El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Miñanco

El abogado Gonzalo Boye ha negado este lunes su implicación en una supuesta operación de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico vinculada a José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Durante su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo enjuicia desde noviembre pasado, el letrado ha defendido que “jamás” participó en una trama para recuperar 890.000 euros que la policía interceptó en 2017 a un supuesto “correo humano” de la organización liderada por el histórico narco gallego. “Cada vez que demuestro una cosa, me la cambian por otra”, ha afirmado Boye para desdeñar las imputaciones. Desde el estallido de la causa hace más de un lustro, el abogado —que ha representado, entre otros, a los expresidentes catalanes Quim Torra y Carles Puigdemont— ha reiterado su inocencia y ha asegurado que la acusación contra él se sostiene sobre el testimonio de dos sospechosos que cambiaron de versión para salir de prisión.

La Fiscalía Antidroga solicita casi diez años de cárcel para Boye por un delito de blanqueo y otro de falsificación de documentos. El ministerio público lo acusa dentro de la llamada Operación Mito, que se centra en la figura de Sito Miñanco, que también se sienta en el banquillo en este juicio y para quien se reclama más de 30 años de prisión.

Según esta investigación judicial, el histórico narco se encontraba en 2016 en régimen de semilibertad en Algeciras (Cádiz) y, pese a que de cara al público parecía que se había reinsertado (trabajaba en una empresa de aparcamientos), había vuelto a las andadas y seguía en el mundo del tráfico de drogas. En ese contexto, según Antidroga, Boye tenía a Miñanco en su cartera de clientes y “asesoró” a su supuesta organización para “confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio” con la idea de intentar recobrar la cantidad perdida (esos 890.000 euros que fueron interceptados por la Policía en 2017 en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas): “Boye presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico”, dice la Fiscalía.

Durante su declaración de este lunes, que se ha prolongado durante media hora, Boye ha negado esa tesis del ministerio público. Según ha afirmado el abogado, comenzó en 2015 a llevar asuntos del narco gallego, después de que la hija de Sito Miñanco fuese alumna suya. Sin embargo, según su versión, fue otra persona (Manuel Pedro González Rubio) quien acudió a su despacho después de que la Policía interceptase el dinero bajo sospecha en febrero de 2017. Ha explicado que González Rubio se presentó como el propietario de esos 890.000 euros, que llevaba a Colombia para “una inversión”. “Él me dijo que había hecho una operación financiera que consistía en la compraventa de letras y que ya traería la documentación”, ha recordado Boye, que ha contado que, entonces, González Rubio se hizo con sus servicios para que, de forma legal, le llevase su “defensa” sobre la recuperación de los fondos incautados.

La defensa de Boye mantiene que las acusaciones contra él son “infundadas” y que se limitó a temas de “asesoramiento legal (...) Sin involucrarse en actividades ilícitas”. Según alega, le contrataron para “una labor profesional propia de un abogado”, que consistió en “reclamar al Sepblac” (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) los 890.000 euros intervenidos a González Rubio. El abogado ha añadido este lunes que Miñanco no acudió a su despacho ese febrero, ni en los meses siguientes, para tratar este asunto: “Eso es falso”, ha arremetido contra la tesis de la acusación. “Cuando le incriminaron, ¿usted qué hace?”, le ha preguntado su abogado: “No me lo podía creer. Me parecía demencial, de locos”, ha insistido.

Al comenzar el juicio el pasado noviembre, Boye recibió el apoyo de Junts per Catalunya. El abogado llegó a la Audiencia Nacional escoltado por un nutrido grupo de dirigentes de la formación independentista: entre ellos, el propio Torra; Josep Rius, vicepresidente y portavoz de la formación secesionista; Jordi Turull, secretario general; Laura Borràs, expresidenta del partido y del Parlament; Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso; y el senador Eduard Pujol. “Este es un juicio político”, dijo Rius antes del comienzo de la vista.

Él se ha movido en esa misma línea. En un artículo publicado este lunes en la web Elnacional.cat, Boye escribe: “No voy a entrar en mi caso personal, perfectamente conocido y claro ejemplo de cómo el lawfare [guerra jurídica] no se limita a los líderes políticos, sino que también ataca a quienes los defienden. La estrategia de criminalización en mi contra busca no sólo dañarme y destruirme, sino enviar un mensaje a cualquier abogado que se atreva a enfrentarse al Estado: defender el independentismo tiene un precio”.