Los indígenas y el golpe a la Constitución

Los indígenas ocuparán Brasilia esta semana. Al escribir la palabra "indígena", pierdo una parte de mis lectores. Es una asociación inmediata: "¿indígena? No me interesa. El indígena está lejos, el indígena es aburrido, el indígena no tiene nada que ver conmigo". Y ya está, clic fatal, página siguiente. Bueno, para aquellos que están todavía aquí, la información: más de mil líderes indígenas ocupan Brasilia entre el 13 y el 16 de abril en nombre de sus derechos, pero también en nombre de los derechos de todos los brasileños. Hay un golpe contra la Constitución en marcha en el Congreso brasileño. Para que se consume, se necesita exactamente que usted muestre desinterés.

Memorice esta sigla y este número: PEC 215. Cuando se habla de PEC 215, la sigla y el número por sí solos ya alejan a las personas, porque en ellos están embutidos toda una carga de burocracia y un proceso legislativo de los cuales la mayoría de la población se siente apartada. Los parlamentarios que quieren aprobarla cuentan con ese alejamiento, porque la desinformación de la mayoría sobre lo que de hecho está en juego es lo que puede garantizar la aprobación de la PEC 215. Si durante siglos la palabra escrita fue un instrumento de dominación de las élites sobre el pueblo, hoy en día es ese lenguaje, es esa terminología, lo que nos hace analfabetos y nos mantiene al margen del centro del poder donde se decide nuestro destino. Es necesario superar esta barrera y apropiarse de los códigos para participar en el debate que cambia la vida de todos. La alienación, esta vez, tiene un valor impagable.

¿Qué es una PEC? Una PEC es una Propuesta de Enmienda a la Constitución. Un instrumento para, en teoría, mejorar la Constitución de 1988. Lo que esta PEC, la 215, pretende, en resumen, es transferir del Ejecutivo al Congreso el poder de demarcar tierras indígenas, territorios quilombolas (descendientes de esclavos) y unidades de conservación. Solo que el resumen, como sabemos, nunca explica mucha cosa. El derecho de los indígenas a su territorio ancestral es una garantía fundamental de la Constitución porque la tierra es una parte esencial de la vida de los indígenas. Sin ella, se condena a pueblos enteros a la muerte física (genocidio) y cultural (etnocidio). Esto explica por qué, en 2012, un grupo de familias Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul pidieron, en una carta a los blancos, que se les declarase muertos. Preferían la extinción a que los expulsasen de nuevo:

Estos representantes no quieren mejorar la Constitución, sino darle un golpe

"Le pedimos al Gobierno y a la Justicia Federal que no decreten la orden de desalojo/expulsión, sino que decreten nuestra muerte colectiva y nos entierren a todos nosotros aquí. Pedimos que, de una vez por todas, decreten nuestra extinción/aniquilación total, además de enviar varios tractores para cavar un gran agujero para tirar y enterrar nuestros cuerpos. Esta es nuestra petición a los jueces federales".

Sin la tierra de sus antepasados, un indígena no es. No existe. Los Guarani Kaiowá, una de las etnias en situación más dramática de Brasil y posiblemente del mundo, son testigos del suicidio de un adolescente cada seis días, por lo general ahorcado al pie de un árbol, por falta de perspectiva de vivir con dignidad en el territorio de sus antepasados. Por eso este grupo afirmó que prefería morir antes de que lo expulsaran, una vez más, porque al menos los hombres, las mujeres y los niños morirían juntos, ya que los indígenas se conjugan en el plural, y morirían en el lugar al que pertenecen.

El paquete maligno

Si se aprueba la PEC 215, por un lado no se demarcarán más tierras indígenas y, por el otro, se les retirará la protección a aquellas que ya estaban garantizadas

Cuando los legisladores tratan de quitarle el poder de demarcación al Ejecutivo para entregárselo a sí mismos, lo que están tratando de hacer no es mejorar la Constitución, sino darle un golpe. En la práctica, la PEC 215 es tan solo la peor entre varias estrategias en curso para acabar con los avances de la Constitución en lo que respecta a la preservación del medio ambiente y los pueblos indígenas, los quilombolas y los pueblos ribereños agroextractivistas que lo protegen. En la práctica, si se aprueba la PEC 215, lo más probable es la paralización del proceso de demarcación de las tierras indígenas y quilombolas, así como la paralización de la demarcación de unidades de conservación. En este punto es donde la PEC 215 pasa a amenazar también el derecho fundamental de todos los brasileños a un medio ambiente ecológicamente equilibrado y, por extensión, a amenazar el derecho a la vida.

