Meloni desafía a la justicia italiana con un segundo intento de deportación de migrantes a Albania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, vuelve a desafiar tanto a los tribunales de su país como a la normativa europea sobre asilo e intentará de nuevo, a partir del próximo lunes, una segunda deportación a Albania de migrantes rescatados en el Mediterráneo. Según han confirmado fuentes oficiales, con la llegada del buen tiempo y la reanudación de las llegadas de embarcaciones por mar desde Libia y Túnez, la nave militar Libra, la misma que efectuó el primer viaje, se situará a 20 millas de la isla de Lampedusa, fuera de aguas territoriales italianas, para empezar a recoger náufragos y luego navegar a Albania.

El Gobierno de ultraderecha italiano insiste así en su plan tras el fracaso de su primer ensayo, iniciado el pasado 16 de octubre, cuando las primeras 16 personas trasladadas acabaron siendo transferidas a Italia de todos modos en tres días. Dos de ellas por ser menores, dos por estar en condiciones de vulnerabilidad y el resto, por decisión de un tribunal de Roma que no convalidó su retención, amparándose en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El revés judicial ha puesto en peligro todo el modelo Albania, plan estrella de Meloni contra la inmigración ilegal y apoyado por la Comisión Europea como respuesta “innovadora” al problema, pero ella ha decidido seguir adelante. Ha aprobado un decreto ley que pretende forzar a los magistrados a obedecer al Ejecutivo, pues la anterior norma era de rango inferior y considera que esta es de obligado cumplimiento.

Es decir, en cuestión de días se producirá un segundo asalto del combate entre el Gobierno de ultraderecha y la justicia italiana, de resultado más que incierto, porque en realidad el choque de fondo es con la ley europea vigente, de 2013, que los tribunales italianos afirman que se limitan a aplicar como norma superior de derecho. Según el Gobierno, en cambio, los jueces italianos han malinterpretado la reciente sentencia europea, y espera que ahora la interpreten como el Ejecutivo desea. Además, subrayan, la normativa europea cambiará en 2026, con la entrada en vigor del polémico pacto migratorio de la UE, y ya será igual que la aplicada ahora por Italia. Los jueces replican a ese argumento que eso será en 2026, pero hasta entonces no.

El conflicto ya ha desembocado en un trámite que se preveía desde el principio: un tribunal de Bolonia, ante un caso de petición de asilo, ha elevado esta semana una consulta al tribunal europeo para que le aclare qué debe hacer, y le confirme que tiene que aplicar la norma europea y desobedecer la ley italiana. El problema es que la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo tardará meses. Meloni no puede esperar tanto.

Viabilidad del protocolo

Lo que está en juego es la viabilidad del polémico protocolo rápido, aprobado por Italia hace año y medio, para la retención en frontera de migrantes, en este caso en Albania, rechazo veloz de peticiones de asilo y repatriación. Es la base del modelo Albania, pero según los tribunales italianos, que deben validar el proceso caso por caso, no encaja con la normativa europea. Con la primera deportación, la sección de inmigración del tribunal de Roma rechazó la solicitud de las autoridades, tomando como referencia la doctrina del tribunal europeo acerca de los llamados países seguros a la hora de tramitar o no una solicitud de asilo. Es el concepto clave sobre el que se origina el conflicto legal.

Un país seguro es aquel en el que se respetan los derechos humanos y cuyos ciudadanos, por tanto, se presume que no tienen motivos para pedir asilo. Es decir, para Italia significa que se les puede aplicar ese protocolo rápido de rechazo de su solicitud, sin dejarles siquiera entrar en el país. Hay otros condicionantes: se seleccionan solo hombres adultos y sanos, que sean rescatados en aguas internacionales por naves de bandera italiana.

El Gobierno de Meloni tenía una lista de 22 países seguros de origen y si una persona rescatada en el mar proviene de uno de esos países quiere decir que se le puede deportar a Albania. El problema es que los criterios de la sentencia europea son más restrictivos que los italianos: basta que en una zona de un país no se respeten los derechos humanos o que haya un colectivo perseguido para que todo el país sea considerado no seguro. Reducía esa lista a solo siete países, y dejaba fuera a todos los principales de origen de las llegadas por mar a Italia, como Bangladés, Egipto, Libia o Túnez. En resumen, inutilizaba todo el plan de Albania, con un coste mínimo estimado por el Gobierno de 635 millones en cinco años.

El primer test del Gobierno italiano chocó de lleno con esta realidad: los 12 migrantes recluidos en el campo de internamiento de Gjadër eran de Bangladés y Egipto, considerados no seguros según los baremos de la sentencia europea, y, por tanto, el tribunal de Roma no validó su retención. En los próximos días, volverá a repetirse la misma escena, y el desenlace marcará el éxito o fracaso del modelo Albania.

Italia ha retocado ahora levemente su lista de países seguros, donde considera que no hay violaciones de derechos humanos, para poder deportar a Albania a sus ciudadanos. La ha reducido de 22 a 19, y son los siguientes: Albania, Argelia, Bangladés, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez.

Por el contrario, según la sentencia europea solo serían seguros siete: todos europeos menos uno. Es decir, Italia solo podría trasladar a Albania a los ciudadanos de estos Estados, con apenas llegadas por mar: Albania, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. En el choque entre estas listas reside el conflicto que ahora vuelve a plantearse.