El nuevo Poder Judicial votará el martes a su presidente entre siete magistrados del Supremo

El nuevo Consejo General del Poder Judicial pactado entre el PSOE y el PP, que ha tomado este jueves posesión de sus cargos y jurado ante el Rey, ha propuesto luego en su primera reunión a siete magistrados y magistradas del Tribunal Supremo como candidatos a presidir el órgano de gobierno de los jueces. Pilar Teso, Pablo Lucas, Carmen Lamela, Ángeles Huet, Ana Ferrer, Antonio del Moral y Esperanza Córdoba son los candidatos a presidir el organismo en una decisión que se votará el próximo martes, en la primera reunión que se celebra tras el acuerdo entre los dos principales partidos, alcanzado hace justo un mes y tras más de 2.000 días de bloqueo.

El nuevo Consejo tiene ahora entre tres y siete días para elegir a su presidente por una mayoría de tres quintos (al menos 12 de los 20 vocales) y esa figura tiene que salir forzosamente de entre los magistrados activos del Tribunal Supremo. La necesidad de lograr mayorías reforzadas obliga a un acuerdo entre los dos sectores, el impulsado por la sensibilidad progresista y el conservador. Los dos grandes partidos que suscribieron el pasado 25 de junio el pacto, PSOE y PP, han negado cualquier acuerdo de partida sobre el nombre del futuro presidente del Poder Judicial y del Supremo y han dejado esa decisión en manos de los 20 nuevos vocales.

Fuentes del nuevo Consejo insisten en que todo está por decidir hasta el martes. En esta primera selección de candidatos, los 10 vocales progresistas han coincidido en tres nombres (Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet) y entre los conservadores han sido mayoritarios los cuatro restantes (Pablo Lucas, Carmen Lamela, Antonio del Moral y Esperanza Córdoba). La ley establece que debe tratarse de un miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo que reúna las condiciones exigidas para ser presidente de Sala o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en su profesión.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha participado con el Rey y el presidente del Gobierno en la sesión de constitución del nuevo Consejo, ha remarcado más tarde ya en el Ministerio la importancia del día, “para la Justicia y para el país, por lo que supone de normalización en el funcionamiento de los tres poderes del Estado de Derecho: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bolaños ha aprovechado la ocasión para subrayar que en el reciente informe precisamente sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea sobre España se felicitó por el camino emprendido en ese acuerdo para renovar el Consejo, que llevaba cinco años y medio prorrogado por el veto del PP para no perder influencia en ese órgano. El ministro sí se permitió aconsejar ahora a los 20 vocales renovados que se pongan cuanto antes a “hablar y dialogar sobre un acuerdo de la figura de su presidente, como mandata la ley”.

Entre los siete candidatos propuestas hay cuatro magistrados de perfil progresista (tres mujeres y un hombre) y tres más conservadores (dos mujeres y un hombre). Una de las aspirantes que más suena en círculos del PP y del Gobierno para ese puesto de presidenta del Consejo del Poder Judicial, que compaginará por tanto la presidencia del Supremo, es Pilar Teso, que ya compitió en 2013 por ese cargo impulsada por el sector progresista frente al aspirante conservador que luego resultó elegido, Carlos Lesmes, y perdió por 16 votos frente a cuatro. Al final Lesmes dimitió y abandonó el cargo en 2022, harto de reclamar y exigir a PP y PSOE que afrontasen la renovación caducada del Consejo, que debió resolverse en 2018.

Pilar Teso ingresó en la carrera judicial en 1985 y es especialista de lo contencioso-administrativo desde 1989. En su trayectoria ocupó destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y la capital de España. Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en el Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres (1988-1989), en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997), en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008) antes de su nombramiento como magistrada del alto tribunal.

Otra de las opciones para esa responsabilidad podría ser Carmen Lamela, magistrada de la Sala Segunda, que ingresó en la carrera Judicial, por oposición, en 1986. Durante la etapa de Lamela en la Audiencia Nacional pudo participar en la causa sobre el procés independentista, fue la que ordenó el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y el arresto de los líderes separatistas que no huyeron de España en 2017.