La PEC 215, a la que hábilmente se han ido juntado varios colgajos peligrosos, se ha convertido en una especie de paquete maligno. También pretende determinar que apenas los pueblos indígenas que estaban "físicamente" en sus tierras en la promulgación de la Constitución de 1988 tendrían derecho a ellas. Así que todos aquellos que fueron arrancados de sus tierras tanto por ocupantes ilegales como por los proyectos de ocupación promovidos por el Estado, ahora serían expulsados de forma definitiva. La propuesta aquí es legalizar el crimen, ya que los indígenas expulsados de sus tierras a la fuerza allá atrás serían "culpables" de no estar en ellas, por lo que las perderían para siempre. Suena a cosa de loco, pero es eso lo que se defiende. Para investigar los crímenes de la dictadura, la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil constató que, en apenas diez etnias, 8.350 indígenas fueron asesinados. La reparación por medio de la demarcación y la recuperación ambiental de sus tierras se consideraron medidas mínimas y necesarias para la restauración de la justicia.

El objetivo es transformar tierras públicas y protegidas en tierras privadas para la explotación y el lucro de unos pocos

Pero hay algo aun peor en la PEC 215. Pretende abrir excepciones al usufructo exclusivo de los pueblos indígenas, como el arrendamiento a no indígenas, la permanencia de núcleos urbanos y propiedades rurales y la construcción de carreteras, vías férreas y vías navegables. Busca también revisar los procesos de demarcación en marcha, así como impedir la ampliación de tierras ya demarcadas. Existe también el riesgo de que la PEC 215 abra espacio, si se aprueba, para que las tierras ya aseguradas sufran modificaciones según los nuevos criterios. Para entender: si se aprueba la PEC 215, lo que puede ocurrir es que, por un lado, no haya una demarcación de nuevas tierras; por el otro, se retire la protección a aquellas que ya estaban garantizadas.

Las manos por detrás del golpe

Este es un mundo perfecto, ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para usted? Creo que no. Pero lo es para algunos. Siempre lo es para algunos. Basta ver quién está al mando de la comisión de la PEC 215 para entenderlo. Toda la coordinación está hecha por la llamada "bancada ruralista". Pero es importante entender quiénes son esos ruralistas de los que estamos hablando, para no reforzar una falsa oposición con los productores rurales de Brasil, con aquellos que realmente tienen interés en llevar el alimento a la mesa de los brasileños. ¿Un mundo sin tierras indígenas y sin unidades de conservación sería bueno para quienes producen alimentos para el país? Me parece que no. Productores rurales inteligentes y con espíritu público, ya sean pequeños o grandes, saben que necesitan agua para producir. Si necesitan agua para producir, necesitan los bosques en pie. Si necesitan los bosques en pie, necesitan tierras indígenas y áreas de conservación.

En el actual Congreso no hay ningún representante indígena

Luego, ¿si ese mundo no es bueno para mí ni para usted ni para quienes producen alimentos, para quiénes ese mundo es bueno? Siempre es posible tener una pista si seguimos el dinero. En el caso, el dinero de la financiación de las campañas electorales. Según el Portal de Noticias Socioambientales, en un análisis realizado a partir de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, al menos 20 de los cerca de 50 diputados de la comisión especial que analiza la PEC 215 recibieron financiación de grandes empresas de la agroindustria, de la minería y de energía, de constructoras, de empresas madereras y de bancos. Algunos de estos parlamentarios recibieron, ellos solos, más de un millón de reales de empresas vinculadas a esos segmentos.

Este es un capítulo importante para entender los porqués. Tanto las tierras indígenas como las unidades de conservación son tierras públicas. A los pueblos indígenas les cabe el usufructo de esas tierras. Las unidades de conservación son parques y bosques nacionales, estaciones ecológicas, reservas extractivistas o biológicas, refugios de la vida silvestre, etc., que pertenecen a todos nosotros y que se crean para impedir la explotación depredadora y proteger la biodiversidad, estratégica para el desarrollo sostenible.

