Tailandia juzga por corrupción a la primera ministra derrocada
La junta militar que gobierna el país desde hace un año aplaza seis meses más la convocatoria de elecciones
El Tribunal Supremo de Tailandia ha iniciado hoy un juicio por corrupción contra la ex primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra, que se enfrenta a 10 años de cárcel. La exdirigente fue expulsada del poder en el golpe de Estado perpetrado el 22 de mayo, hace ahora un año, por un grupo de militares que la acusaron de abusar del cargo.
Shinawatra se ha declarado inocente respecto a su supuesta implicación en una trama de sobornos en los subsidios al arroz. Sus partidarios acusan a la Junta militar que gobierna el país desde entonces de intentar apartarla de la política mientras se elabora una nueva constitución para restablecer la democracia en el país asiático.
Cientos de personas salieron en las calles de Bangkok en los días posteriores al golpe militar para manifestar su disconformidad con la toma de poder de la Junta, que ha anunciado este martes su intención de aplazar en al menos seis meses la celebración de las elecciones generales previstas para el próximo febrero.
Shinawatra llegó este martes a las 8.40 (hora local) a la sala penal para asuntos políticos del Tribunal Supremo acompañada de su equipo de abogados y de varios exministros y arropada por unos 500 simpatizantes vigilados por un cordón policial. En la apertura del juicio oral, el tribunal ha leído a la ex primera ministra los cargos que pesan en su contra: negligencia y actividad ilegal por no actuar contra una trama de sobornos que, según la Fiscalía, habría costado 500.000 millones de baht (unos 13.000 millones de euros) al Estado tailandés.
Shinawatra ha escuchado atentamente al tribunal y al ser interrogada sobre su postura ha afirmado con claridad que es inocente y ha pedido permiso para entregar por escrito su defensa el próximo 3 de julio, de acuerdo con el Bangkok Post. El tribunal ha accedido a la solicitud de Shinawatra, pero ha prohibido a la exmandataria abandonar el país asiático sin autorización expresa del grupo de magistrados encargados de juzgarla y le ha impuesto una fianza de 30 millones de baht (803.000 euros).
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