Los 20 nuevos vocales del Consejo se han reunido después de jurar y prometer sus cargos en La Zarzuela ante el Rey y el resto de poderes del Estado.

Los candidatos

Pilar Teso

Pilar Teso (1960), magistrada especialista de la Sala Tercera del Supremo desde 2008, ingresó en la carrera judicial en 1985 y es especialista de lo contencioso-administrativo desde 1989. En su trayectoria ocupó destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y la capital de España. Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en el Juzgado de lo Social Número 2 de Cáceres (1988-1989), en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997), en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008) antes de su nombramiento como magistrada del alto tribunal.

Carmen Lamela

Magistrada de la Sala Segunda del Supremo desde septiembre de 2018, fue la instructora del caso del ‘procés’ en la Audiencia Nacional antes de que el asunto recayera en el Supremo. Se licenció en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas en 1984. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orihuela, y luego sirvió en los mixtos de Manzanares y Badalona, donde fue juez decana. En 1991 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Barcelona y dos años más tarde se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, donde permaneció hasta 1997, fecha en la que obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid. En 2014 fue destinada a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un año después se ocupó ahí del Juzgado Central de Instrucción número 3. Lamela fue durante dos años, entre 2009 y 2011, asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia.

También llevó la investigación por delitos de terrorismo de los guardias civiles y sus parejas agredidos en un bar de la localidad navarra de Alsasua y estuvo en el tribunal, con Ana Ferrer, otra de las magistradas del Supremo ahora candidata a presidir el Consejo, que revisó los recursos interpuestos por los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, contra la sentencia del caso de los ERE impuesta por la Audiencia de Sevilla que ahora ha sido revisada y corregida por el Tribunal Constitucional. Lamela rechazó esos recursos y Ferrer fue la que emitió un voto particular contra la posición de la mayoría que había confirmado las condenas.

Ana María Ferrer

Tiene 65 años y es magistrada de la Sala de Segunda del Tribunal Supremo desde 2014. Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo sus primeros destinos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Linares, Aranjuez y Leganés, para servir luego en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid. En 1996 obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, donde fue nombrada presidenta en 2008. Fue la primera mujer en convertirse en magistrada a la Sala Segunda del alto tribunal y es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.

Tanto Ferrer (progresista) como Del Moral (conservador) formaron parte del tribunal del 'procés'. Ferrer discrepó de sus otros cinco compañeros magistrados al suscribir un voto particular en el que concluía que el delito de malversación no debía quedar excluido de la amnistía, por lo que en teoría debería beneficiar también a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Pablo Lucas

Pablo Lucas es también magistrado de la sala de lo contencioso del Supremo y desde 2009 ostenta la responsabilidad de asumir el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En noviembre de 2023 se significó al anular el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, por entender que no reunía los requisitos profesionales para ese puesto, que luego ocupó la también exministra Carmen Calvo. A Lucas se le consideraba próximo al sector progresista pero ha sido propuesto ahora por los conservadores. En 2019 participó, junto a Pilar Teso, en el tribunal que avaló la exhumación de los restos del cadáver del dictador Francisco Franco del valle de Cuelgamuros.

Antonio del Moral

Nacido en 1959, es magistrado del Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia desde abril de 2012 y fue uno de los componentes del tribunal que juzgó el ‘procés’. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y fiscal por oposición desde 1983. Desempeñó esas funciones en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo. Ha sido profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012 y de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid.

Esperanza Córdoba

Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde febrero de 2020 y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1985. En 2014 fue nombrada jefa del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrada del alto tribunal. Ha sido propuesta por los conservadores.

Ángeles Huet

Magistrada de la Sala Tercera del Supremo desde febrero de 2020. Ingresó en la Carrera Judicial en 1983. En situación de servicios especiales, fue nombrada asesora responsable del Área de Justicia del Defensor de Pueblo (1984-1995), letrada del Tribunal Constitucional (1995-1996) y vocal del CGPJ (1996-2001). Ha sido propuesta por los progresistas.