La otra cara de la prisión preventiva oficiosa: 17 años en la cárcel y sin condena

Cuando Daniel García, de 56 años, y Reyes Alpízar, de 54, pisaron la prisión de Barrientos (Tlalnepantla, Estado de México) jamás imaginaron que pasarían casi dos décadas encerrados, pese a que ningún juez los condenó. Ambos fueron torturados y encarcelados por el homicidio de la regidora del municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamés, del conservador PAN, ocurrido en 2001. Tras dos años en libertad condicional, García y Reyes han logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponga la lupa sobre su caso y cuestione el uso de la prisión preventiva oficiosa en México: una herramienta para encerrar a las personas sin derecho a interponer un recurso para llevar su proceso en libertad. 20 años después del homicidio, el caso apenas ha culminado la fase de instrucción y está visto para sentencia.

García y Alpízar no tienen nada en común. El primero es un político local que dejó su cargo en Atizapán por la ganadería y el segundo un artesano y asesor sindical. Pero en 2002, Alpízar inició una corta conversación en la cárcel que unió para siempre estas dos vidas abismalmente distintas: “Hijo de tu p… madre, ¿por qué me metes en tus pedos?”, acusó al expolítico, que para su sorpresa le explicó que estaban en la misma situación. “Yo tampoco hice nada. Somos inocentes”, le aseguró García. Este intercambio los llevó a trabajar juntos para denunciar las malas prácticas de la Fiscalía del Estado de México en la investigación del caso.

Las pesquisas del asesinato de Tamés era responsabilidad del Gobierno del Estado de México, en ese entonces liderado por Arturo Montiel, del PRI. En un esfuerzo por acelerar la resolución del caso, el gobernador puso al frente de la procuraduría a Alfonso Navarrete, quien después sería secretario del Trabajo federal durante la presidencia del sobrino y sucesor de Montiel en la entidad, Enrique Peña Nieto. Navarrete diseñó la versión oficial del suceso: la regidora habría tocado callos dentro del Ayuntamiento al destapar una supuesta trama corrupta. Ese descubrimiento, según los investigadores, motivó al alcalde Juan Antonio Domínguez —también panista— a ordenar su ejecución con la ayuda de García, su exsecretario particular. Los políticos habrían pagado los servicios de un tal Jaime Martínez, con varios antecedentes, para tirar del gatillo.

“Querían dar una imagen de mano dura”

A García lo detuvieron en febrero de 2002, casi medio año después del suceso. Nunca se le mostró una orden judicial. El exfuncionario cuenta todo desde el patio de su casa en Atizapán mientras su perro juega con los cordones de sus zapatos. Está convencido de que lo suyo fue un caso de persecución política “de libro”. “Se estaba persiguiendo a opositores, querían dar una imagen de mano dura”, se queja mientras cruza la pierna izquierda y se descubre un grillete electrónico que aprieta su tobillo. Para el año en el que fue arrestado, la procuraduría ya había metido en prisión a otros dos alcaldes de la oposición por delitos como abuso de autoridad y faltas administrativas: Roberto Zepeda (Chapa de Mota) y Guillermo Espinosa (Huixquilucan).

El exfuncionario fue detenido bajo arraigo en un hotel del municipio vecino de Tlalnepantla, donde sufrió una constante tortura psicológica: “Estaba rodeado de policías. Me dijeron que si no incriminaba al alcalde, iban a ir por mi familia”. Los agentes cumplieron su amenaza. Su padre y varios familiares fueron encarcelados, aunque luego saldrían por falta de pruebas. Más tarde, la fiscalía acordonó una de sus casas bajo el supuesto de que ahí se había montado una base de espionaje. Finalmente, entró en la cárcel el 10 de abril de 2002, 45 días después del arraigo.

