El Supremo acelera la investigación sobre Ábalos

La suspensión de la inmunidad de José Luis Ábalos, acordada de forma unánime el 22 de enero por el Congreso de los Diputados, ha dado luz verde al Tribunal Supremo para investigar a quien fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. El instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, ha convocado para las próximas semanas una ronda de citaciones y declaraciones con las que pretende apuntalar indicios y esclarecer qué hay de cierto en las denuncias contra Ábalos y otros altos cargos del Gobierno lanzadas por el empresario Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes.

Koldo García, exasesor del ministro y también investigado, tendrá que acudir al Supremo el próximo martes para someterse a una prueba caligráfica con objeto de contrastar su letra con la que figura en una lista de supuestas obras públicas preadjudicadas que Aldama entregó en el alto tribunal. El propio Ábalos, que declaró ya en diciembre, está citado de nuevo para el jueves, ya con el estatus propio de investigado y con la posibilidad, advierte el juez, de que se le impongan medidas cautelares. A partir del 25 de febrero, el instructor ha convocado a un total de 17 testigos, entre ellos la expareja de Ábalos, el hijo del exministro, el hermano de Koldo y varios ex altos cargos de Transportes.

Estos son los citados más relevantes:

La expareja de Ábalos. La relación del exministro con Jessica Rodríguez G. forma parte de la investigación porque informes de la UCO revelaron que la trama pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid en el que ella vivió durante tres años. Lo instruido hasta ahora apunta a que de los 88.000 euros que costó el alquiler del inmueble, la mayor parte la asumió una empresa a nombre de Luis Alberto Escolano, socio de Aldama en la trama de hidrocarburos y otra sociedad a nombre de la esposa de este, mientras que de otra parte se hicieron cargo Koldo García, su hermano Joseba e incluso la hija de este, que en ese momento tenía un año. Durante su declaración en el Supremo como investigado, Koldo admitió que conocía a Jessica desde hace años y que pidió a Escolano ayuda para alquilar una vivienda para ella. Los investigadores también han puesto el foco en que Jessica R. estuvo contratada en dos empresas públicas dependientes del ministerio que dirigía Ábalos (Tragsa e Ineco).

El hijo del exministro. Entre los convocados a esta nueva ronda de interrogatorios, el juez ha puesto la lupa especialmente sobre Víctor Ábalos, hijo del exministro. Su nombre ya aparecía de refilón en los primeros informes de la UCO, que lo señalaba por haber intentado subarrendar a turistas el chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) que supuestamente compró la trama para el disfrute del político. Pero, realmente, el foco no se ha centrado en él hasta que, el pasado diciembre, Aldama afirmó en un escrito que tenía “constancia de que determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría [con Víctor Ábalos] para gestiones de obra adjudicadas en el extranjero, que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España”. De hecho, además de llamarle a declarar, el magistrado ha solicitado a la Guardia Civil que investigue si existen comunicaciones telefónicas entre el comisionista y el hijo del exdirigente socialista; y que confeccione un informe sobre su “situación económico patrimonial”, analizando sus “cuentas o depósitos bancarios”, “bienes inmuebles o vehículos” y su “eventual participación en entidades mercantiles como administrador, socio o partícipe”.

El hermano de Koldo García. Para tratar de cercar a Ábalos, la investigación lleva también hasta Joseba García, hermano de Koldo García, imputado en la parte de la causa que permanece en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil lo sitúa en el epicentro de la trama —incrementó sus ingresos en metálico y su patrimonio durante las adjudicaciones irregulares— y, además, señala que mantuvo contacto con el político. En esa línea, el sumario recoge un comprometedor episodio que evidencia la colaboración entre ellos: el 4 de noviembre de 2023, los agentes interceptaron a Joseba García cuando viajaba en una furgoneta con un sobre con documentación sobre los contratos bajo sospecha, que entregaría después al exministro.

No son los únicos indicios que vinculan a ambos. Durante la etapa de Ábalos como ministro, Joseba García fue contratado por Ineco, una empresa pública dependiente de Transportes. A su vez, las pesquisas indican que, desde la cuenta bancaria del hermano de Koldo García, se costeó una parte del alquiler de Jessica R. G., expareja del exdirigente socialista.

