Más de 3.500 elementos participaron en la entrega “sin precedentes” de 29 narcos mexicanos a Estados Unidos

El Gobierno de México sacó este viernes a la luz nuevos detalles sobre el operativo masivo para la entrega de 29 narcotraficantes de alta peligrosidad a Estados Unidos. “Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes”, afirmó Omar García Harfuch, el zar anticrimen de Claudia Sheinbaum, y destacó que más de 3.512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves fueron desplegados para concretar los traslados. En medio de la polémica sobre las condiciones jurídicas de las personas entregadas, las autoridades reconocieron que no se trataron de extradiciones, sino expulsiones “por motivos de seguridad nacional”. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el golpe histórico al crimen organizado partió de una solicitud de Estados Unidos, “el único motivo que detonó todo el procedimiento” y sostuvieron que estuvo apegado al “respeto de la soberanía mexicana”. Los altos funcionarios evitaron hablar públicamente de los capos como “moneda de cambio” para mitigar las presiones arancelarias de Donald Trump y dejaron en el aire los avances en la mesa de negociaciones con Washington.

“No se registró ningún tipo de incidente en estas operaciones”, aseguró García Harfuch, quien justificó el envío de los narcotraficantes por los “delitos atroces” que cometieron en ambos países y los retrasos en los procesos formales de extradición en los tribunales mexicanos. “Representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, aseguró el secretario de Seguridad. “Los más beneficiados somos los mexicanos”, agregó el funcionario en una accidentada conferencia de prensa. “Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos”, subrayó. Gertz amagó, incluso, con llevar ante la justicia a los jueces que frenaron las extradiciones “en algunos casos hasta por 40 años”.

Washington sacó pechó de la entrega de los 29 capos que ahora están bajo custodia estadounidense, sobre todo del traslado de Rafael Caro Quintero, que pone fin a una obsesión de cuatro décadas de la DEA tras el brutal asesinato del agente encubierto Enrique Kiki Camarena en los ochenta y supone un trofeo codiciado para Trump. “Estas acciones son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza”, se lee en un comunicado publicado tras el anuncio oficial. “Se manda un mensaje a cada líder de los cárteles, a cada traficante, a cada criminal que envenena a nuestras comunidades: se les hará responsables, no importa cuánto tiempo tome ni cuán lejos huyan, la justicia los encontrará”, se agrega.

La actual Administración tundió al Gobierno de Joe Biden por no lograr las entregas antes y “permitir que estos criminales estén libres y cometan delitos por todo el mundo”. “Trump ha declarado como terroristas a estos matones, porque es lo que son, y ha exigido justicia para el pueblo estadounidense”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Washington aseguró que la designación de los cárteles puede impactar en los procesos judiciales de los capos trasladados, con la posibilidad de que se les finquen cargos por terrorismo y se les imponga la pena de muerte en algunos casos. La pena capital planea en la causa de Caro Quintero, un asunto “personal”, según reconoció la propia DEA. La primera presentación del capo ante un juez de instrucción en la Corte de Brooklyn, la misma que lleva el proceso contra Ismael El Mayo Zambada, se programó para este viernes.

En tono más diplomático, el Departamento de Estado reconoció al Gobierno mexicano por los esfuerzos para “hacer a nuestras naciones más seguras” y anunció que se acordó una hoja de ruta y un calendario entre ambos países para darles seguimiento. “Fueron en ambos casos muy buenas reuniones, se establecieron los principios de coordinación y colaboración”, señaló Sheinbaum sobre los encuentros sobre Seguridad y Comercio celebrados esta semana en Washington. La presidenta dijo que este viernes se iban a afinar los últimos detalles para la llamada que sostendrá con Trump con el objetivo de negociar una nueva pausa en la imposición de aranceles a los productos mexicanos. “Todavía faltan tres días”, comentó sobre el plazo de la prórroga actual y si la entrega de los capos fue una condición para evitar el castigo en el terreno económico.

En contraste con la euforia tras el acuerdo alcanzado el pasado 3 de febrero, la mandataria no entró en detalles sobre los avances en la mesa bilateral de negociaciones y esta vez delegó el informe a los miembros de su Gabinete. Sí aprovechó para culpar al sistema judicial de lastrar los procesos de extradición. “La corrupción en el Poder Judicial de nuestro país es aberrante y ofensiva”, aseguró y defendió la controvertida reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, su predecesor, para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. La mira sigue puesta en el próximo martes, el día clave para confirmar si el traslado histórico ofrecido por México será suficiente para mitigar las presiones arancelarias de Trump.