La Generalitat Valenciana recurrirá ante el Constitucional el reparto de menores migrantes

El Consell ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley acordado por el Ejecutivo con Junts que reforma la Ley de Extranjería y regula los traslados automáticos de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas porque “supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunidad Valenciana en materia de protección de menores”. La vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo valenciano, Susana Camarero, ha asegurado que el sistema de protección valenciano “está tensionado” y soporta un porcentaje de ocupación superior al 150%.

El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer el recurso, según ha explicado la portavoz del Consell y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero en la rueda posterior al pleno. Según la distribución prevista por el Gobierno español, a la Comunidad Valenciana le tocaría acoger a 447 migrantes menores de edad de los cerca de 4.400 que permanecen hacinados en Canarias y Ceuta.

Camarero ha criticado al Ejecutivo español por establecer “de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera, cooperación y de lealtad constitucional”.

Además, ha incidido en que “el sistema de protección en nuestra comunidad sigue tensionado debido a la llegada constante de menores”. Según la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, las cifras que ayer trasladaron al Gobierno de España —jornada en la que finalizaba el plazo para ofrecer estos datos— son que a lo largo de 2024 atendieron en total a 900 menores migrantes no acompañados aunque de media en un momento dado pueden tener entre 480 y 490. “Llegan normalmente con 16 o 17 años y entran y salen del sistema, no hay un número fijo”, ha justificado Camarero.

Las plazas disponibles en estos momentos ascienden en la Comunidad Valenciana a 317, después de ampliar el sistema con 122 nuevas plazas. “Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable”, ha añadido.

La vicepresidenta ha mostrado su “solidaridad absoluta con Canarias” pero ha advertido el coste anual del sistema de protección a menores migrantes asciende a 23 millones de euros y el Ejecutivo central solo aporta 1,2 millones. “No vamos a permitir que se mercadee con los niños, utilizarlos como moneda de cambio” en el acuerdo del Gobierno con Junts, ha subrayado Camarero tras rechazar lo que considera “un reparto absolutamente arbitrario, sin establecer criterios objetivos, sin financiación y sin negociaciones con las comunidades autónomas”.

La número dos del Consell ha asegurado que el Gobierno de España abona 143 euros por menor migrante no acompañado al día cuando el coste de la atención que presta la Generalitat es de 218,85 euros. “Hay una diferencia entre los que nos pretenden pagar y lo que gastamos por menor. Los estándares de calidad están en este precio”, ha considerado.

Camarero ha tildado la política del Gobierno de España en esta materia de “parche” y ha insistido en que el reparto automático no se puede adoptar sin contar con quien los acoge. “No hay una política migratoria por parte del Gobierno de España”, ha subrayado. “¿Por qué no se ha desplegado Frontex y están las mafias campando a sus anchas en el archipiélago canario? ¿Por qué no se está trabajando con los países de origen?”, ha planteado la vicepresidenta.

El Gobierno valenciano ha indicado además que la utilización del real decreto ley es inadecuado, según la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que la regulación afecta derechos fundamentales que requieren ser abordados mediante una ley orgánica, garantizando así una protección adecuada de los menores migrantes.

Oficina autonómica antiocupación

La portavoz también ha anticipado que la Generalitat creará una oficina autonómica antiocupas y mejorará la atención a víctimas de este tipo de delito. “Hay muchos pisos cerrados en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y del resto de España por culpa de la problemática de la inquiocupación y del miedo de la inseguridad jurídica que da la ley y que ofrece la ley de vivienda nacional, que favorece más al ocupa que al propietario”, ha explicado.

Camarero ha incidido en que, por eso, “siempre” han defendido que “hay que trabajar en ofrecer y en mejorar la seguridad jurídica de los propietarios para que saquen viviendas al alquiler, porque si esas viviendas que están cerradas no salen al alquiler no contaremos con la oferta necesaria para que baje el precio de la vivienda”.

Ha valorado que el gobierno valenciano “lleva tiempo trabajando en su parque público de viviendas para evitar la ocupación” porque cuando llegaron al Consell, “de esas 15.000 viviendas del parque público, el 10% estaban ocupadas o sin título de ocupación”.