Los hijos de yihadistas tratan de existir legalmente: “No fue decisión mía que mi padre se uniera al Estado Islámico”

“Toda mi familia murió durante la liberación de Mosul del Estado Islámico. Solo vivo con mi hermano, de 12 años. Y perdí toda mi documentación porque la casa se incendió en el ataque”, empieza relatando Tabark, una joven de 20 años de Mosul que prefiere no revelar su apellido. Con gesto serio, no tarda en reconocer, sin complejos, que hasta que un misil estalló en su vivienda en 2017, su padre era miembro del grupo terrorista Estado Islámico. Tras perder a su familia, se encuentra ahora con el problema añadido de no poder renovar su documento nacional de identidad. “No puedo casarme, ni salir de la provincia de Nínive, aunque tenga familiares fuera”, lamenta, acompañada de su tía. Con ayuda legal, espera poder recuperar su documentación, tan necesaria para acceder a la educación, al trabajo o, simplemente, para identificarse en los puestos de control al salir de la ciudad.

En Mosul, capital de Estado Islámico en Irak de 2014 a 2017, Tabark no es un caso aislado. En la entrada de las oficinas del centro comunitario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se cruzan familias con historias opuestas. Sujetando con las manos los documentos que conservan, familiares de miembros del Estado Islámico pueden cruzarse, en la sala de espera, con mujeres que han perdido a sus maridos a manos de los mismos terroristas, y que ahora persiguen el certificado de defunción para ser consideradas viudas. La OIM no excluye a ninguna persona de recibir asistencia y el equipo de apoyo legal trabaja con comités médicos locales en las áreas afectadas —allí donde el ISIS (siglas en inglés del Estado Islámico) impuso su califato— para determinar la edad de los niños indocumentados y facilitar la emisión de documentos de identidad, en coordinación con el Gobierno iraquí.

Durante su gobierno, el ISIS no dejaba a la gente salir de Mosul, así que se quedaron sus documentos para obligarlos a quedarse, explica Ayman Hamzah Jasim, líder del equipo legal, sentado en una sala del centro en Mosul al lado de sus compañeros del proyecto. “Otros huyeron de la guerra y no pudieron regresar para recogerlos. Mucha gente en los campos de refugiados se encuentra en esas situaciones: como no tienen sus documentos, no pueden salir”, resume.

A cerca de un millón de iraquíes les falta al menos un documento legal básico, según el equipo de asistencia legal de la Organización Internacional para las Migraciones

También hay casos como el de Amal, quien también pide no ser identificada. En la misma sala de reuniones, asegura que su marido fue asesinato por el Estado Islámico en 2020 en el campo de Al-Hol, en Siria, donde vivían tras huir de Mosul. “Mi marido era miembro del consejo del campo, era una persona activa reclamando derechos, también para volver a Mosul…”, explica. Cree que su perfil llevó a los yihadistas a acabar con él. De hecho, los asesinatos en este campo, que alberga a miles de familiares del ISIS, no han sido infrecuentes en los últimos años. Ahora, de vuelta en Mosul, Amal, de 49 años, necesita el certificado de viudedad para poder cobrar la pensión que le corresponde. “Me dicen que tengo que volver a Siria para recogerlo, y por eso he venido a pedir ayuda para no tener que ir. No tengo dinero para viajar, ni pasaporte”, cuenta, rodeada de un montón de documentos con los que trata, ante la OIM, de demostrar su situación.

En total, el equipo de asistencia legal de la organización calcula que a cerca de un millón de iraquíes les falta al menos un documento legal básico, y que unos 250.000 ciudadanos carecen de tres o más, según los datos del año pasado. Los casos más difíciles de resolver son los de hijos nacidos de padre yihadista. “La prueba de ascendencia de estos niños es muy difícil. ¿Quién es su padre? ¿Cómo podemos probar que su padre no fue un [yihadista] extranjero?”. Quien plantea las dudas es Mohammed Qutaiba, abogado de la OIM. “Cuando son iraquíes, podemos seguir el ADN de su familia, pero no podemos hacerlo con un extranjero. No sabemos quién es su familia. ¿Cómo podemos saber su nombre? Cuando [los yihadistas extranjeros] vinieron, todos se cambiaron los nombres. Y estamos hablando de los casos en que las esposas se casaron con un miembro del ISIS con su consentimiento. Pero cuando hablamos de las yazidíes [una minoría kurda] es aún más difícil. Todo se basó en violaciones, y no hubo matrimonios”, prosigue el letrado.

