ERC complica la recta final de los Presupuestos al mezclar la reforma del delito de sedición

El presidente catalán Pere Aragonès es un hombre poco dado a fijar ultimátums. De ahí que sorprendiera a muchos que, durante su discurso del pasado fin de año, se autoimpusiera la obligación de que la mesa de diálogo con el Gobierno comenzara “a dar frutos” en 2022. El fin del periodo de sesiones que debía contener esos frutos se acerca y, en los últimos días, diversas voces republicanas no han parado de insistir en que el Gobierno ha de “cumplir” sus compromisos. Esta semana ERC tiene que tomar una decisión clave: el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos acaba este viernes. Los republicanos están aumentando la presión y ahora aseguran públicamente que la aprobación de esas Cuentas depende de que se lleve adelante la reforma del delito de sedición. Desde el Gobierno señalan que siempre han estado abiertos a esa reforma, pero en ningún caso aceptarían que se condicione a los Presupuestos, y están convencidos de que ERC finalmente no lo hará. De hecho, fuentes del Ejecutivo señalan que los republicanos no lo están planteando así en la mesa de negociación. Si lo hiciera, el Gobierno no lo asumiría en ningún caso, señalan estas fuentes.

Si se quiere plantear un proyecto en serio y discutir un texto que no elimine el delito, como pedía ERC al principio, pero sí homologue las penas a otros países europeos -lo que implicaría reducirlas a la mitad y podría ayudar a algunos políticos independentistas fugados a volver a España sin riesgo a cumplir largas condenas- el Ejecutivo parece dispuesto a intercambiar papeles. Pero si es una exigencia para los Presupuestos, será inviable, señalan fuentes del Gobierno, porque en las negociaciones entre el Ejecutivo y ERC antes del verano quedó muy claro que para las Cuentas se negociarían cuestiones presupuestarias, como inversiones y demás asuntos clásicos. En el Ejecutivo dicen que siempre quedó muy claro que una cosa son los Presupuestos y otra la mesa de diálogo, y que mezclarlos no es lo que estaba pactado. No lo van a aceptar.

El portavoz republicano Gabriel Rufián, el pasado jueves en el Congreso, insistió en las condiciones para aprobar las cuentas. “Solo tiene que hacer tres cosas, cumplir con lo incumplido, mejorar lo prometido y fomentar un clima de confianza, es decir, que su palabra valgo algo. En Cataluña hoy hay siete personas aún exiliadas y perseguidas por el Supremo por un referéndum. ¿Creen que así se puede negociar algo? ¿De qué vale su palabra? No hagan esto por contentar al pueblo de Cataluña. Hagan esto por su democracia”, le dijo a Sánchez. “Sería un gran error, que ERC no va a cometer, aprobar los Presupuestos si en paralelo no se hace la reforma del Código Penal por la sedición”, remató este sábado Joan Tardà en 8TV. Una idea que sintetiza los llamamientos de los últimos días de las principales espadas republicanas a que Sánchez no vea en la nueva situación en el Parlament una manera de zafarse de sus compromisos y lograr los votos de ERC en las Cortes a un menor precio.

La reforma en el delito de sedición es un cambio espinoso, que tanto los dos socios del Ejecutivo central como ERC ven necesaria pero que no deja de ser problemática y más en un contexto abiertamente preelectoral. Ocho de los 11 exmiembros del Govern de Carles Puigdemont condenados en el juicio del procés lo fueron pero ese delito, que tipifica el alzamiento “público y tumultuario” para impedir la aplicación de la ley. Un eventual regreso a España del expresidente Puigdemont o de la secretaria general de ERC, Marta Rovira (ambos huidos de la justicia en Bélgica y Suiza, respectivamente) podría depender de un cambio de ese tipo legal que les evitara un inmediato ingreso en prisión preventiva.