El ‘casero’ de Ábalos. Durante la primera fase del caso Koldo, Claudio Rivas pasó desapercibido. Pero la figura de este empresario, socio de Aldama en el sector de los hidrocarburos, brotó con una enorme fuerza tras la detención de los principales sospechosos en febrero de 2023, que permitió intervenirle los móviles y analizar sus comunicaciones. La UCO apuntó entonces que Rivas fue el casero del ex secretario de Organización del PSOE; ya que, por petición del comisionista, se encargó de adquirir el chalé en La Línea de la Concepción. Para ello, según el sumario, usó la empresa Have Got Time, que controlaba por la puerta de atrás. Ábalos niega cualquier vinculación con Rivas: “Nunca he tenido trato directo con él, ni directo ni a través de terceros. Mi relación contractual con la empresa Have Got Time, de la que Rivas ni siquiera ha sido socio, se limitó a un contrato de arrendamiento”.

La empresaria que dijo haber llevado dinero a Ferraz. Carmen Pano dirigía, junto a su hija Leonor González, también citada como testigo, la empresa Have Got Time. También es, según declaró Aldama ante el juez, la que le presentó a Rivas, propietario de la empresa Villafuel, con el que forjó el fraude millonario de los hidrocarburos. Pano saltó a los medios a finales de 2024 al asegurar que había entregado en nombre de Aldama dos bolsas de dinero a cambio de favores políticos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Sus declaraciones, incluidas en un artículo de la web The Objective, impulsaron al Partido Popular para presentar una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, una acusación que rechazó la Audiencia Nacional.

El director de Gabinete de Hacienda. El juez ha citado como testigo a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que Aldama lo señalara como uno de los altos cargos a los que, según él, pagó una comisión a cambio de favores. En el caso de Moreno, el empresario ha entregado al Supremo un mensaje en el que le pedía que mediara para que le concedieran el aplazamiento de la deuda fiscal de una de sus mercantiles, Pilot Real Estate. En su declaración ante el juez, el comisionista afirmó que le otorgaron dicho aplazamiento y él entregó 25.000 euros a este asesor del Gobierno por su intervención, algo que tanto Moreno como el Ejecutivo han negado tajantemente.

La secretaria de Ábalos, Pardo de Vera y otros altos cargos. Entre los citados se encuentran otras personas vinculadas a la etapa de Ábalos en Transportes. El juez quiere interrogar a Ana María Aranda, quien fuera su secretaria (le llevaba la agenda y le gestionaba los viajes). También a Isabel Pardo de Vera, que ejerció como presidenta de Adif durante su época de ministro y a quien señaló Aldama durante su declaración en el Supremo: “Tuvimos reuniones con ella justamente para empresas constructoras o de conservación que estábamos llevando y que, bueno, al señor [Koldo] García y al señor Ábalos les interesaba que fueran adjudicatarias”, aseguró el comisionista. Pardo de Vera, citada como testigo en la Audiencia Nacional, ya negó haber recibido instrucciones para que este ente público adjudicase contratos con la trama.

El listado de testigos incluye igualmente a Javier Herrero, nombrado director general de Carreteras por Ábalos en junio de 2018; y a Alejandro de las Alas-Pumariño, exoficial mayor del Ministerio de Transportes y, según la agencia Europa Press, la persona responsable del área encargada del control de las mascarillas adquiridas en pandemia.

El exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible. El instructor del Supremo ha citado también como testigo a Jesús Manuel Gómez García, que está imputado en la Audiencia Nacional porque, según la Fiscalía Anticorrupción, se han encontrado correos electrónicos en los que “parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores”. La Fiscalía considera que Gómez García, junto a otros altos cargos del Ministerio, ejerció “ciertas presiones” sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas “sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación” a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación. Durante su declaración en la Audiencia, el exsubsecretario aseguró que fue Ábalos quien le trasladó que se iba a efectuar esa compra, y que unas horas después, Koldo García, entonces asesor del ministro, le dejó en su despacho la oferta de Soluciones de Gestión.