El Departamento de Justicia alcanza un acuerdo que prohíbe separar familias en la frontera durante ocho años

El Departamento de Justicia ha anunciado este lunes un acuerdo judicial con las familias migrantes que fueron separadas en la frontera durante la Administración de Donald Trump. El pacto, que aún debe ser aprobado por un tribunal de distrito de San Diego, ofrece beneficios a quienes fueron víctimas de una de las políticas más extremas del expresidente e impide al Gobierno implementar medidas similares en los próximos ocho años. De ser aprobado, la resolución blindaría temporalmente a los inmigrantes de políticas de “tolerancia cero”, sobre todo si Trump vuelve a la Casa Blanca en enero de 2025 tras ganar las elecciones del próximo año.

El acuerdo beneficiará a entre 4.500 y 5.000 menores y a sus padres, quienes fueron separados por las políticas ideadas por Stephen Miller, el radical asesor de Trump para la frontera. Este grupo podrá recibir permiso de trabajo por tres y cinco años, ayudas de vivienda por un año, asistencia legal y cobertura médica limitada que incluye terapias psicológicas para revertir el trauma creado por la situación. Como parte del trato, el Gobierno está obligado a seguir identificando a familias separadas, financiar su reunificación en territorio estadounidense e iniciar los trámites para considerarlos asilados. La resolución no contempla pagos a las familias ni otro monto económico de reparación del daño.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) comenzó en julio de 2019 el juicio que hoy alcanza su resolución. La organización ha explicado que una de las partes esenciales del pacto es que el Gobierno no pondrá en marcha políticas similares en el futuro. “Este acuerdo cierra el oscuro capítulo de la Administración Trump, pero aunque es bienvenido, el daño que se infligió a esas familias será siempre trágico e irreversible”, ha señalado Anthony Romero, el director ejecutivo de ACLU en un comunicado.

“La práctica de separar familias en la frontera sur del país fue vergonzosa”, ha asegurado Merrick Garland, el fiscal general de Biden, al darse a conocer el acuerdo entre las partes, que tomó tres años de negociaciones. “Este pacto facilitará la reunificación de las familias y les brindará servicios críticos para que se recuperen”, ha añadido el funcionario en un comunicado.

La política de “tolerancia cero” de Trump desató una polémica internacional por inhumana. Las autoridades estadounidenses comenzaron a implementarla en secreto en 2018. Esto hacía que los inmigrantes adultos fueran fichados y procesados en centros de detención a la espera de enjuiciarlos. Como sus hijos no podían ser encarcelados, los servicios de Inmigración los ponían en custodia del Gobierno Federal o de alguna familia. En mayo de aquel año, la Administración reconoció que había perdido la pista a unos 1.500 menores indocumentados. Una corte de distrito emitió en junio de 2018 una medida cautelar para frenar la política de “tolerancia cero”. Ante las críticas, Trump emitió una orden ejecutiva para ponerle fin. Las familias inmigrantes, sin embargo, continuaron separadas.

La primera demanda de ACLU aseguraba que unos 900 menores habían sido separados de sus padres por las políticas del expresidente republicano. El número de víctimas de la medida fue creciendo. Cuando el presidente Joe Biden llegó al poder, en enero de 2021, eliminó la política de Trump y creó un grupo de trabajo enfocado en localizar y reunir a las personas separadas. De acuerdo al Departamento de Seguridad Interior, unos 3.881 menores fueron separados de sus padres entre 2017 y 2021.

“Intentamos hacer todo en nuestro poder para asegurarnos de que las crueldades del pasado no se repitan en el futuro. Hemos puesto en marcha procedimientos con este acuerdo para avanzar en este esfuerzo”, ha dicho este lunes a la agencia Associated Press Alejandro Mayorkas, el encargado de Seguridad Interior.

El 74% de las familias han sido reunidas. Unos 2.100 casos fueron resueltos antes de que Biden llegara a la presidencia. El grupo de trabajo originado por la Administración ha reunido a unos 750 menores con sus familiares. Otros 85 están en el proceso de ser reunificados. Este grupo subraya que al menos 290 menores que fueron víctimas de la política de “tolerancia cero” tenían la nacionalidad estadounidense.

En un principio, el Gobierno de Biden mantuvo abierta la posibilidad de compensar con hasta con 450.000 dólares a las víctimas de la política de separación de familias. “Si perdiste cruzando la frontera a uno de tus hijos por el indignante comportamiento de la anterior Administración, legal o ilegalmente, mereces una compensación. No importa la circunstancia”, dijo el presidente en noviembre de 2021. La iniciativa fue criticada por varios flancos internos, lo que orilló a la Casa Blanca a dar marcha atrás a su propuesta. La Administración fue orillada a litigar cientos de casos de manera individual. Estos han sido resueltos hoy con una promesa de no repetir la medida en el futuro. Está por verse si Trump cumple con ello si es que retorna al poder.

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