En su discurso de investidura, Sánchez se mostró partidario de reformas en el Código Penal, para armonizarlo con el de países del entorno. ERC, muy escéptico al principio con la reforma (lo que defiende es una amnistía contra todos los encausados relacionados con el procés) ahora se muestra cada vez más abierta. Incluso el propio Aragonès se ha referido a que lo que es necesario es que haya reformas que tengan “el efecto de la amnistía”, dejando entrever que pueden haber otros caminos.

El verano marcó un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el Ejecutivo de la Generalitat. Después de que, en septiembre de 2021, se pusiera de nuevo en marcha la mesa de diálogo entre ambas Administraciones, el foro con el que se busca dar una salida al conflicto político ha chocado con toda clase de obstáculos. El más complicado, el escándalo desatado por el espionaje a independentistas, Aragonès incluido, mediante el software Pegasus. Los seguimientos en ese caso sí tenían autorización judicial. No fue hasta junio cuando el president y Sánchez se volvieron a reunir y, a la semana, la mesa de diálogo se volvió a encontrar en Madrid. Y de ahí salió el compromiso de que, si había acuerdos sobre reformas legales, estas deberían ser aprobadas “antes de que termine” el periodo de sesiones. Ahí entraría la del Código Penal.

El Gobierno y ERC hacen una lectura muy diferente de ese acuerdo. Para el primero es más una expresión de una voluntad (si no se ha llevado nada a la Cámara eso quiere decir que no hay acuerdo) pero para los republicanos se trata de un compromiso diáfano. Aragonès defendió en su entrevista del pasado jueves en TV3, la primera desde la ruptura con Junts en el Govern, que hay “intercambio de papeles” sobre cómo debería ser la reforma del delito, en concordancia también con recomendaciones hechas por algunos organismos multilaterales.

En su día, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hizo una propuesta de reforma pero que terminó en un cajón después de la concesión de los indultos. En sus líneas generales, que comparte ERC, se trataría de que la sedición fuera rebajada casi a una “desobediencia” agravada y se impidiera que se pudieran hacer en un futuro interpretaciones como la de “violencia ambiental” con la que se justificó la prisión a los condenados por el procés. Sánchez y el máximo responsable de esta negociación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no se han cerrado en ningún momento a esta reforma pero insisten en que es un asunto complejo que puede no tener suficientes apoyos en el Congreso. Y sobre todo el Ejecutivo defiende que no puede ser una condición para los Presupuestos. De hecho en el Ejecutivo están convencidos de que ERC finalmente no lo pondrá como una condición y el acuerdo al que habrá que llegar antes del viernes, cuando se acaba el plazo para las enmiendas a la totalidad, no incluirá más que asuntos puramente presupuestarios.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo este viernes en Catalunya Ràdio que la reforma no tiene fechas. “Desde el punto de vista jurídico, mi país necesita una reforma en término de alguno tipos penales, no solamente en estos, sino en muchos otros y seguramente avanzaremos”, aseguró.

El líder de los socialista catalanes, Salvador Illa, se apartó el pasado fin de semana del argumento del PSOE respecto a la falta de mayoría y dejó entrever que numéricamente el cambio sí es posible. “El presidente del Gobierno es un hombre que cumple sus compromisos y en su discurso de investidura en 2020 dijo que era partidario de actualizar el Código Penal en vistas de lo que había pasado en Europa. A partir de ahí, esto depende del Congreso”, dijo en una entrevista a este diario.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, dejó claro el pasado fin de semana que el PSC no está en su posible lista de socios por compartir la “represión contra el independentismo” pero dejó claro que “pronto” habría oportunidades para demostrar lo contrario, apuntando así a la reforma de la sedición. Aún así, en el Gobierno sigue convencidos de que la sedición y los Presupuestos irán por carriles diferentes, y aseguran que eso se verá esta misma semana, cuando se tendrá que cerrar algún principio de acuerdo para evitar las enmiendas a la totalidad.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal