La futura Ley española del alquiler suaviza las exigencias de la catalana

La futura ley que regulará el alquiler en España, anunciada este martes por el Gobierno tras un pacto entre los socios (PSOE y Unidas Podemos) suaviza las exigencias de la norma de Cataluña, en vigor desde hace un año. La clave está en que si en la norma catalana la regulación afecta por igual a pequeños y grandes propietarios de viviendas de alquiler, la futura norma de ámbito español es más exigente con los propietarios de más de 10 pisos y que estén constituidos en empresas, que con los propietarios que son personas físicas.

El Ayuntamiento de Barcelona celebró el acuerdo, que la alcaldesa Ada Colau tachó de “histórico”. La Generalitat afirmó que estará atenta a que la futura norma no invada competencias autonómicas. Y el Sindicato de Inquilinos respondió que esperará unas horas a valorar el acuerdo.

En Cataluña (sin contar Barcelona), los pisos en alquiler cuyos propietarios tienen más de 10 viviendas arrendadas son minoría, el 20,6% del total del mercado de alquiler, según un estudio de 2020 del Observatorio Metropolitano de la Vivienda. En la ciudad de Barcelona el porcentaje de viviendas de propietarios de más de 10 asciende al 32,4%.

La norma catalana fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP y por el Gobierno, pero no fue suspendida. La futura ley de ámbito español daría paraguas al mercado en Cataluña en caso de que fuera finalmente suspendida.

A la hora de valorar la futura Ley española, la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, entró precisamente en cuestiones competenciales: advirtió por la tarde en el Parlament de que si la futura norma estatal “invade competencias” catalanas, el Govern la recurrirá también ante el Constitucional. Cervera no entró a valorar el detalle técnico de cómo la futura regulación quiere regular los precios.

Bajando al detalle, en Cataluña, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, aprobada en septiembre de 2020, obliga a los nuevos contratos a congelar la renta o bajarla si el precio que marca el índice oficial en cada zona es inferior al precio del último contrato. La norma se aplica a todas las viviendas de alquiler, sea quien sea su propietario.

La futura norma española, en cambio, distingue entre grandes propietarios (de más de 10 viviendas y que sean personas jurídicas), que deberán ajustarse al índice oficial de precios (lo que es previsible que comporte bajadas) y los pequeños, que tendrán bonificaciones fiscales si, voluntariamente, rebajan el precio. De entrada, sin embargo, congela el precio de todos los alquileres.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificó de “histórico el acuerdo” y recordó que en la ciudad el 40% de los vecinos vive de alquiler. La edil celebró que la futura norma distinga entre grandes y pequeños propietarios. “Planteamos que la regulación no fuera igual para pequeños que grandes propietarios, y tal y como está planteada beneficia a la mayoría social: ganan los inquilinos y los pequeños propietarios”, manifestó y añadió: “La ley distingue entre pequeños propietarios, y las grandes propiedades: fondos y empresas que han especulado y han logrado beneficios obscenos durante años a costa de ahogar la economía de las familias. Por fin se evitará que especulen sin control”.

En Cataluña, desde hace un año la ley que regula las rentas afecta a los 60 municipios más poblados, que suman 5 millones del total de 7,5 millones de habitantes. Pero transcurrido este tiempo, los municipios debían renovar su declaración de mercado tenso de vivienda para prorrogar la regulación cinco años más. Además de la práctica totalidad de los ya regulados, una veintena más ha pedido poder regular las rentas (hasta 77).

Desde la Generalitat, la consejera Cervera se preguntó si la nueva Ley tendrá algún impacto en la moratoria de desahucios (prorrogada hasta el 31 de octubre debido a la pandemia). Y también se interesó por cómo funcionarán las ayudas anunciadas: “Queremos saber si los 250 euros anunciados para jóvenes tendrán en cuenta las distintas realidades territoriales, no es lo mismo un piso Barcelona que en otros municipios”. Además, reclamó más recursos “estructurales” para aumentar el parque de vivienda pública en alquiler.