¿Cómo entonces apropiarse de esas tierras públicas y protegidas (o que aun deberían protegerse), tierras que son patrimonio de todos los brasileños, para que puedan volverse privadas, para la explotación y el beneficio de unos pocos? Desprotegiendo esas tierras. ¿Y cómo hacer eso? Dando un golpe en la Constitución. ¿Pero cómo dar un golpe a la Constitución? Travistiendo ese golpe de legalidad por el proceso legislativo. Se une a eso un gobierno fragilizado, con baja aprobación popular y poco apoyo incluso entre sus bases, y el Congreso más conservador desde la redemocratización. Listo, están dadas las condiciones para el crimen.

Si después el Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional la enmienda, años ya habrán pasado y tanto la privatización de lo que es público como la devastación de los biomas, como la selva amazónica y el Cerrado, ya se habrán convertido en hechos consumados. Y Brasil, como se sabe, es el país del hecho consumado. Basta seguir la trayectoria de Belo Monte: entre ilegalidades constantemente denunciadas, varias demandas presentadas por el Ministerio Público Federal y la sospecha del pago de sobornos por parte de las empresas contratistas investigadas por la operación Lava Jato se convierten en hechos consumados a las orillas del río Xingu. Cuando finalmente lleguen al Supremo, ya será demasiado tarde.

Los indígenas, esos extranjeros nativos

La conversión de lo público en privado, en beneficio de los grandes intereses particulares de explotación de la tierra y de los recursos naturales de Brasil, es lo que está sobre la mesa en este juego de gente tan poderosa. Cabe a la población brasileña informarse y participar en el debate, si llega a la conclusión de que este no es el proyecto de país que desea. ¿Debido a los pueblos indígenas, los quilombolas, los ribereños? Me parece que sería un motivo más que suficiente. Con relación a los indígenas, en especial aquellos que tienen grandes intereses en las riquezas de las tierras que ocupan, suelen difundirse prejuicios como el de que serían "obstáculos al desarrollo" y de que no serían indígenas "de verdad". Pero, ¿obstáculos a cuál desarrollo y al desarrollo para quién? ¿Y qué sería esta categoría, un "indígena de verdad"?

Vale la pena examinar los prejuicios de cerca, para darse cuenta de que no se tienen en pie después de una mínima confrontación con la realidad. Para empezar, no existe "el" indígena, sino una enorme diversidad en la forma como cada uno de los 242 pueblos indígenas contemplados en la lista del Instituto Socioambiental le da sentidos a lo que llamamos mundo y se ve dentro del mundo. O de mundos diferentes. Brasil lidera la lista de los 17 países más megadiversos, en gran parte debido a los pueblos indígenas. Por países megadiversos se entiende aquellos que concentran la mayor parte de la biodiversidad del mundo y, por lo tanto, de su preservación depende el planeta entero. Esta es la mayor riqueza de Brasil; pero la codicia de unos pocos y la ignorancia de muchos la amenaza y la destruye, lo que pone en peligro las vidas de todos.

El ápice de la evolución: de "indígena falso" a "pobre legítimo"

También se silencia a los pueblos indígenas, guardianes de la biodiversidad, por la simplificación, a veces sencillamente burra, en general malintencionada, de hacerlos parecer uno solo, tachados de "obstáculos al desarrollo". Se estima que hubiese más de mil pueblos indígenas cuando los europeos desembarcaron en Brasil. Hoy en día, una parte de los parlamentarios del actual Congreso no miden los esfuerzos para completar el genocidio iniciado hace 500 años.

Cuando la Constitución aseguró los derechos de los pueblos indígenas, en 1988, no creó derechos nuevos, sino que apenas reconoció derechos preexistentes, ya que los pueblos indígenas estaban aquí antes de cualquier europeo. Legalmente, no se trata de "darles" la tierra a los pueblos indígenas, sino tan solo de demarcar la tierra que siempre fue suya. En este proceso, de responsabilidad del Ejecutivo, es necesario indemnizar a aquellos hacendados y agricultores que tienen títulos legales (y el "legales" aquí debe subrayarse bien), dados por los gobiernos en los tantos proyectos de ocupación, gente que no tiene la menor culpa de que la despachasen con sus familias a territorio indígena. Según la Constitución, el Estado tenía un plazo de cinco años para demarcar las tierras indígenas. Como sabemos, han pasado más de 25 años y decenas de ellas aun no se han demarcado.

Como también sabemos, la ilegalidad le hace daño al país: los conflictos de la tierra que se extendieron por Brasil, sembrando cadáveres, son el resultado de la demora en cumplir la Constitución, en la que la bancada ruralista intenta ahora dar un golpe. Cabe recordar que los derechos fundamentales se colocan en la Constitución también para que la mayoría de ocasión no pueda amenazarlos en nombre de sus intereses. La importancia de esta protección queda más clara si prestamos atención a la composición actual del Congreso: hay decenas de ruralistas y ningún indígena.

¿Mucha tierra para pocos indígenas? No. Mucha tierra para pocos hacendados

En el capítulo de "mentiras y manipulaciones" acerca de los pueblos indígenas hay al menos tres líneas de no pensamiento bastante populares en el Congreso y fuera de él. Están los "atrasadistas", gente que estudió y que colecciona diplomas, pero prefiere ignorar la Antropología y pensadores de la talla de Claude Lévi-Strauss, al considerar que los indígenas son "atrasados". Para ellos, existe una cadena evolutiva única e ineludible entre la piedra tallada y el iPad. Estos no consiguen —o no quieren— tener una amplitud mínima de pensamiento para comprender la multiplicidad de elecciones y de caminos posibles para la trayectoria de un pueblo. Tampoco llegan a darse cuenta de que son esas las diferencias que constituyen la riqueza de la experiencia humana. Y, claro, prefieren "olvidarse" de lo que el tipo de "progreso" que defienden le ha causado al planeta.

La segunda línea de no pensamiento es la de los "fiscales de autenticidad". Cuando la clasificación de los indígenas como "atrasados" y "obstáculos al desarrollo" falla, se trata entonces de decir que, sí, los indígenas tienen derechos, pero solo los indígenas "de verdad". Habría entonces otros no legítimos, aquellos que hablan portugués, usan teléfono móvil y a los que les gusta ver la televisión o andar en coche. En esa lógica por debajo de la línea de la estupidez, los brasileños que hablan inglés, van a Disney, prefieren el rock a la samba y a los que últimamente les gusta ser forofos de los equipos europeos de fútbol, también podrían considerarse falsos brasileños y perder todos sus derechos. A esta altura de la historia humana y con tanto conocimiento producido era de esperar un poco más de sofisticación en la comprensión de aquello que hace de alguien lo que es.

Cuando las dos mentiras anteriores se desenmascaran, aparecen los "buenos samaritanos" para salvar la Patria, la suya. Estos creen que a quienes les gusta el bosque son antropólogos y ambientalistas y que el sueño de los indígenas, el gran sueño, en lo "íntimo de su intrínseco", es vivir en nuestros maravillosos suburbios y favelas, con el alcantarillado serpenteando a la puerta y la policía dando tiros en las escaleras, a expensas del programa Bolsa Familia y de las donaciones de alimentos básicos. Este sería el ápice de la evolución: de "indígena falso" a "pobre brasileño legítimo". ¿Quién, después de todo, podría resistirse a tal progreso en la vida?

Un golpe en la Constitución aquí y allá y estos buenos samaritanos llegan al punto óptimo: ayudan a los indígenas que no consiguieron matar a hacerse pobres y, listo, ¿para qué tierra para el indígena, si ya no existe indígena? Solo la mala fe supera la ignorancia. Pero es con prejuicios como estos, astutamente manipulados y difundidos, que se intenta transformar a los indígenas en una especie de extranjeros nativos, como si "los de fuera" fuesen aquellos que siempre han estado dentro. Esta xenofobia invertida sería apenas un sinsentido, si no fuese totalmente perversa, al servicio de objetivos bien determinados.

¿Sumarse sin más o pensar?

¿Hay mucha tierra para pocos indígenas? No. Como suele decir el socioambientalista Márcio Santilli, "hay mucha tierra para pocos hacendados". Según el Censo de 2010 del IBGE, hay 517.000 indígenas asentados en aldeas en menos de 107 millones de hectáreas de tierras indígenas, lo equivalente al 12,5% del territorio brasileño. ¿Y dónde están esas tierras? Más de un 98% de ellas están en la Amazonia Legal y menos de un 2% fuera de allí. Por su parte, los 46.000 mayores propietarios de tierras, según el Censo Agropecuario del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), explotan un área más grande que esa: más de 144 millones de hectáreas.

Sobre la realidad de la concentración de la propiedad de la tierra en el país, que sigue creciendo, el Registro de Inmuebles Rurales del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) muestra que 130.000 grandes propiedades rurales particulares concentran casi un 50% de toda la superficie privada registrada en el INCRA. Por su parte, los casi cuatro millones de minifundios equivalen, sumados, a una quinta parte de eso: un 10% de la superficie total registrada. En una entrevista al periódico O Globo, el investigador Ariovaldo Umbelino de Oliveira, coordinador del Atlas de la Tierra, dijo que cerca de 176 millones de hectáreas son improductivas en Brasil. Prestar atención a los números ya es comenzar a pensar, en vez de simplemente sumarse sin más.

¿Falta espacio para la producción de alimentos en el país? Todo indica que no. En un país con esta cantidad de tierras dedicadas a la agropecuaria y con esta concentración de tierras en manos de unos pocos, afirmar que el problema del desarrollo son los pueblos indígenas solo no es más ridículo que el hecho de que Katia Abreu, la terrateniente que dice que ya no existe el latifundio en Brasil y es hoy ministra de Agricultura, afirme que "el problema es que los indígenas salieron del bosque y pasaron a entrar en el área de producción". Los indígenas, esos invasores del mundo ajeno. Pero es así como se va distorsionando la historia al contarla a la población.

Por lo tanto, sí, respetar los derechos de los pueblos indígenas ya sería un motivo suficiente para luchar contra la PEC 215. Pero la PEC 215 no amenaza apenas a los pueblos indígenas y a las poblaciones tradicionales. Amenaza la vida de todos los brasileños. ¿Y por qué? Porque si tenemos bosques de pie es debido a los pueblos indígenas y a las poblaciones tradicionales, son ellos la piedra en el camino de un tipo de explotación que, después de haberse consumado, lucros privatizados en manos de unos pocos, nos deja todo el costo de la devastación. Y ahora, en los estados de la región sureste, finalmente entendemos, con el colapso del agua, cuál es el coste de la devastación. Finalmente comenzamos a comprender cuánto corroemos nuestra vida cotidiana al destruir los bosques y al contaminar los ríos. Ya no es algo subjetivo, una abstracción, sino algo muy concreto. Ya no es un futuro distante, es aquí y ahora. Ya no son nuestros nietos, sino nuestros hijos los que sufrirán y ya sufren con este planeta masticado. Así como nosotros mismos. Y es solo el comienzo.

Luchar democráticamente para detener la PEC 215 no es una actitud altruista, no es un esfuerzo para respetar los derechos indígenas, no es algo que hagamos porque somos personas fantásticas, gente de bien. Detener la PEC 215 es satisfacer nuestro instinto de supervivencia en un mundo donde los cambios climáticos son posiblemente el mayor desafío de la historia humana en este planeta, que es el único que tenemos y que destruimos. Si el golpe a la Constitución se consuma, el medio ambiente en Brasil perderá una buena parte de las barreras que aún impiden la devastación y reunirá las condiciones y abrirá espacio para la aceleración de la corrosión de la vida.

La prensa y la población están prestando mucha atención a las protestas en las calles de Brasil. Lo curioso es que, cuando son los indígenas quienes ocupan el espacio público, a pesar de todo su colorido, de su fascinante diversidad, corren el riesgo de volverse automáticamente invisibles. Su dolor, su muerte y su palabra parecen no existir, o existir apenas en el diminutivo. La mirada de los no indígenas los atraviesa. Esta vez, aunque por instinto de supervivencia, sería conveniente verlos. Pero, por supuesto, siempre podemos concluir que lo mejor para todos nosotros es vivir cercados de cemento, humo y ríos de caca.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos y de la novela Uma Duas. Sitio web: descontecimentos.com Email: elianebrum.coluna@gmail.com Twitter: brumelianebrum