‘Qatargate’, la punta del iceberg

El denominado Qatargate ha estallado en el momento más inoportuno, precisamente cuando el Mundial de Fútbol estaba a punto de clausurarse con un evidente éxito a nivel organizativo. En las últimas semanas parecía que las aguas del río habían vuelto a su cauce después de que el emirato fuera objeto de una feroz campaña mediática en la que se denunció la sistemática explotación laboral de decenas de miles de trabajadores asiáticos bajo el régimen de la kafala (marco de relación entre los empleados inmigrantes y las empresas locales).

El descubrimiento de una supuesta trama de corrupción en el seno del Parlamento Europeo para interceder a favor del emirato viene a empañar, aún más, la imagen de Qatar, ya enormemente erosionada tras la controvertida concesión de la organización del Mundial en 2010. En aquel entonces, el que fuera presidente francés, Nicolas Sarkozy, fue acusado de haber intercedido a favor de la candidatura catarí a cambio no solo de sustanciosas inversiones del fondo soberano del país árabe en empresas francesas y de un contrato multimillonario de venta de armamento al emirato, sino también de la financiación de su fallida campaña ante François Hollande en 2012.

En los últimos 25 años, este pequeño país del Golfo ha adquirido un desproporcionado protagonismo internacional que no corresponde ni a su tamaño ni a su peso demográfico. Dos factores explican esta aparente anomalía. De una parte, sus importantes recursos energéticos, ya que posee el tercer mayor yacimiento de gas del mundo (tras los de Rusia e Irán) y es, además, el primer exportador de gas natural licuado, lo que le ha permitido realizar importantes inversiones tanto en el mundo occidental como en el continente asiático a través de su fondo soberano. De otra parte, una política exterior hiperactiva que apuesta por el soft power o poder blando para tratar de ganar peso en el mundo árabe y proyectarse como una potencia a escala internacional. La promoción de la diplomacia pública, la financiación de Al Jazeera o la organización de grandes eventos deportivos y culturales son algunas de sus señas de identidad.

La Primavera Árabe supuso un punto de inflexión en las relaciones con sus vecinos. A partir de entonces, Qatar adoptó una política mucho más intervencionista y apostó sin ambages por la Hermandad Musulmana, la fuerza más beneficiada por la caída de los dirigentes autoritarios en Túnez, Libia y Egipto. Al servicio de las movilizaciones populares puso a la influyente cadena Al Jazeera, que difundió hasta la saciedad los lemas coreados por la calle árabe: “Pan, libertad y justicia social”. Este creciente activismo no tardó en pasarle factura, ya que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin impusieron, en junio de 2017, un bloqueo por tierra, mar y aire con el propósito de doblegar a su díscolo vecino y hacerle renunciar a su ambiciosa política exterior. Si bien es cierto que la derrota electoral de Donald Trump, un estrecho aliado del bloque contrarrevolucionario árabe, aceleró la normalización de relaciones con Qatar, también lo es que la mayor parte de las diferencias entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo no han llegado a resolverse.

Aunque todavía desconocemos más de lo que sabemos sobre el Qatargate, parece claro que el emirato tendrá que asumir un elevado coste reputacional por sus intentos de influir en las decisiones del Parlamento Europeo sobre la vulneración de los derechos humanos en el interior del país. Este nuevo escándalo vuelve a sembrar las dudas sobre los controvertidos métodos empleados por Qatar para ganar respaldos internacionales y silenciar a las voces críticas. Lo más probable es que las investigaciones evidencien que estamos solo ante la punta del iceberg y que otros países de la región hayan recurrido a las mismas prácticas para tratar de preservar sus intereses.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.