Venezuela suspende relaciones económicas con Panamá

El Gobierno de Venezuela emitió una resolución en la cual suspende las relaciones económicas y financieras con Panamá por un plazo de 90 días. La decisión del Ejecutivo comprende vetos específicos a 22 personas, incluyendo el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y a su vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Maio, y 46 empresas.

Casi inmediatamente, el Gobierno de Panamá ha respondido retirando a su embajador en Caracas, Miguel Mejía, y ha solicitando al Ejecutivo venezolano que hiciera lo mismo con su homólogo en Ciudad de Panamá, Jorge Durán.

La cancillería panameña ha señalado en un comunicado que "tras analizar las medidas de Venezuela, el Gobierno considera que se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por Panamá". El Ejecutivo promete “evaluar el impacto económico y comercial” de las medidas de Venezuela, con el objeto de “identificar otras futuras posibles acciones”.

Tras la respuesta de Panamá se hace evidente una crisis que ha provocado que las relaciones entre ambos países sean mínimas, a pesar del importante flujo migratorio de venezolanos al país centroamericano.

La suspensión de relaciones económicas se ha producido tras una resolución conjunta emitida por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior, e Interior, Justicia y Paz, y han entrado en vigor, de acuerdo al comunicado oficial, “para proteger el sistema financiero nacional”.

Entre las compañías perjudicadas con los vetos hay muchas inversiones provenientes del tránsito de capitales y personas entre ambos países, y resalta particularmente la Compañía Panameña de Aviación, Copa, una de las pocas aerolíneas internacionales que ha decidido continuar prestando servicios en Venezuela, y una de las más usadas por la creciente cantidad de venezolanos que ha emigrado a Panamá en estos años.

El Gobierno de Maduro adeuda una altísima cantidad de dinero a varias aerolíneas internacionales que no han podido repatriar sus utilidades después de efectuar sus operaciones comerciales, a causa del enorme daño patrimonial producido por la crisis cambiaria gestada entre los años 2012 y 2013. El impago del Gobierno ha ocasionado que muchas de ellas hayan abandonado el país. Copa había decidido continuar con sus operaciones, a pesar de los retrasos y el monto adeudado.

La medida venezolana ha sido interpretada por analistas y observadores diplomáticos como una respuesta política a las sanciones impuestas poco antes por Panamá a Caracas, las primeras que se asumen desde América Latina, tomadas después de que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza penalizaran económica y diplomáticamente a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y ruptura del orden constitucional. En su declaración de principios, el propio ejecutivo venezolano invoca “el principio de reciprocidad”.

El Gobierno de Venezuela argumenta que el Poder Ciudadano de este país ha determinado en sus investigaciones “el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público”, y que tal cosa se hace con el auxilio y la colaboración de ciudadanos panameños.

El internacionalista Mariano De Alba opina que el anuncio del Gobierno de Maduro es una respuesta que busca producir un efecto noticioso en medio de la grave crisis que atraviesa este país, y que sólo redundará en un mayor aislamiento para Caracas, con sus consecuencias sociales y económicas. Una altísima cantidad de empresas y capitales venezolanos se han instalado en Panamá en estos años, en la misma medida en que los efectos del chavismo los han ido expulsando del país.

El plazo de 90 días, agrega De Alba, servirá para que el Gobierno intente plantearle una negociación a Panamá, que podría prolongarse de manera crónica durante un buen tiempo.