El Govern promete 10.000 alquileres sociales en tres años, pero delega la mitad en la iniciativa privada

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este viernes en Rubí (Vallès Occidental) que Cataluña ganará 10.000 pisos de alquiler social en 82 municipios y en solo tres años: hasta 2026. Para ello activará la maquinaria del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), la de la Agencia de la Vivienda y cuenta también con la iniciativa privada: porque de los 10.000 alquileres protegidos, el plan delega 5.126 a promociones privadas, que recibirán ayudas públicas. La inversión prevista es de 350 millones de euros directos para la promoción y compras y 180 millones en ayudas.

Aragonès responde con este plan a la emergencia habitacional que hace años azota las grandes ciudades, donde el precio de los alquileres expulsa a vecinos primero hacia la periferia, y luego a municipios colindantes. Ha hablado de “cambio de paradigma” y de que “el impulso de la vivienda no es un lujo, sino un derecho básico”. En ciudades como Barcelona, su alcaldesa Ada Colau suele reprochar que mientras el consistorio se ha volcado en aumentar el parque, la Generalitat apenas ha construido 40 pisos en los últimos años, al tiempo que exige a la administración autonómica que aporte vivienda a la mesa de emergencias. El Govern ha facilitado la lista de municipios, que incluye las cuatro capitales (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida), pero no indica cuántos pisos están previstos en cada municipio.

Con un pírrico parque público de alquileres, los 10.000 se sumarían a los 55.000 actuales (un 2% del total del parque), un crecimiento del 18%. Del total, la previsión es que 2.155 sean de promoción directa pública; 1.500 los compre el Govern por tanteo y retracto o de granes tenedores que los tienen vacíos; 1.062 los construyan fundaciones o cooperativas en suelo público; 5.126 empresas privadas con subvenciones procedentes de los fondos Next Generation (3.229) o bien de la propia Generalitat y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF); y otros 1.100 se captarían del mercado privado, mediante convenios de cesión de grandes tenedores como los bancos, fondos de inversión o la Sareb.

Sobre la promoción propia por parte de la Generalitat, los técnicos aseguran que la adminstración catalana ha puesto en marcha una maquinaria que marchaba lenta y que en los últimos décadas ha atendido más emergencias o situaciones de construcción por realojos, que a sumar pisos nuevos al parque público. El Incasòl utilizará los intereses que generan los 1.500 millones de euros que tiene en concepto de fianzas depositadas por los inquilinos, que pueden alcanzar los 80 millones de euros al año. La empresa pública asegura que hay promociones en distintos grados de ejecución: desde ya a punto de finalizar, hasta convenios con Ayuntamientos para que les cedan suelo. Más allá de los intereses que generan los depósitos, la ley permite al Incasòl destinar a promoción de vivienda pública hasta un 90% del importe de las fianzas, pero no se recurre a esta fórmula.

También el Incasòl prevé comprar 1.000 pisos vacíos para la mesa de emergencia (a lo que destinará 100 millones) y la Agencia de la Vivienda otros 500 (50 millones). En este capítulo sería una posibilidad comprar pisos que los ayuntamientos han localizado de la Sareb y que piden que se incorporen al parque municipal: es el caso de La Pobla de Segur, donde el banco malo tiene 81 pisos y en el municipio no hay viviendas para los estudiantes y algunos se alojan en furgonetas. En Cataluña la Sareb tiene más de mil pisos.

Sobre las ayudas a promotores, que cubren distintos porcentajes del coste de construcción, pero nunca menos del 20%, la Generalitat explica que 3.229 se materializarán seguro porque ya cuentan con los fondos europeos. Sobre el resto, tienen más demanda que oferta de ayudas, mantienen y precisan que las convocatorias ya están publicadas y solo falta publicar las resoluciones.

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