La CIDH alimenta las dudas sobre los juicios a políticos detenidos durante las protestas en Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cree que “están en grave riesgo” los derechos a la vida e integridad personal de tres políticos afines al correísmo en Ecuador, tras ser detenidos y encausados penalmente por rebelión durante las protestas del pasado mes de octubre. En consecuencia, ha concedido medidas cautelares en favor de Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, de su asesor Christian González, y de Virgilio Hernández, secretario ejecutivo de Compromiso Social, las nuevas siglas políticas que acogieron a los disidentes correístas de Alianza PAIS, tras la ruptura entre Rafael Correa y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

Más información

Las protestas en Ecuador redoblan la presión contra el Gobierno

Las protestas se agudizan en Ecuador

Las manifestaciones indígenas ahondan el conflicto entre Lenín Moreno y Correa

La CIDH ordena al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos de los tres, “quienes se encuentran privados de libertad y supuestamente expuestos a amenazas y actos de hostigamiento”, según la resolución 58/19 de la comisión emitida este viernes. Los tres beneficiarios de las medidas cautelares del ente interamericano está procesados y en prisión preventiva por su participación en las violentas protestas que llevaron al presidente Moreno a decretar el estado de excepción y a cambiar la sede de Gobierno desde la capital, Quito, a la ciudad costera de Guayaquil. La Fiscalía les investiga por instigar actos violentos, con base en escuchas telefónicas y evidencias que apuntan a una presunta coordinación y financiación de grupos que aprovecharon las jornadas de paro nacional para cometer actos violentos, realizar saqueos y desestabilizar al país.

Tras visitar en prisión a Pabón, Hernández y González -los dos primeros fueron colaboradores de primera línea durante la década en la que gobernó Correa-, la CIDH asegura haber percibido un nivel de hostigamiento y una situación de exposición frente a amenazas en el sistema penitenciario que justifica la orden a Ecuador. Le da 15 días al Ejecutivo de Lenín Moreno para informar a la Comisión de las medidas adoptadas.

Los abogados defensores de los tres implicados ya han anunciado que plantearán desde este lunes los recursos judiciales oportunos para que se acate la orden de la CIDH. Todas las propuestas van encaminadas a que sean liberados de la prisión preventiva y reciban medidas sustitutivas como arresto domiciliario, grillete electrónico o prohibición de salida del país mientras dure el proceso judicial por rebelión. En el caso de la prefecta de Pichincha, región en la que se asienta Quito, la Comisión puntualiza que debe evitarse un daño irreparable a los “derechos políticos de las personas elegidas por voto popular”. La prefecta, detenida el 14 de octubre, fue elegida en los últimos comicios municipales de mayo. A raíz de su encarcelación, pidió una licencia sin sueldo para ausentarse de su cargo, que caduca este domingo. En caso de no volver, podría ser apartada definitivamente.

No ha habido ningún pronunciamiento hasta ahora del Gobierno de Ecuador sobre la resolución ni sobre si será acatada o no, pese a que ésta da un espaldarazo a los cuestionamientos lanzados desde sectores correístas contra las investigaciones derivadas de las protestas. Críticas que, generalmente, hacen alusión a persecución política y detenciones arbitrarias. El expresidente Correa, que obvió y desconsideró acatar decisiones de la CIDH durante su mandato, celebró el reciente pronunciamiento como una victoria: “Ganamos todo a nivel internacional: Interpol rechaza pedidos de alerta roja, CIDH otorga medidas cautelares, etc.”, publicó en sus redes sociales.

El Estado, según recoge la resolución del organismo interamericano, defendió la legalidad del proceso penal, de las detenciones y de las escuchas telefónicas obtenidas con autorización judicial. Y reniega de que la CIDH considere que la estancia en prisión sea, per se, la situación que expone a los detenidos a una situación de peligro. “Según lo aportado (por el Estado), las escuchas se fundamentaron, inter alia, en declaraciones en redes sociales por parte de Virgilio Hernández, tales como: ‘O se cae el paquetazo o se cae el Gobierno”, cita el texto, donde también se insiste en la supuesta financiación, apoyo ilegal y material a los manifestantes.

Además del proceso por rebelión que investiga a Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, el asambleísta Yofre Poma, de la Revolución Ciudadana -el grupo de oposición que surgió tras la división entre morenistas y correístas-, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión a inicios de noviembre como cómplice de un delito de paralización de servicio público. Fue sorprendido durante las protestas en un acto de sabotaje a la extracción de petróleo en un pozo de la empresa estatal Petroamazonas. También está condenado el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez. Además, a raíz de las violentas jornadas, cuatro legisladores - Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina- solicitaron protección a México porque, según sus declaraciones, se sentían perseguidos. Y desde mediados de octubre permanecen alojados con sus cónyuges dentro de la embajada mexicana en Quito.