La inminente ejecución de un mexicano en Estados Unidos aviva el debate

Este jueves la vida del estadounidense Tommy Lynn Sells terminó a las 6:27 pm con una dosis letal de Pentobarbital y dos suspiros. Su ejecución estuvo rodeada de controversia y es un precedente difícil de ignorar para el mexicano Ramiro Hernández Llanas, quien enfrentará el mismo destino el próximo 9 de abril, si las cortes no dicen lo contrario.

Pocas horas antes de la ejecución de Sells todo parecía indicar que el cambio en el proveedor del poderoso anestésico, usado en la Unidad de las Paredes de la prisión de Huntsville, sería razón suficiente para aplazar su ejecución.

Cortes locales en Texas aceptaron el argumento del equipo legal de Sells y Hernández, que exigió al Departamento de Justicia Criminal del estado que difundiera el nombre del nuevo proveedor de Pentobarbital. “El tiempo es realmente esencial. Sin información respecto al origen de las drogas, su pureza, potencia e integridad, no se puede evaluar el posible riesgo de dolor cruel e inusual que podría experimentar y que viola la octava enmienda”, decía la demanda.

Pero en cuestión de horas la Corte de Apelaciones de Texas revocó el fallo anterior y el asunto llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sólo se consideró el caso de Sells en esta oportunidad. Una de sus abogadas, Maurie Levin, explicó que el caso del mexicano “sigue pendiente y sólo se consideró a Sells por la prontitud de su ejecución”.

Es imposible ignorar este precedente, pero Gregory Kuykendall, director del Programa Mexicano de Asistencia Legal (MCLAP, por sus siglas en inglés) insiste en que todavía existen otras alternativas judiciales para impedir la ejecución de Hernández.

Desde Tamaulipas hasta Texas

Creció separando metales, cartón y vidrio en Tamaulipas. Diez hermanos, una educación que sólo llegó a cuarto grado y una vida donde nunca le fue fácil adaptarse, construyeron su camino hacia el otro lado de la frontera. Según el testimonio de su hermano Jorge Hernández, “él no jugaba deportes con los otros niños del vecindario porque no entendía las reglas. Hasta los nueve años no se podía vestir apropiadamente”, detalló.

Con 28 años, el 14 de octubre de 1997, Hernández había trabajado 10 días para el profesor de la Universidad de Baylor, Glen Ernst Lich (48 años) y su esposa, reparando su casa ubicada en Kerrville Texas. De acuerdo al testimonio de Lera Lich, Hernández asesinó a su esposo golpeándolo con una barra de metal y luego la violó en repetidas ocasiones. “Mientras lo hacía murmuraba frases como mi hermano, 15.000 dólares y su marido estará de regreso”, especificó.

La viuda relató que luego de la última violación se quedó dormido y fue entonces cuando pudo pedir ayuda a los vecinos. El 31 de marzo la Corte Suprema rechazó una apelación de Hernández que solicitaba reconsiderar la evidencia que llevó a su condena, asociada a retraso mental.

Su equipo legal ha usado este argumento como uno de los puntos más fuertes de su defensa. Familiares y amigos han dado testimonio de su discapacidad, pero esta es un área gris en las cortes de Estados Unidos y no parece resonar en los oídos de los jueces.

En 2002, la Corte Suprema determinó -en el caso Atkins versus Virginia- que ejecutar a los individuos con retraso mental es inconstitucional, pero dejó a los estados la responsabilidad de definirlo. Con más de 508 ejecuciones desde que se inició la pena de muerte en el estado, el gobierno local no parece tener intenciones de ir más allá.

Algunos de los familiares de Hernández ya están en Houston, de acuerdo a Víctor Uribe, consejero de asuntos legales en la embajada de México. “Se tramitaron visas humanitarias para otros parientes en México, incluyendo sus hermanas y todo parece indicar que llegarán pronto”, explicó.

Pase lo que pase en las cortes, este mexicano y su familia probablemente serán expuestos al protocolo de una ejecución, que implica decidir qué ropa usará el día de su muerte, quién recogerá sus restos y dar un último adiós en la cárcel de Livingston, de donde sería trasladado a Huntsville el próximo 9 de abril. Pero las avenidas legales aún no se cierran y aunque es difícil, su equipo podría lograr un aplazamiento.

Caso Avena

Existen varios ángulos pendientes en el caso de Hernández. Su defensa ya puso en marcha la solicitud de clemencia ante la Junta de Perdones y Libertades de Texas. También hay otro proceso legal paralelo que cuestiona la veracidad de dos de los testigos que participaron en el juicio que llevó a su condena.

Finalmente está el tema de la asistencia consular. Así como ocurrió en el caso de Édgar Tamayo, Hernández, no recibió este beneficio cuando fue arrestado y enjuiciado. En 2004 la Corte Internacional de Justicia determinó que los tribunales estadounidenses deben revisar el proceso y sentencia de los ciudadanos mexicanos para determinar si la asistencia consular hubiera tenido alguna repercusión en sus fallos. 51 mexicanos detenidos en Estados Unidos se agruparon en lo que fue conocido como el “caso Avena”.

Pero su victoria en las cortes internacionales, no se ha traducido en cambios dentro de las fronteras de Texas. El Congreso Federal debe aprobar una ley que obligue a los estados a realizar la revisión, de lo contrario queda a criterio de autoridades locales. Actualmente existen 12 mexicanos condenados a muerte en el estado, incluyendo a Hernández.