El juez le dictó prisión preventiva oficiosa. Es decir, pasó automáticamente a la cárcel sin un juicio y sin poder reclamar la medida. Para Simón Hernández, quien representa a García y a Alpízar ante la Corte Interamericana, la herramienta es “autoritaria y contraria a la presunción de inocencia”. La figura aparece en la Constitución y ha sido criticada por organismos internacionales y las ONG en México. En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó nueve delitos más que ameritan esa norma. El periódico digital Animal Político reveló en una investigación en octubre que, solo en 2020, el 85% de las 108.655 personas encerradas ese año no tenía una condena.

La tortura a Reyes Alpízar

En menos de cinco meses, el alcalde panista salió de prisión gracias a un amparo. Pero, a diferencia de su exjefe, a García lo ataba una pieza clave en la versión del Gobierno: Reyes Alpízar. El artesano fue acusado de haber ayudado a Jaime Martínez, que era un viejo amigo y, según la versión de la fiscalía, admitió haber recibido la orden de asesinar a Tamés por 300.000 pesos (unos 14.500 dólares). El suplicio físico al que se le sometió a Alpízar es propio de una película de terror. De acuerdo con un informe de 2017 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras ser detenido fue golpeado y sufrió “descargas eléctricas, asfixia, quemaduras e inyecciones”.

Alpízar cuenta que aún tiene marcas en el cuerpo. Perdió el conocimiento varias veces y tuvo que ser llevado a un hospital: “Por momentos solo veía unas luces de colores”, dice al otro lado del teléfono. Su defensa luchó por ocho años para que se hiciera un peritaje independiente que acreditó que fue brutalmente torturado en busca de una confesión. Este tipo de prácticas no se han mermado pese a que, en 2016, se aprobó una ley contra la tortura.

El rosario de quejas de organismos internacionales por el uso generalizado de la brutalidad para obtener confesiones prefabricadas en México, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acumulan desde hace años. Esto también ha sido documentado por instituciones dentro del país. En una muestra de más de 64.000 reos encuestados, 64% admitieron haber sido torturados durante y después de su detención, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016.

Al conocerse en la prisión, ambos desenterraron las inconsistencias en la investigación, pero sobre todo, encontraron el eslabón más débil de la teoría de la Fiscalía: Jaime Martínez, el presunto homicida, se encontraba encarcelado en el Estado de Hidalgo cuando ocurrió el asesinato. No había lugar a dudas. El periódico Reforma incluso entrevistó a Martínez dentro de la prisión. Todo era más claro que el agua. Pero ninguno de los 13 jueces a cargo del caso aceptó que se corroborara este hecho hasta 2010, ocho años después de las detenciones.

El escándalo fue a mayor. Tras estudiar de cerca las irregularidades de la Fiscalía, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de Alpízar y García. Finalmente, en agosto de 2019, el juez decidió que ambos culminaran su proceso en libertad.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana. Tanto el organismo como la defensa de Alpízar y García han puesto acento en los errores durante el proceso, en la fabricación de pruebas, la tortura y, sobre todo, en el abuso de la prisión preventiva oficiosa. El abogado Simón Hernández tiene la esperanza de que el organismo falle en su favor y que recomiende a México modificar la Constitución para que esa figura deje de ser utilizada de forma abusiva.

Pese a toda la evidencia que se ha ido acumulando durante los últimos 20 años, el futuro para los dos no es completamente halagüeño. El caso Tamés todavía no se ha sentenciado. Es posible que García y Alpízar sean condenados en México aunque la justicia interamericana falle a su favor. Caminando lentamente hacia la puerta de su casa, en un pasillo lleno de cempasúchil, Daniel vuelve a mostrar su grillete, el mismo que tiene su nuevo amigo Reyes. No teme volver a la cárcel. Sabe que, pase lo que pase, su historia ya es una condena en contra del sistema que lo mantuvo encerrado 17 años: “Esa parte de mi vida ya la perdí, volver a prisión no es una preocupación que ronde en mi cabeza”.

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