El Defensor del Pueblo critica el nuevo Madrid Central de Almeida: “Es un retroceso. Hay que revisarlo”

Nuevo revés para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado una carta al Ayuntamiento en la que pide una revisión de la nueva regulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado 13 de septiembre en el pleno del Ayuntamiento por el PP, Ciudadanos y cuatro votos de la izquierda. “Desconozco la carta”, ha contestado Almeida la mañana de este viernes, durante la presentación de un plan de ayudas para renovar la flota de vehículos. “Parece mentira que se diga esto por parte del Gobierno de la nación. Marugán ya envió otra carta para decirnos lo mala que era antes de que se aprobara. Le diría que lo tiene que hacer es asumir que tiene la jefatura de un órgano del pueblo y que el Defensor del Pueblo merece más respeto por parte de las instituciones”. ·Ya nos hemos acostumbrado a recibir cartas críticas”, ha concluido el regidor.

En la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Defensor del Pueblo sostiene que Madrid Distrito Centro (el nuevo nombre que sustituye al extinto Madrid Central) supone un “retroceso medioambiental”. Además, el defensor considera que la regulación de las zonas de especial protección es “mejorable” y que es necesario establecer “una regulación adicional que disminuya la discrecionalidad administrativa respecto a la concesión de permisos excepcionales”.

Con la nueva ordenanza el perímetro de Madrid Central sigue siendo el mismo, pero se han borrado de las calles los logotipos y las marquesinas que llevan ese nombre con un gasto de 185.000 euros. Pero, aquí la novedad, entrarán más coches que antes porque ahora se ha permitido la entrada de los vehículos de los 15.000 comerciantes de la zona centro, que antes lo tenían prohibido.

“Bajo la pretendida equiparación con los residentes”, escribe el Defensor del Pueblo, “se llega a un régimen más laxo, dado que ahora entran más coches de los que se permitía en la legislación anterior, sin que además exista una estimación oficial del número de automóviles que circularán por la zona de bajas emisiones de especial protección, ni informes técnicos que avalen que la adopción de esta medida no supone un retroceso en la protección ambiental”.

Además, insta a Almeida a “revisar la regulación de la nueva zona baja de emisiones garantizando, al menos, el nivel de protección medioambiental que existía en 2018″. La institución también cree que las restricciones aplicadas a la Zona de Especial Protección de la Plaza Elíptica ―que se llevará a cabo en los próximos meses― son muy limitadas, tanto por su ámbito territorial como por su alcance, ya que solo se restringe el acceso a los vehículos con distintivo A ―aquellos que carecen de etiquetas medioambientales―, y dentro de ello aún se establecen excepciones. Esta área, 15 veces más pequeña que Distrito Centro, engloba a 17 calles de este rincón del sur de Madrid, uno de los más contaminantes.

El defensor también quiere que se revise la regulación de esta nueva zona de protección especial, en consonancia con el informe de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, de 9 de febrero de 2021. En el escrito, la Consejería de Medio Ambiente de la región, también del PP, consideraba “conveniente” estudiar la ampliación de la superficie ocupada por esta zona, ya que estimaba que la “escasa superficie puede provocar un efecto de cambio de ruta en los vehículos, que bordearían la zona, consiguiendo el efecto no deseado de aumento de emisiones y por tanto del empeoramiento de la calidad del aire.”

Por otra parte, el defensor ha urgido al consistorio madrileño a que establezca a la mayor brevedad posible las medidas de seguimiento, control y evaluación contempladas en la nueva ordenanza de movilidad para que se pueda analizar la evolución de los niveles de contaminación en las zonas de especial protección y comprobar el alcance general de la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Desde el año 2017 lo ostenta el político socialista extremeño Francisco Fernández Marugán.

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