En el campo de refugiados Hassan Sham, cerca de Mosul, calculan que tienen al menos 500 niños en esta situación. Y solo en la aldea de Kocho, al sur de las montañas de Sinjar (poblada sobre todo por yazidíes) hay unos 1.700 menores con este problema. “Si vamos a cualquier escuela, encontraremos que el 20% de los niños no tienen documentos legales”, detalla Abdulsalam Thalag, asistente social de la organización.

Infancias bloqueadas por el califato

El caso de Aysha, que también visita las oficinas de la OIM esta mañana junto a su madre, ni tan siquiera entra en este 20%. Tiene casi siete años, y nació durante la ocupación de su aldea, a las afueras de Mosul, por parte del Estado Islámico. No tiene documentos de identidad y nunca ha ido a la escuela. El problema es que su padre desapareció hace más de cinco años y, desde entonces, las autoridades iraquíes la mantienen en un limbo legal. Sin el certificado de defunción del progenitor o sin conocer su paradero, no puede ir a la escuela. “Me dicen que si mi marido está desaparecido, tengo que divorciarme de él por si es miembro de Estado Islámico”, cuenta Hawla Ibrahim, la madre de la pequeña. “Si lo hago, será una evidencia de que es un yihadista. No quiero traicionarlo, ya lo estamos pasando suficientemente mal”, defiende. Formara o no parte de los yihadistas, su historia hace sospechar a las autoridades iraquíes. “En 2014 [hasta la llegada al poder del ISIS] estaba en prisión y fue entonces liberado por el Estado Islámico”, cuenta Ibrahim. En 2017, su marido desapareció en el momento de salir de las áreas controladas por el ISIS. “El ejército iraquí lo arrestó diciendo que debería estar en prisión. Hemos buscado en hospitales, prisiones… Me consuelo pensando que está en una cárcel secreta”, cuenta su esposa.

Si vamos a cualquier escuela, encontraremos que el 20% de los niños no tienen documentos legales

Abdulsalam Thalag, asistente social de la OIM

Es la segunda vez que Hawla Ibrahim y su hija Aysha visitan las oficinas de la entidad. Lo que aún no saben, y sabrán a lo largo de esta visita, es que la OIM dispone de programas especiales para estos casos. “En coordinación con el Ministerio de Educación, tenemos un acuerdo con el que pueden acogerse a la escolarización temporal para la enseñanza primaria, aunque no tengan documentación”, cuenta Hamzah Jasim. “El año que viene la niña irá a la escuela. Es su derecho”, le dice este miembro de la OIM. “Es un regalo de Dios, como ir a la Meca”, le responde con entusiasmo la madre.

En 2023, en las calles de Mosul, es difícil obviar la huella de la liberación de la ciudad de manos de Estado Islámico en 2017. Edificios en ruinas conviven al lado de otras infraestructuras recientemente restauradas. Las calles del centro disponen ahora de cámaras de videovigilancia para rastrear movimientos sospechosos y algunos carteles animan a los ciudadanos a contactar con el ejército iraquí si tienen conocimiento de alguien cercano al ISIS. La ciudad y sus habitantes se esfuerzan en dejar atrás su capítulo más oscuro. Del rechazo inicial a todo aquel que tuviera familiares del Estado Islámico, ahora en la OIM coinciden en que, poco a poco, el estigma entre vecinos ha disminuido.

Mientras Tabark espera para renovar su documento de identidad —mediante una autorización de seguridad del Gobierno iraquí y un certificado de residencia—, ha conseguido acceder a la universidad para estudiar Química con una fotocopia de su documento de identidad antiguo. La universidad le ha puesto las cosas fáciles, asegura la joven. “La gente de la comunidad lo entiende. No fue decisión mía que mi padre se uniera al Estado Islámico”, concluye.

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