Avalancha de solicitudes del ‘bono joven’ del alquiler en Cataluña: 15.000 el primer día para 9.600 ayudas

Jóvenes que pidieron fiesta para poder estar ante el ordenador a las nueve de la mañana. Otros que llevaban todo el fin de semana recopilando documentación. Algunos, angustiados porque no podrían hacer la solicitud hasta volver del trabajo. La Generalitat recibió este miércoles una avalancha de solicitudes del bono joven del alquiler, la ayuda de 250 euros durante dos años habilitada por el Gobierno que gestionan las comunidades.

Solo entre las nueve de la mañana y primera hora de la tarde el área de Vivienda había registrado 15.000 solicitudes, una cifra que supera de largo las 9.600 ayudas a jóvenes inquilinos que el Departamento de Derechos Sociales calcula que podrá otorgar con los 29 millones de euros que corresponden a Cataluña. El bono se concederá por orden de petición, por lo que el secretario de Vivienda, Carles Sala, también califica el sistema de “injusto”. Pueden solicitar la ayuda los jóvenes de entre 18 y 35 años, para primera vivienda, con ingresos fijos de un máximo de 1.737 euros al mes y que paguen alquileres de entre 900 y 600 euros, en función del mercado de cada zona.

La consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, aclaró que habrá que validar las solicitudes. Pero, en cualquier caso, avisó de que hasta el día 17, cuando finalizará el plazo de presentación, se quedarán miles fuera. Y exigió ampliar el presupuesto. “Es una medida que el Estado consideró estrella y nosotros vimos insuficiente: está mal dimensionada y mal financiada”, criticó, y añadió: “Exigimos que se incremente la partida económica para no frustrar la expectativa de los jóvenes de tener la ayuda y poderse emancipar”.

Cervera también recordó que el Govern era partidario de que cada territorio pudiese adaptar las ayudas “a la realidad territorial: no es lo mismo el mercado inmobiliario en Barcelona que en el Pirineo o en las Terres de l’Ebre”. La consejera señaló que la partida para Cataluña del total de España era del 14,5%, cuando en la comunidad viven el 17% de los jóvenes de entre 18 y 35 años. Si a eso se suma que el alquiler en Cataluña alcanza el 25% del mercado inmobiliario, Cervera calculó que al Govern le correspondería administrar 50 millones.

El Sindicato de Inquilinos criticó la ayuda, pero de fondo. “En vez de regular el precio del alquiler, se transfiere dinero público a los bolsillos de los propietarios. Muchos jóvenes se pueden encontrar con un aumento correspondiente al importe de la ayuda. No necesitamos más políticas que tiran del mercado al alza”, lamentó Carme Arcarazo, portavoz de la organización. Al conocer la avalancha de solicitudes añadió: “El Estado no puede convertir la política en una lotería, su obligación es velar por el interés general”.

La ayuda llega, además, cuando el Tribunal Constitucional anuló los artículos clave de la ley catalana de contención de rentas recurridos por el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP, que entre octubre de 2020 y marzo de 2022 impidió aumentos del precio del alquiler.

Entre los que desde buena mañana se encontraban frente a la pantalla para solicitar el bono está Oriol A., de 31 años y del barrio de Horta de Barcelona. Trabaja de cocinero y pidió fiesta. A media mañana se frotaba los ojos de pensar que cuando no eran ni las nueve y cuarto, ya tenía la solicitud entrada. Pero criticaba el sistema, el hecho de que se adjudique por orden de solicitud y las montañas de documentación que tuvo que presentar. “Llevaba agobiado desde el fin de semana. Piden incluso la fecha de expedición del DNI del casero. Yo le llamé y de chiripa me cogió el teléfono, pero parece que esté pensado para que cometas algún fallo y no te lo den”, lamentaba. Otro ejemplo: “Si adjuntas PDF, en el nombre del documento no puede haber más símbolos que un guion bajo, y no puede haber dobles espacios. Menos mal que el martes también pedí fiesta para prepararlo todo”.

José A., también inquilino del barrio de Gràcia de la capital catalana, pidió la ayuda. Pasadas las cuatro de la tarde, con lo que probablemente quedará fuera. En su caso, son tres compartiendo piso: dos tienen 33 años y otro, 32. Los tres viven compartiendo desde que se emanciparon. Pagan 900 euros. Pero solo él tiene derecho a la ayuda: otro compañero tiene ingresos superiores al mínimo que fijan los requisitos; y el tercero no figura con su nombre en el contrato. “Falta voluntad política real para ayudar a los jóvenes en materia de vivienda: si admites que el alcance será limitado y no haces nada para que llegue a todo el mundo, vamos mal”, critica. “Y que encima tengas la presión de que solo conceden el bono a los primeros, es un disparate”, remacha.

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