El ejército ruso se prepara para reclutar a hombres en libertad condicional y con antecedentes penales

Las compañías rusas de mercenarios tenían vía libre desde hace meses para reclutar presos para el frente en Ucrania. El ejército no podrá ir tan lejos, pero a partir de ahora podrá recurrir, no a condenados en prisión, pero sí a personas en libertad condicional, en tercer grado o con antecedentes penales incluso por asesinato. El Consejo de la Federación, el equivalente al Senado, ha aprobado este miércoles la reforma de la ley sobre movilizaciones, después de que le diera ya el visto bueno la Duma, la Cámara baja.

Además, la reforma abre la puerta a que los objetores de conciencia también tengan que participar en la guerra, pues podrán ser obligados a cumplir el servicio social alternativo como personal civil dentro de las Fuerzas Armadas.

Hasta ahora, la ley impedía que el ejército profesional se reforzase con personas condenadas por delitos graves. No podían ser reclutados aquellos que estuvieran en libertad condicional, sujetos a otras medidas judiciales restrictivas, o que hubiesen salido ya de prisión, pero cuyos antecedentes penales no fueran a cancelarse hasta ocho años después. La reforma, no obstante, mantiene excepciones al reclutamiento de exconvictos, ya que no permite llevar a filas a ciudadanos que hayan abusado de menores, hayan sido juzgados por terrorismo, participasen en una rebelión o intento de toma violenta del poder, o colaborasen con Estados extranjeros.

Dado que la norma no se ha modificado hasta ahora, personas con antecedentes por delitos graves como el asesinato o tráfico de drogas no formaban parte de la movilización decretada por Vladímir Putin el 21 de septiembre, pero algunos grupos de activistas, como Llamamiento a la Conciencia, denunciaron varios casos en los que exconvictos recibieron la notificación para presentarse inmediatamente en las oficinas de alistamiento.

El Kremlin asegura que la movilización ha terminado y Putin ha afirmado que no hará falta firmar un nuevo decreto para formalizar su fin. La orden original no estipulaba ni fechas límite ni cifras de ciudadanos a llamar a filas, por lo que muchos temen que esa indefinición permita continuar con el reclutamiento de un modo u otro.

Uno de los promotores de la reforma que recibió el visto bueno el miércoles fue la senadora Olga Kovitidi. Durante su presentación propuso: “Si el reo muestra valor y heroísmo en el cumplimiento del deber militar [...] entonces, a propuesta de sus mandos, el tribunal puede liberarle del cumplimiento de la pena o del resto que le queda; quitándole la condena o sustituyendo el resto del castigo por uno más leve”.

Las declaraciones de Kovitidi provocaron confusión, porque sugería que podrán ser reclutados presos. El activista de derechos humanos Serguéi Krivenko fue preguntado por el medio Life si la nueva norma afectaba a los presos. Este matizó que la reducción de penas solo se aplicaría a condenados que ya disfrutan de algún grado de libertad. Según sus estimaciones, esto afectaría “a cientos de miles de personas”.

Uno de los grandes defensores de esta reforma legal ha sido el dueño de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin. Conocido como El Chef de Putin, el empresario ha ganado poder en los últimos meses ante la debacle en Ucrania del Ministerio de Defensa ruso. Alexánder Lapin, uno de los generales a los que Prigozhin ha criticado duramente, fue destituido hace días.

Entrevistado por el diario RBK, Prigozhin subrayó que “cuanto más dura es la condena, más necesario es que una persona vaya al frente y defienda su patria”. En su opinión, ello “motivará” al soldado, que “habrá emprendido el camino del bien”. Así, argumentó el dueño de la compañía Wagner, una vez acabe la guerra de Ucrania, el antiguo recluso podrá “viajar por el mundo y tratar con terroristas, colonizadores y otros agresores de los intereses rusos”.

Por otro lado, la reforma de la ley establece que los ciudadanos que hacen el servicio alternativo podrán ser destinados “a puestos de personal civil dentro de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y otras formaciones militares”. La enmienda no aclara si pueden ser enviados a zona de guerra, aunque una parte es formalmente territorio ruso para las autoridades desde su anexión a finales de septiembre.

“Si el servicio civil en las Fuerzas Armadas es contrario a las convicciones de uno, esto puede ser impugnado ante los tribunales”, recalca en su canal la plataforma Llamamiento a la Conciencia, formada por abogados. La organización denuncia que la movilización ha podido terminar formalmente, pero que las autoridades se han guardado una carta en la manga para un reclutamiento encubierto: “Los comisarios militares pueden seguir entregando notificaciones con el pretexto de reclutar voluntarios”.

Promesas rotas

Los senadores presumieron el miércoles durante el debate de la reforma de su contribución al esfuerzo bélico. Según consta en el resumen de la Cámara, el primer vicepresidente del Consejo de la Federación, Andréi Turchak, aseguró que sus compañeros recaudaron en sus regiones más de 1.200 millones de rublos, unos 20 millones de euros, “para comprar equipamiento bélico y de construcción, armas, uniformes y ropa de abrigo para el personal militar”.

Sin embargo, continúan las protestas por el trato a los movilizados en las regiones con menos recursos, pues los pagos dependen de cada provincia. Más de un centenar de movilizados de Uliánovsk grabaron un vídeo para denunciar que no habían recibido aún, más de un mes después, el dinero prometido.

“Arriesgamos nuestras vidas por su seguridad y su tranquilidad, y el Estado se niega a pagarnos los 195.000 rublos [casi 3.200 euros] que nos prometió el presidente Vladímir Putin”, decía uno de los militares en el vídeo difundido por el canal de Telegram Chuvasia enfadada. Los combatientes también criticaban que no había llegado aún el pago de otros 300.000 rublos prometidos como extra, y se negaban a ir al frente porque no podrían mantener a sus familias. Algunos de ellos fueron detenidos tras manifestarse.

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