Cataluña comienza a multar a la industria por incumplir las restricciones antisequía

Tras abrir un centenar de expedientes sancionadores a los municipios que incumplen los límites en las dotaciones de agua, la Generalitat de Cataluña ha empezado a notificar las primeras sanciones por consumo excesivo de agua a la industria, el sector junto a la ganadería y la agricultura con mayores restricciones de consumo por la extrema sequía. Por el momento, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha abierto “una veintena” de expedientes administrativos a distintas empresas, adelantan fuentes del máximo órgano en gestión del agua a EL PAÍS. El Govern, sin embargo, evita, como ya hace con los municipios, dar más información sobre las firmas expedientadas porque el proceso sancionador no ha concluido (los expedientes son revisables) y quiere evitar señalarlas.

El director de la ACA, Samuel Reyes, adelantó la decisión de empezar a sancionar a las empresas industriales incumplidoras el pasado 19 de septiembre durante una reunión de la comisión interdepartamental de la sequía, donde se toman las medidas más trascendentales contra la escasez hídrica y en las que participa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consejeros de Acció Climática (David Mascort), Interior (Joan Ignasi Elena), Sanidad (Manel Balcells), Economía (Natalia Mas) y Empresa (Roger Torrent).

Fuentes conocedoras de estas reuniones explican que Reyes notificó al núcleo duro del Govern que era “necesario” sancionar a empresas industriales que no “estaban cumpliendo” con las dotaciones que recoge el Plan Especial de Sequía (PES). En la fase de emergencia, declarada el pasado 2 de febrero y la más grave que estipula el PES, la industria está obligada a reducir un 25% sobre los consumos de las concesiones de agua que les otorga el Ejecutivo catalán. En la fase anterior, vigente cuando Reyes comunicó a la Generalitat que se iban a empezar a notificar sanciones, la restricción establecida era del 15%.

La cuantía de las sanciones a las empresas, como en el caso de los municipios, variará en función del agua consumida hasta un máximo de 150.000 euros ante los incumplimientos más graves. La sanción se determina en cada caso calculando los excesos de metros cúbicos consumidos de más (en el caso de emergencia se aplica un importe de 0,60 euros por cada metro cúbico de más), recoge el decreto antisequía aprobado por el Govern en febrero de 2023, ahora hace un año. En base a esa normativa, algunos ayuntamientos que han sobrepasado los volúmenes de media establecidos ya han sido sancionados, como el turístico Begur o Palau-Saverdera (Girona), con 54.000 y 19.000 euros, respectivamente. También han sido multados particulares, como un vecino de Esponellà (Girona), sancionado con 3.000 euros por gastar 56 veces más agua que la media del municipio.

Un gran consumidor es cualquier actividad que utiliza más de 7.000 metros cúbicos de agua al año y suelen poseer concesiones otorgadas por la Administración hidráulica competente. Hasta ahora, sin embargo, no habían trascendido multas a ninguna gran empresa del sector industrial, músculo económico de la comunidad junto al turismo. La Generalitat busca, tras alertar sobre los graves incumplimientos de algunos ayuntamientos, poner el foco también sobre las responsabilidades de consumo de un sector al que también se le ha pedido un gran esfuerzo ante la peor sequía que ha golpeado nunca a la comunidad desde que existen registros, hace más de un siglo.

La falta de datos sobre el consumo del sector industrial ha sido precisamente una de las principales quejas de los movimientos sociales desde que, hace dos años, se empezaron a aplicar las primeras restricciones de agua. En una reciente tribuna publicada en EL PAÍS, el portavoz de la plataforma Aigua és Vida, Dante Maschio, escribía: “No entendemos cómo una Administración Pública en la era de la digitalización no tenga al orden del día los consumos de las concesiones de agua que otorga. No entendemos cómo una información tan esencial como es el consumo de las grandes actividades económicas no sea de acceso público”.

Los embalses de las cuencas Internas de Cataluña están por debajo del 16% y el Govern ya ha anunciado que recurrirá a barcos con agua desalada desde Sagunto (Valencia) para garantizar el suministro potable en Barcelona este verano.

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