¿Cómo legislan los Gobiernos sobre vigilancia masiva?

Dos años después de que el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden destapara las prácticas de espionaje masivo en Estados Unidos, el Congreso recortó esta semana, por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los poderes de la NSA, que controla las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses. Pero durante este tiempo no todos los Gobiernos han caminado por esta senda. Varios países han continuado aprobando leyes que amplían poderes en lo que a la vigilancia masiva se refiere. Un informe publicado este viernes por Amnistía Internacional recoge algunas de las normas aprobadas por Estados como Francia, Reino Unido o Pakistán.

• Reino Unido. El Gobierno británico aprobó en julio de 2014 una legislación de urgencia para la Retención de Datos y Poderes de Investigación. De esta forma, el Ejecutivo de David Cameron cubrió el vacío legal a raíz de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declaró ilegal la directiva según la cual los operadores de telecomunicaciones eran obligados a guardar durante un mínimo de 12 meses algunos datos de sus clientes. Concretamente, cuándo, dónde y con quién se comunicaban —aunque no el detalle de dichas comunicaciones—. Los llamados metadatos. La legislación, que estará vigente hasta 2016, tiene el objetivo de impedir que las compañías destruyan los datos acumulados.

"En directa contradicción con la sentencia, la legislación británica también amplía el alcance de los poderes de interceptación de Reino Unido al permitir que el Gobierno exija a las empresas con sede fuera del país que cumplan con las órdenes del Ejecutivo", indica Amnistía Internacional en su informe. 

• Francia. Solo tres meses después de los atentados yihadistas que en enero mataron a 17 personas, el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre servicios de información. La nueva legislación permite a los servicios secretos contar con una amplia cobertura legal en la interceptación de comunicaciones, así como el acceso a las bases de datos y a las redes. También otorga más facilidades a la hora de obligar a las compañías a entregar información. Los operadores de Internet, los buscadores, las redes sociales y las empresas que alojan bases de datos deberán comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos de terrorismo o de espionaje. "Con el fin de impedir el terrorismo, el proyecto de ley obliga a los proveedores de Internet a colocar cajas negras en su infraestructura para el registro de metadatos. También permite a los agentes de seguridad hackear ordenadores y teléfonos móviles, rastrear localizaciones y espiar correos electrónicos y otras comunicaciones de quien se considere que podría estar en contacto con sospechosos", explica el informe de Amnistía. Las acciones a las que se refiere la legislación francesa podrán realizarse sin necesidad de control judicial. "Esto es lo más controvertido", señala la organización.

"La legislación permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia para otras metas no definidas como 'promover intereses esenciales en política exterior' e impedir 'cualquier forma de injerencia extranjera'. No está claro a qué se refieren estos términos vagos, y la preocupación reside en que puedan ser utilizados por razones que a menudo no tendrán que ver con evitar delitos", continúa Amnistía. Pero, según la organización, "uno de los aspectos más preocupantes" de este proyecto de ley es que "no dice nada acerca de las técnicas de vigilancia que podrían ser utilizadas. Este silencio abre una vía a la vigilancia arbitraria e indiscriminada de los ciudadanos". 

• Pakistán. En abril de 2015 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley de cibercrimen "que expandía drásticamente los poderes de vigilancia del Gobierno", expone la organización. Esta norma aún debe ser aprobada por el Senado. Pero, si consigue el visto bueno, la nueva ley obligará a que los proveedores de Internet retengan durante un mínimo de un año datos telefónicos y de las comunicaciones por correo electrónico de los ciudadanos. Además, el proyecto de ley permitiría que el Gobierno comparta "unilateralmente" los datos con otros servicios de inteligencia, incluyendo a la NSA, "sin necesidad de autorización judicial", recoge Amnistía.

"El proyecto de ley otorga amplios poderes, que están insuficientemente definidos, para 'incautar' datos (algo descrito en la legislación como 'hacer una copia de los datos'), pero no especifica los procedimientos para ello. Al dejar este asunto a discreción del Gobierno, la ley falla a la hora de establecer reglas claras y accesibles, en línea con los estándares de los derechos humanos", critica Amnistía Internacional.

• Suiza. Dos proyectos legislativos están siendo actualmente examinados, se indica en el informe. Esta legislación "proporcionaría a las autoridades suizas nuevos poderes en cuanto a la vigilancia invasiva". Una de las normas dará a los servicios de inteligencia competencia "para interceptar comunicaciones a través de los cables de Internet que atraviesan el país". La otra obligará a los proveedores de telecomunicaciones a retener metadatos de las comunicaciones durante 12 meses.

• Holanda. El Gobierno ha propuesto actualizar su ley de inteligencia y servicios de seguridad. "El Ejecutivo propuso que los agentes de inteligencia tengan acceso a los cables de Internet que pasan por el país. Esto allanaría el camino para la interceptación indiscriminada y la recogida y almacenamiento de datos de telecomunicaciones, sin que esta información pertenezca a una persona, grupo o a una localización específica o se base en una sospecha razonable", explica Amnistía Internacional. La legislación será presentada en los próximos meses, continúa la organización.

• Finlandia. La presión política también está creciendo en Finlandia para que se establezca un sistema de vigilancia. "En enero de 2015, un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa propuso que la nueva legislación otorgue amplios poderes para la vigilancia de las comunicaciones", indica el informe.