comicios europeos de junio, en los que la exministra de Igualdad Irene Montero será la candidata de Podemos, tras quedar vetada de las listas de Sumar del 23-J y del Ejecutivo de coalición.

Miembros de Sumar ven en el voto en contra de Podemos al decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo —dependiente de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz—, una venganza personal. Mientras que los dirigentes de Podemos han evitado durante la semana valorar la batalla abierta entre ambas formaciones. Y han centrado la defensa de su no en el “recorte” que, entienden, implicaba la norma. “El Partido Socialista ha conseguido algo que hacía mucho tiempo que deseaba, y es construir un Gobierno en el que ya solo manda el Partido Socialista”, expresó Belarra en TVE. “Y eso les ha llevado a pensar, de manera equivocada, que podían trasladar ese ‘que solo mande Sánchez’ también al Congreso y a la mayoría parlamentaria. El Gobierno se ha encontrado con que efectivamente necesita construir una mayoría que no tiene, es un Gobierno en minoría. En ese nudo nos encontramos en este momento”, abundó.

Los otros dos textos que sí fueron convalidados, el del paquete de medidas anticrisis y el decreto ómnibus, se aprobaron por una ajustadísima mayoría simple de 172 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria) frente a 171 en contra (PP, Vox y UPN). Eso sí, después de un frenético proceso de negociación, rematado in extremis, y que implica cesiones a varias bandas, las principales a Junts. La formación nacionalista no votó, pero su ausencia funcionó como una abstención tras un pacto sellado durante la misma mañana del debate con el PSOE. En el pleno también se aprobó la tramitación como proyecto de ley de ambos decretos para incorporar cambios propuestos por los partidos a posteriori, una práctica inusual, recuerda la catedrática Carmona. El Gobierno se abrió a tramitar los tres decretos como proyectos de ley el lunes, en medio un clima de tensión por no contar con los apoyos suficientes a menos de 48 horas del rocambolesco superpleno.

El camino de cesiones había arrancado ya el 26 de diciembre, un día antes de aprobar el Consejo de Ministros el decreto de medidas anticrisis. En esa jornada, EH Bildu acordó apoyar el texto a cambio de que el Gobierno incluyera prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2025 y extender la prohibición de cortes de suministros básicos. El proceso de negociación se complicó sin embargo después, con Junts y Podemos apretando hasta el final, y manteniendo en vilo al Gobierno con el agua al cuello hasta minutos antes de emitir sus votos. Con el partido de Belarra, que sí facilitó el decreto anticrisis pese a considerarlo “insuficiente”, el PSOE se comprometió a incorporar durante su tramitación como proyecto de ley, en el plazo de seis meses, una suspensión hasta 2028 de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias.

Respecto a Junts, los independentistas consiguieron el compromiso de la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que según la formación podía torpedear la aplicación de la amnistía), la promesa de la delegación de competencias de migración a la Generalitat y promover que las empresas que se fueron por el procés vuelvan a Cataluña. También la rebaja del IVA del aceite al 0% y la asunción por parte del Estado de las ayudas al transporte público, extensible al resto de comunidades autónomas.

Algunos socios censuran además el “uso excesivo” que, a su juicio, hace el Gobierno del decreto. El Tribunal Constitucional, basándose en lo dispuesto en la Ley Fundamental, avala los decretos leyes cuando aprecia necesidad urgente en las medidas adoptadas. El anterior Ejecutivo de Sánchez enfrentó tanto una pandemia como la erupción del volcán de La Palma. Y en el actual mandato la coalición de PSOE y Sumar sigue encarando las consecuencias económicas derivadas de la invasión de Rusia sobre Ucrania, como las que el decreto anticrisis ya convalidado pretende seguir acometiendo.

El problema añadido, y criticado por los socios —también por partidos de la oposición, como el PP—, es que los decretos incluyen una miscelánea de medidas sin conexión temática entre ellas, según sostienen. “Un Gobierno que no tiene mayoría absoluta no puede permitirse el lujo de legislar como si fuera mayoría absoluta”, incidió Néstor Rego. El diputado del BNG manifestó las mismas reservas que Podemos respecto a la reforma del subsidio para mayores de 52 años, pero votó a favor tras adquirir “un compromiso” del Ministerio de Trabajo de que la norma abordaría dicha modificación mediante enmienda como proyecto de ley. La catedrática Ana M. Carmona explica que la “mala prensa” del decreto ha llevado a su eliminación progresiva en otros ordenamientos jurídicos europeos. Y que el “uso excesivo” suele ser una constante en todos los mandatos. Países como España, Italia y Portugal siguen recogiendo este instrumento legislativo del Gobierno.

Ante esta coyuntura, el propio Ejecutivo ha asumido, tras el pleno, que habrá muchos menos decretos y más proyectos de ley de La Moncloa o proposiciones de los grupos, donde es más fácil negociar enmiendas, acordar con varios partidos y garantizarse con tiempo una votación sin agobios. Más aún tras la desconfianza mostrada en las conversaciones con Junts. Dirigentes de la formación independentista como Jordi Turull se regodearon después de haber exprimido a los socialistas. “El PSOE fue cediendo, cediendo y cediendo hasta el último minuto. Hicimos una valoración de lo que podíamos obtener y lo hicimos”, aseguró el jueves el secretario general en Catalunya Radio.

Lo que viene por delante

El Congreso tiene previsto celebrar otro pleno extraordinario en la próxima semana. Pero en esta ocasión sobre una propuesta de amplio respaldo parlamentario: la toma en consideración de la reforma constitucional para eliminar del artículo 49 de la Ley Fundamental el término “disminuidos”. Como punto de partida, PSOE y PP registraron conjuntamente la proposición de ley.

Cuestión distinta será la aprobación de lo Presupuestos Generales del Estado (PGE), esenciales para desarrollar la acción política del Gobierno, y prorrogados durante el presente ejercicio de 2024 por el parón provocado por la convocatoria del 23-J. El Ejecutivo prevé tener listo para finales de marzo o principios de abril el diseño de las nuevas Cuentas, después de que el miércoles se aprobara también en el pleno el techo de gasto, fundamental para su desarrollo. Una votación que recibió el sí de Junts y 179 escaños a favor.

El techo de gasto deberá pasar después el filtro del Senado, donde es previsible que el PP lo bloquee gracias a la mayoría absoluta que ostenta en la Cámara alta. Ante esta amenaza, el Ejecutivo ya ha anunciado un plan b, respaldado por un informe jurídico de la Abogacía del Estado: si los objetivos de estabilidad fueran rechazados dos veces, entrarían en vigor los que estaban contemplados en el Plan de Estabilidad enviado en abril a Bruselas, que son más duros para los ayuntamientos y las comunidades, 11 gobernadas por los populares. “No se puede estar más de un año con el Presupuesto prorrogado. Ahí se definen las líneas estratégicas del Gobierno. En las actuales circunstancias, va a tener que hilar muy fino”, subraya la catedrática Carmona.