El británico Karim Khan será el nuevo fiscal del Tribunal Penal Internacional

El criminalista británico Karim Khan, de 50 años, será el nuevo fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el tercero desde la apertura de la institución, en 2002. Elegido este viernes en Nueva York, ha hecho falta una votación secreta porque no hubo consenso previo sobre el candidato idóneo, que debía salir de una lista de cuatro aspirantes. El español Carlos Castresana figuraba entre ellos y quedó en tercer lugar. Khan sustituirá a la gambiana Fatou Bensouda, hoy al frente del cargo. El TPI es la única instancia permanente para juzgar casos de genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, y el fiscal entrante afronta el reto de atraer a los países que la rechazan, como Estados Unidos, China, Rusia o Israel. Tendrá la oportunidad de investigar en Afganistán y Palestina, donde puede haber presiones políticas, y necesitará obtener mayor apoyo para el arresto de los imputados.

El primer titular de la Fiscalía del TPI fue el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, y después la propia Bensouda. Con un extenso currículo, Karim Khan es hoy asesor del secretario general de la ONU, António Guterres, y encabeza la misión que reúne pruebas sobre los crímenes yihadistas del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). Ha participado en causas en los Tribunales Internacionales Especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, así como para Camboya, Líbano y Timor Oriental. También, en la Misión de la UE para el Estado de Derecho en Kosovo. Fue el abogado principal del expresidente de Liberia Charles Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona; representó al vicepresidente de Kenia William Ruto, y actuó en el caso contra Saif el Islam, hijo del dictador libio Muamar el Gadafi, ante el propio TPI.

Consolidada como institución, el TPI ha sido criticado por fijarse sobre todo en los crímenes cometidos en África y por la lentitud de su labor, traducida en nueve condenas en 19 años. El mandato de fiscal es por nueve años no renovables, y el TPI mismo precisa del compromiso de los países miembros, puesto que carece de policía propia. Está previsto que la fiscal Bensouda deje el puesto el próximo junio, y Khan afrontará retos en el seno de su propia oficina, donde ha habido supuestos episodios de acoso, y deberá recabar ayuda para llevar a cabo sus indagaciones así como reforzar la protección de los testigos. Será crucial la mejora de la recogida de pruebas.

Tendrá además sobre la mesa el caso de Afganistán, uno de los que puede presentar presiones externas ya que aparece Estados Unidos, que no es miembro del TPI y se niega a aceptar cualquier indagación sobre supuestos crímenes de guerra cometidos en suelo afgano por soldados estadounidenses entre 2002 y 2003. Afganistán sí es miembro de la corte, de ahí que los ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos allí puedan ser perseguidos por la justicia internacional. La investigación incluye a soldados afganos, talibanes, a la red Haqqani —considerado grupo terrorista por EE UU— y a personal de la CIA, entre los presuntos autores de los crímenes.

Otro caso parecido incumbe a Israel, que tampoco forma parte del TPI acusa a la corte de ser “un arma política para deslegitimar el Estado judío”. De ahí su rechazo a cooperar en la búsqueda de supuestos crímenes de guerra cometidos por el Ejército de Israel en los territorios palestinos desde 2014. Palestina es un Estado observador (no de pleno derecho) en Naciones Unidas desde 2012, y ratificó en 2015 el Estatuto de Roma, el texto fundacional del TPI. Este febrero, los jueces del tribunal decidieron que la Fiscalía era competente para ver lo ocurrido en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y ampliar sus inspecciones a las acciones de milicias palestinas como Hamás o la Yihad Islámica.

En noviembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce el papel del TPI en la lucha contra la impunidad y a favor de los derechos humanos, y pidió la cooperación de los Estados.