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“El día después de que Mara murió me regalaron un gas pimienta”, cuenta Sofía, de 19 años. “¿Salimos hoy?”, se preguntaban Liliana y Katia, de 22, en la mesa de al lado. “No dejas de pensar que te pudo haber pasado a ti”, confiesa Delcy, de 24, antes de prender el próximo cigarrillo. “Te sientes más vulnerable como mujer, es triste pero es la realidad de esta ciudad y de este país”, asegura Elizabeth, de 21. No es una manifestación, es una noche de fiesta. Las luces bailan entre el humo del tabaco, el reggaeton retumba en todos los rincones y ríos de estudiantes inundan los bares y los antros de moda. Hay perreo, hay ligue, hay desmadre. Son las once de la noche en San Andrés Cholula, un paraíso de la fiesta universitaria en la zona metropolitana de Puebla.

La fiesta no ha parado, pero entre los terremotos del 7 y el 19 de septiembre y el miedo a la inseguridad, la clientela se ha venido abajo. “Las propinas han caído un 50% en las últimas dos semanas”, asevera Conny Santín, una camarera. “El control del Gobierno a los bares ha sido mucho más estricto, pero ellos son los responsables y los que tienen que tomar cartas en el asunto”, reclama Santiago Gabián, un empresario español que abrió un bar en Cholula hace dos años.

En la última década, tras el estallido de la guerra contra el narcotráfico, jóvenes de los Estados más afectados por la violencia llegaban por montones para buscar oportunidades en las aulas y para recuperar las libertades perdidas fuera de ellas. Ahora, Cholula y Puebla viven su propia crisis. El Estado con más universidades en el país ha sufrido un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto de este año, según datos oficiales. Se denuncian 145 delitos al día y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria calcula que la cifra negra de los ilícitos alcanza el 93%.

Los poblanos no solo han percibido un aumento cuantitativo, sino también en el modus operandi de la delincuencia. La comunidad universitaria que, en gran medida y en palabras de sus miembros, se asumía dentro de una burbuja, lejos de los problemas sociales del Estado y del país, ahora sufre el embate de la criminalidad. Minerva Hernández, una estudiante de 26 años de la Universidad Iberoamericana, fue apuñalada el pasado 21 de marzo al negarse a ser novia de su feminicida. El rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corvera, fue acribillado el pasado 5 de agosto en su oficina. Mariana Fuentes, una alumna de 20 años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), murió de un balazo en la cabeza la semana pasada cuando intentaban quitarle su teléfono móvil.

El Gobierno estatal, que inició funciones en febrero, ha priorizado el combate contra la delincuencia, pero descarta que Puebla sea un Estado inseguro, afirma que el aumento de la incidencia delictiva responde a un problema nacional y sostiene que no peligra el estatus de la capital del estado como una ciudad estudiantil. “El fenómeno [de la inseguridad] no es nuevo (…) Lo que no podíamos era hacernos tontos”, acepta el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco.

“Nunca se había vivido algo así en Puebla y mi lectura es que el exgobernador Rafael Moreno Valle, que aspira a ser presidente de la República, no quiso que se ventilaran los resultados de sus políticas de Seguridad Pública porque han sido un fracaso”, sentencia Alejandro Guillén, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). “Se ha destapado una cloaca”, agrega el académico, que en los últimos meses dejó sus antiguas líneas de investigación sobre el sistema político mexicano para estudiar el fenómeno de la inseguridad.

“Una chica me dijo viólame, pero no me mates”, relata José Andrés García, un conductor de Uber. Anotan sus placas, le toman fotografías. Las conversaciones dentro del auto son mínimas y las precauciones que toman las usuarias son máximas. El escrutinio es la nueva realidad. “Las niñas están asustadas y lo entiendo, pero el que nada debe, nada teme”, cuenta el chófer, que dejó su taxi en enero después de casi 30 años detrás del volante. Lo asaltaron tres veces en 30 días. Reacio a las minucias tecnológicas, se cambió a Uber en abril porque era más seguro.

García dice que en las últimas semanas la clientela ha bajado un 20%, aun con Cabify, el mayor competidor, fuera del mercado después de que el Gobierno suspendió su licencia en el Estado tras el caso de Mara Castilla. “Me parece injusto porque están pagando cientos de familias por lo que hizo un loco, ¿esa era la solución? Cuántas cosas han pasado en los taxis y en los autobuses… ellos siguen funcionando”, revira. “No fue una decisión impulsiva ni caprichosa”, responde Carrasco ante las críticas.

“El feminicidio de Mara fue la gota que derramó el vaso”, afirma Fernando Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y uno de los principales críticos del exgobernador Moreno Valle. “Hay una estructura de Gobierno que está cada vez más destruida y la población ya no está dispuesta a seguir tolerando promesas vacías y estériles de los gobernantes”, añade Fernández, que encabezó las marchas junto al rector de la UPAEP para afrontar la crisis de violencia. El padre jesuita reconoce que el Gobierno actual está “genuinamente preocupado”, pero denuncia que hay intereses que están “detrás y por encima de las autoridades” para frenar la corrupción y la impunidad, lo que impide que se haga justicia.

“Esto nos está pasando a todas las universidades, pero no todos han reaccionado igual”, lamenta Guillén. “La respuesta de la rectoría de la BUAP ante el asesinato de Mariana Fuentes ha sido muy débil, no se ha hecho lo suficiente”, acusa Juan Carlos Canales, profesor de esa casa de estudios. Aun así, las barreras entre los alumnos de la UPAEP y la BUAP, protagonistas de una rivalidad que se ha prolongado por décadas, se han difuminado y han marchado juntos.

La inseguridad es ya un problema que preocupa a casi tres de cada cuatro habitantes de la capital del Estado, según datos oficiales. Las antiguas discusiones teóricas, llenas de supuestos y alejadas de la praxis, han perdido terreno y los académicos han organizado foros sin precedentes sobre los problemas de su comunidad. Los estudiantes se han comprometido a que ningún candidato a gobernador gane las elecciones sin presentar una propuesta para combatir el machismo y la violencia.

“No podemos ofrecer una imagen falsa ni promesas que no se van a cumplir ni una protección en una esfera de cristal a nuestros estudiantes, al contrario tenemos que formarlos para que como ciudadanos asuman el reto”, sentencia Fernández. “Si no hacemos nada hoy, si no reaccionamos, si no cerramos filas como Estado, corremos el riesgo de dejar de ser una ciudad de estudiantes”, afirma Guillén. En medio de la indignación, el miedo y la impotencia, la Universidad ha abierto los ojos.