El Gobierno de Sunak reconoce sus dudas sobre la legalidad de la nueva política de inmigración

El Gobierno de Rishi Sunak está dispuesto a comprobar hasta dónde puede estirar los límites de la legislación internacional sobre derechos humanos para sacar adelante su nueva política de inmigración. La ministra del Interior, Suella Braverman, ha enviado una carta a los diputados conservadores en la que explica las razones para impulsar la nueva ley, que vetará la solicitud de asilo de aquellas personas que lleguen en patera a las costas del Reino Unido.

Braverman ha echado mano de la sección 19 de la Ley de Derechos Humanos de 1998, el texto que el Reino Unido aprobó para que sus jueces y tribunales se ajustaran a las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que forma parte. Esa sección 19 obliga al ministro responsable de un nuevo proyecto de ley, en el caso de que no tenga clara su compatibilidad con la Convención, a admitir formalmente esa duda si quiere seguir adelante con la tramitación. Es el modo de trasladar toda la responsabilidad al Gobierno y evitársela al Parlamento.

“Nuestro planteamiento es robusto y novedoso, y por eso he realizado la admisión formal [a la que estaría obligada]. Esto no quiere decir que las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención, solo que hay algo más de un 50% de posibilidades de que no lo sean”, reconoce Braverman en su carta. “Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional”.

Es decir, puede que sea legal... o puede que no lo sea. Es la muestra de la flexibilidad con que el derecho común anglosajón hace frente a estas materias, pero también de la voluntad de Downing Street de poner en juego la credibilidad internacional del Reino Unido a cambio de halagar los oídos de los diputados conservadores más extremistas.

Da la impresión, sospechan muchos críticos de Sunak, que el primer ministro quiere hacerse perdonar el exceso de diplomacia y guante blanco desplegado la semana pasada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para sacar adelante un nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte y su encaje en el Brexit. Una de cal y otra de arena. El nuevo plan contra la inmigración irregular (que el Gobierno británico insiste en llamar “inmigración ilegal”, en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas) arremete contra las dos bestias negras de los tories del ala dura del partido: la inmigración y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“En los dos últimos años, hemos visto un aumento del 500% en la llegada de pequeñas embarcaciones [que cruzan el canal de la Mancha]. Este es el punto clave al que responde esta ley. No lograremos detener estas llegadas hasta que todo el mundo sepa que, si entras al Reino Unido de modo ilegal, serás detenido y deportado de inmediato a tu país de origen o a un tercer país seguro como Ruanda”, ha asegurado este martes Braverman en la Cámara de los Comunes, donde ha presentado más detalles de la nueva Ley de Inmigración Ilegal. Fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, el que paralizó en junio del año pasado el primer intento de deportar inmigrantes a Ruanda, después del pacto alcanzado entre Londres y Kigali para enviar allí a los detenidos y tramitar desde ese país sus solicitudes de asilo. La ministra ha anunciado el inicio de conversaciones con Estrasburgo para evitar nuevas intervenciones como aquella, que ha calificado de “defectuosa” y “opaca”.

Nuevas medidas más duras

Braverman ha confirmado en el Parlamento las nuevas medidas contempladas en la ley, que suponen un esfuerzo draconiano por poner freno a la llegada de pateras a las costas del sur de Inglaterra. Si en 2018 fueron 299 los inmigrantes interceptados, según cifras del Ministerio del Interior británico, en 2022 había ascendido a 46.000. Estas son las novedades de un proyecto cuyo texto aún no ha sido publicado:

—Se impone al titular del Ministerio del Interior la obligación legal de “expulsar a todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente al Reino Unido”. Serán devueltos a su país de origen o “a un tercer país seguro”. Es decir, queda vetada la posibilidad de iniciar los trámites de solicitud de asilo a los que accedan al país de modo irregular. Solo los menores de edad, los que no puedan volar por su condición médica, o aquellos “que se enfrenten a un riesgo de daño grave e irreparable” podrán retrasar su deportación.

—El Gobierno podrá retener a los irregulares interceptados hasta 28 días, sin necesidad de tener autorización judicial ni darles la posibilidad de solicitar a un magistrado la libertad bajo fianza. Permanece, no obstante, el derecho de habeas corpus, esto es, el derecho a comparecer físicamente ante el juez para que determine la legalidad de la detención. El Ministerio del Interior dispondrá de ese plazo de cuatro semanas para proceder sin apenas trabas a la deportación.

—Downing Street se adjudica la retroactividad de la ley. Es decir, a la espera de que supere todos los trámites parlamentarios y entre en vigor, dentro de unos meses, su aplicación empezará a contar desde este mismo martes. El Gobierno de Sunak quiere reforzar el efecto disuasorio de la norma.

—Se impedirá a toda costa la posibilidad de asentamiento a las personas que accedan al Reino Unido de manera irregular y sean interceptadas. A diferencia de la legislación existente hasta ahora, que imponía un castigo de entre cinco y diez años, con el nuevo proyecto se prohibirá de por vida el retorno a territorio británico.

—El Parlamento aprobará cada año el número límite de personas que podrán entrar legalmente en el Reino Unido, a través las “rutas seguras” que el Gobierno ha prometido diseñar (y aún no ha hecho).

Oleada de críticas

La oposición laborista, consciente de que la inmigración irregular es terreno electoral pantanoso, ha centrado sus críticas al proyecto en la previsible imposibilidad de ponerlo en práctica, su ineficacia, su alto coste y el hecho de que sea la enésima promesa conservadora de solucionar el problema. “Sabemos que se van a dedicar, a lo largo del año que viene, a culpar a los demás de que el plan no haya funcionado. Ya basta. No podemos permitirnos más eslóganes en vez de soluciones”, ha reprochado a Braverman la portavoz laborista de Inmigración, Yvette Cooper.

Otros diputados de la izquierda, deseosos de intervenir en el debate, arremetían de modo más duro contra la ley. “Pido a la ministra que rebaje su tono inflamatorio, que está poniendo en riesgo a los inmigrantes y a aquellos que les representan”, exigía John McDonnell, quien fue número dos del Partido Laborista en la anterior época liderada por Jeremy Corbyn. Braverman acababa de arengar a los diputados conservadores con la promesa de la pronta expulsión del país de todos los “delincuentes extranjeros”.

Sunak visitaba este mismo martes, mientras Braverman explicaba la nueva ley a los diputados, las instalaciones portuarias de la localidad de Dover, donde se recoge y distribuye a los inmigrantes llegados en patera a las costas británicas e interceptados por la Guardia Costera. El primer ministro llegaba hasta allí en helicóptero, se reunía con los oficiales al mando de la operación, permitía a las cámaras grabar toda esa escenografía y regresaba más tarde a Downing Street para defender personalmente la nueva ley. En el atril, el rótulo Stop The Boats (Paremos las Embarcaciones). “La gente debe saber que, si llegan aquí de modo ilegal, serán detenidos y expulsados de inmediato. Y cuando esto ocurra, y saben que ocurrirá, dejarán de venir y pararemos la llegada de embarcaciones”, prometía Sunak.

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