El Gobierno de Starmer libera a 1.100 presos más para descongestionar las cárceles del Reino Unido

Keir Starmer, el primer ministro británico, heredó unas cárceles a punto de desbordarse por falta de celdas. Era la consecuencia de décadas de obsesión por parte de conservadores y laboristas británicos en ofrecer una imagen de mano dura contra la delincuencia. Los jueces enviaban a prisión con sentencias de apenas seis meses. El Gobierno británico ha liberado este martes a otros 1.100 reclusos, que se suman a los 1.700 que ya soltó en septiembre. Todos ellos, en teoría, llevaban ya encerrados más de cinco años y habían cumplido el 40% de su condena. Y ninguno era responsable de crímenes violentos, agresiones sexuales o terrorismo.

Pero para aminorar la incómoda sensación que una decisión así produce entre la ciudadanía, la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, ha querido que la nueva tanda de liberaciones fuera acompañada del anuncio de una revisión a fondo del sistema penal, que será liderada por el exministro conservador, David Gauke.

“Creo en el castigo. Y creo en la pena de prisión. Pero también creo que debemos aumentar la variedad de castigos que usamos. Y aquellos presos que se han ganado el derecho a dar un giro a sus vidas deben ser animados a hacerlo”, ha defendido la ministra al presentar su proyecto de reforma.

Con datos de este martes, el Reino Unido tiene 87.465 reclusos en sus cárceles. Quedan disponibles 1.671 plazas. Pero el número de quienes ingresan cada año son aproximadamente unas 4.500 personas. El Gobierno se enfrenta a una carrera contrarreloj de imposible solución sin respuestas drásticas.

El plan de liberación anticipada puesto en marcha por el Gobierno de Starmer plantea que 5.500 reclusos salgan a la calle. Pero en esta segunda fase ha prevalecido la prudencia. En septiembre, casi 40 condenados por malos tratos, y muchos reincidentes, fueron soltados por error. La policía tuvo que avisar aceleradamente a sus víctimas y en muchos casos arrestar de nuevo a los liberados.

No se han podido evitar, sin embargo, nuevas escenas provocadoras, como las de los familiares y amigos de algunos reclusos que han acudido a las puertas de la prisión a recogerles en automóviles de lujo. “El primer ministro comparte la irritación de los ciudadanos ante estas escenas, y piensa que es escandaloso que el Gobierno haya heredado esta crisis”, ha dicho un portavoz de Starmer. “Pero seamos claros, no había otra opción que actuar. De lo contrario, nos habríamos tenido que enfrentar a una parálisis total del sistema”, ha señalado.

La remesa de este martes procede sobre todo de las llamadas “cárceles abiertas”, un grado de instalación para presos en fase de rehabilitación, donde gozan de mayor autonomía.

El anterior Gobierno conservador de Rishi Sunak ya se planteó también la liberación antes de tiempo de miles de reclusos, para aliviar la presión. Pero el temor a un castigo electoral de sus votantes hizo que la pelota siguiera rodando hacia adelante, hasta que el nuevo equipo de Downing Street tuvo que asumir la impopular decisión. La prensa tabloide conservadora, pero también televisiones como la BBC, se apresuraron en mostrar la imagen de la salida de algunos de los presos liberados en septiembre, que fueron rociados con champán por sus familiares y amigos.

“Crimen y castigo” en el siglo XXI

El Gobierno laborista ha prometido la construcción de 14.000 nuevas celdas, pero quiere además poner en marcha una revisión a fondo del sistema penal, y ha encargado ese trabajo al ex ministro conservador de Justicia, David Gauke. Se trata de un político moderado que, desde que abandonó las filas de su partido irritado por el Brexit y la deriva populista de los tories, ha luchado con escaso éxito por devolver a su formación al espacio del centro.

Desde 2019 lleva defendiendo la necesidad de hacer una revisión a fondo el sistema penal británico. “Está claro que nuestro sistema penitenciario no funciona”, ha dicho Gauke al darse a conocer la comisión que va a presidir. “La población carcelaria aumenta cada año en unas 4.500 personas, y el 90% de los que ingresan son reincidentes. Con esta revisión queremos explorar en qué consisten el castigo y la rehabilitación en el siglo XXI”.

La comisión no presentará su informe hasta la próxima primavera, pero el Ministerio de Justicia ya ha señalado algunas de las iniciativas y propuestas que tomará en consideración. Los jueces, por ejemplo, podrían recibir mayores competencias que les permitieran imponer un arresto domiciliario en vez de una pena de cárcel. El uso de brazaletes electrónicos de seguimiento permitiría ampliaría la libertad de movimientos de los condenados, que podrían trabajar y atender a la vez sesiones de rehabilitación o desintoxicación.

El Gobierno estudia también la utilización de aplicaciones en el teléfono móvil o en el reloj inteligente que servirían como alarma o advertencia al recluso, para avisarle de cuándo debe acudir a su cita habitual con el oficial asignado a su caso y encargado de su custodia.

Pero, sobre todo, la comisión deberá perfilar con cuidado los casos en los que sea posible evitar la cárcel, cuando la condena es de seis meses o menos. “¿Por qué tenemos que gastar el dinero del contribuyente en algo que no funciona, en algo que, de hecho, reduce nuestra seguridad?”, se preguntaba Gauke en 2019, después de señalar que un cuarto de millón de los condenados en los cinco años anteriores lo habían sido por menos de medio año, y dos tercios de ellos habían reincidido.

En España, el Código Penal permite a los jueces suspender la entrada en prisión de un condenado a una pena no superior a dos años “cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos”.