El PP trata de diferenciar sus casos controvertidos de compra de mascarillas de los del ‘caso Koldo’

El PP ha lanzado una ofensiva sin cuartel contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), de quien exige su dimisión por un contrato del Gobierno de Baleares que ella presidía de compra de mascarillas a favor de la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, el entonces asesor principal del ministro José Luis Ábalos que supuestamente cobró comisiones ilegales por estas gestiones. Los populares insisten en que Armengol debe asumir responsabilidades políticas por un caso que presenta similitudes con otro episodio de corrupción en la venta de mascarillas en la pandemia que afectó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP) y, de forma más tangencial, con el que impactó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). El PP sostiene que las diferencias son “obvias y clarísimas” entre unos y otros casos, aunque el listón que aplica para juzgarlos es flexible para las administraciones populares y rígido para las del PSOE.

Los populares se han afanado en tratar de diferenciar el episodio en el Ayuntamiento de Madrid del que afecta al Gobierno de Baleares, aunque ambos presentan paralelismos (y también diferencias). En ambos casos, las administraciones compraron a dedo por recomendación de asesores y familiares. Baleares compró 1.400.000 mascarillas por 3,7 millones de euros (a 2,5 euros la unidad) a una empresa sin apenas actividad y sin experiencia en el sector, Soluciones de Gestión, recomendada por el exasesor de Ábalos. El Ayuntamiento de Madrid compró por su parte distinto material de protección a Luis Medina y Alberto Luceño, intermediarios sin experiencia en ese sector. Medina ofreció el material al Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde, José Luis Martínez Almeida, según la Fiscalía Anticorrupción, y acabó vendiéndolo por casi 16 millones de dólares que el Ayuntamiento tuvo que adelantar (a 6,5 euros la unidad de mascarilla, un sobrecoste mayor que el de Baleares).

El Gobierno de Armengol mandó analizar el material y descubrió en 2020 que las mascarillas no cumplían las condiciones de calidad que había requerido, pero no reclamó a la empresa la devolución del dinero hasta marzo de 2023. El Gobierno de Almeida no inició ningún expediente de reclamación a la empresa de Medina y Luceño tras recibir también mercancía de inferior calidad a la comprometida. El caso acabó en los tribunales con la Fiscalía Anticorrupción acusando de un delito de estafa al Ayuntamiento a los dos intermediarios, una causa en la que el Consistorio se ha personado.

Pese a esas similitudes, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, defendió este martes la actuación del Gobierno de Madrid mientras no dio tregua a Armengol. “En el caso del Ayuntamiento de Madrid, este actuó con diligencia en defensa de los intereses de la Administración. No así en el caso de las Islas baleares, donde la señora Armengol tiene que explicar todavía quién le llamó para pedirle que contratara mascarillas a la empresa que comisionaba el señor Koldo García y por qué aceptó”, incidió. “Y por qué cuando supo que las mascarillas eran defectuosas tardó más de dos años en reclamar y por qué solo lo hizo en el momento que sabía que abandonaba esa responsabilidad y cuando sabía que la investigación estaba en marcha. Creo que las diferencias son obvias y son clarísimas”.

Al igual que ha hecho Armengol, Almeida se declaró una víctima de la estafa de los dos empresarios que se lucraron durante la pandemia. La vicesecretaria popular Esther Muñoz echó balones fuera este lunes a la pregunta de por qué el Ayuntamiento de Madrid no reclamó los siete millones de euros que estafaron al Consistorio en mascarillas los empresarios Medina y Luceño, mientras cargó contra la presidenta del Congreso sobre la base de conjeturas. “Yo desconozco este asunto del Ayuntamiento y quien mejor puede responder es el alcalde de Madrid. Pero es que la presidenta Armengol es la tercera autoridad del Estado. Es que la información que estamos conociendo no es que ella fuera víctima de una estafa, es que ella conocía lo que pasaba con esas mascarillas y a pesar de eso cambió los pliegos para que los pagasen con fondos europeos y emitió un sello de calidad para que otras administraciones contratasen con la trama. Es que no tiene absolutamente nada que ver”, justificó Muñoz.

El episodio de Armengol también recuerda, en la música, al del hermano de Ayuso, quien cobró durante la pandemia una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas al Gobierno de la Comunidad de Madrid en una adjudicación a dedo a una empresa sin relación con el sector sanitario. El caso, no obstante, no tuvo recorrido judicial porque la Fiscalía no vio delito, si bien presenta problemas éticos. El portavoz popular, Miguel Tellado, también defendió este martes la actuación del Gobierno de Ayuso. “Sobre ese asunto han recaído dos sentencias firmes, dos autos judiciales, que archivaron esa investigación. Hoy lo que sabemos es que aquí hay un caso de corrupción clara reconocido por el propio PSOE en el momento que le han exigido la dimisión inmediata al señor Ábalos. Por lo tanto, creo que estamos ante circunstancias radicalmente distintas”.