Por un gran pacto republicano en Brasil

Un nuevo ciclo democrático está a punto de iniciarse en Brasil. El pueblo eligió a sus representantes para el poder ejecutivo, el legislativo federal y el los de los distintos Estados para los próximos años.

Los brasileños acudieron tranquilamente a las urnas y participaron una vez más del rito de renovación de la democracia.

Gracias al sistema electrónico de votación, supimos el resultado de la elección presidencial en apenas dos horas y 18 minutos. Eso no es poco en un país de las dimensiones continentales de Brasil, la cuarta mayor democracia del mundo, con sus 208,5 millones de habitantes y 147 millones de electores.

Solo la competente y seria labor de las instituciones públicas nacionales destinadas a garantizar el régimen democrático permitieron llevar a cabo una votación tan tranquila. Destacamos la Justicia Electoral, rama especializada del Poder Judicial brasileño responsable de organizar y realizar las elecciones, que, una vez más, demostró estar a la altura de la noble función que le fue atribuida.

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La séptima Constitución brasileña es responsable del período más largo de estabilidad democrática en el país. Pasados treinta años, la Constitución de 1988 sigue siendo una de las más avanzadas y democráticas del mundo contemporáneo.

Tenemos hoy una sociedad más democrática y que cada vez más cree en la democracia. Una encuesta reciente reveló que el 69% de los brasileños prefieren un régimen democrático, una cifra que jamás había sido alcanzado en el país.

Hemos pasado por episodios turbulentos en los últimos años. Investigaciones que involucran a la clase política; impeachment a una presidenta de la República; expulsión de un presidente de la Cámara de Diputados, condena y arresto de un expresidente de la República.

Todos estos hechos se desarrollaron por las vías institucionales democráticas, con total respeto a la Constitución y a las leyes.

Tras las elecciones, es necesario que el país retome el camino del desarrollo, que vuelva a crecer, que genere empleo, que recupere la confianza de los inversores, que retome el equilibrio fiscal y que combata el aumento de la violencia.

Por eso, propongo en Brasil la celebración de un gran pacto entre los tres poderes de la República, con la participación de la sociedad civil, adoptando el diálogo y la acción coordinada como instrumentos para la búsqueda de objetivos comunes.

Este pacto implica, con absoluta prioridad, que discutamos sobre las reformas de la seguridad social y de las pensiones, y que abordemos los problemas derivados de la inseguridad.

En este acuerdo, el papel del Poder Judicial será el de garante de la seguridad jurídica y de la armonía social. Tenemos un Poder Judicial fortalecido, independiente y que actúa, que cumple su función de garantizar la autoridad del derecho y de la Constitución.

El Supremo Tribunal Federal ejercerá el papel de moderador de los conflictos nacionales y garantizará los derechos, especialmente aquellos esenciales para el fortalecimiento del régimen democrático, como la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, reafirmada en juicios recientes de la Corte.

A pesar de la destacada importancia del Poder Judicial, es necesario que la política vuelva a liderar el desarrollo del país. La clave para el progreso de la nación reside en la armonía y en el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes.

El Estado brasileño seguirá comprometido con los derechos y principios fundamentales de la Constitución, entre ellos los principios orientadores de las relaciones internacionales, previstos en su artículo 4. A saber: la independencia nacional; la prevalencia de los derechos humanos; la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la igualdad entre los Estados; la defensa de la paz; la solución pacífica de los conflictos; el repudio al terrorismo y al racismo; la cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; y la concesión de asilo político.

La Constitución seguirá siendo nuestra brújula para el viaje y el Supremo Tribunal Federal, el timonel seguro y prudente en esa travesía, garantizando la solidez, la seguridad jurídica y la paz social, función última de la justicia.

José António Dias Toffoli es presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil