El apoyo al PSOE en el Congreso da más margen de maniobra a ERC para aprobar los presupuestos

El Gobierno catalán inició antes de irse de vacaciones el trámite administrativo para elaborar los presupuestos de la Generalitat de 2024. Las consejerías ya tienen el encargo de entregar al Departamento de Economía y Finanzas sus previsiones de gastos para el próximo año como base para confeccionarlos. El discurso oficial de los de Pere Aragonès era que Junts debía ser la primera opción como socio para sacar adelante la ley, pero lo cierto es que no ha habido conversaciones con esta ni con ninguna otra formación política para explorar posibles alianzas. El apoyo mostrado ayer por los republicanos a Francina Armengol para que presida el Congreso presupone el allanamiento del camino del Consell Executiu para granjearse los apoyos tanto del PSC como En Comú Podem y repetir la alianza que permitió aprobar las cuentas de 2023, según admiten fuentes del Govern. ERC ha ampliado el margen de maniobra.

La elaboración va con retraso respecto a otros años, ya que antes del verano acostumbran a producirse las primeras aproximaciones. La acumulación de dos citas electorales en apenas dos meses ha hecho casi imposibles esas conversaciones. Pero existe otra demora que es externa al Govern y cuyo causante es el Ministerio de Hacienda: no ha trasladado a las comunidades autónomas la cuantía de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que es uno de los factores básicos para saber qué podrá gastar cada autonomía porque representan el 80% del total de los ingresos, ni qué objetivos presupuestarios (déficit, deuda y techo del gasto) deben tener en cuenta. Esas premisas no será posible tenerlas hasta que el nuevo gobierno se ponga a trabajar, por lo que es previsible que algunos cálculos se tengan que hacer inicialmente a ciegas.

Contar con unos presupuestos para el próximo año ofrecería más seguridad al Ejecutivo, que se sustenta por una frágil mayoría de 33 escaños sobre 135. Superar ese obstáculo le facilitaría la gestión del día a día y no tener que pasar por el examen parlamentario de tener que convalidar cada modificación del crédito presupuestario. Fuentes parlamentarias explican que la crisis de prorrogar las cuentas en estos momentos no sería tan dramático como hace un año, cuando se jugaba poder sumar 3.000 millones de euros adicionales, pese a que serían imprescindibles cambios para ajustar, por ejemplo, el aumento de los tipos de interés.

Hay quien señala que Aragonès podría ahorrarse el trámite si pretendiera adelantar las elecciones autonómicas unos meses, al otoño del próximo año, ya que un acuerdo tan reciente con los socialistas podría no verse con buenos ojos entre su electorado. Pese al apoyo de ERC a la mesa del Congreso, las relaciones entre los dos partidos han sufrido altibajos. Los republicanos encajaron con enorme enfado los movimientos del PSC para amarrar la alcaldía de Barcelona y desplazar de un eventual gobierno municipal a Xavier Trias y Ernest Maragall. Pese a ello, los dos partidos alcanzaron acuerdos para gobernar juntos las Diputaciones de Tarragona, Lleida y Barcelona. ERC se incorporó al gobierno de esta última corporación días después de que Lluïsa Moret hubiera sido elegida presidenta y tras negar con vehemencia cualquier posible alianza en esa institución.

“A nosotros no nos han llamado y no hay a la vista ninguna reunión”, explica la portavoz del PSC, Alícia Romero. Socialistas y miembros del Departamento de Economía se reunieron el 6 de julio para pasar balance del acuerdo presupuestario que cerraron en marzo y en esa reunión no hubo ninguna referencia a las nuevas cuentas. Romero lamentó entonces la lentitud y la escasa agilidad del Govern para ejecutar los presupuestos poniendo como ejemplo el retraso en la licitación de la desaladora de Tordera o el traspaso con carácter retroactivo del aumento de las tarifas sociales. El Govern hace una lectura muy distinta y sostiene que ya ha ejecutado el 50% de las medidas. Uno de sus principales compromisos ha sido la firma de la ampliación de la B-40. Con los comunes, por el momento, el Govern no ha realizado sondeos. En todo caso, el acuerdo sobre la Mesa del Congreso es a día de hoy el primer paso en un camino que será prolongado y que se completaría si Pedro Sánchez consigue la investidura.

La opción de Junts

La opción lanzada por la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, de que Junts sea el socio preferente sigue abierta. Hace un año la formación neoconvergente se negó a apoyarlos porque estaba fresca todavía su salida del Govern, después de que Aragonès destituyera al que entonces era su vicepresidente, Jordi Puigneró. Había, sin embargo, integrantes del partido que defendían ese apoyo al considerar que la base de su elaboración había partido de Junts, que hasta su salida de la Administración controlaba las Finanzas de la Generalitat, a través de Jaume Giró.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal