España quiere tener poder de veto en el futuro fondo de rescate europeo

España no hace caballo de batalla de la reforma del Tratado de Lisboa. Tanto Rajoy como Zapatero apoyan la propuesta de Merkel y Sarkozy, que incluye la imposición de sanciones automáticas a los países que incumplan el objetivo de déficit. Su único reparo es que esta iniciativa no acabe conduciendo a un nuevo bloqueo de la Unión; lo que no es descartable dada la amenaza del Reino Unido y otros países de exigir contrapartidas a cambio de dar luz verde a la reforma.

Aunque el todavía inquilino de La Moncloa y su sucesor son partidarios de buscar una solución “cuanto más rápida mejor” y la fórmula que ha puesto sobre la mesa el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, permite soslayar el engorroso proceso de la ratificación de los cambios por los parlamentos nacionales, ambos despachan el asunto como una cuestión menor, un tecnicismo jurídico, frente a la urgencia de lanzar un mensaje contundente a los mercados que ponga coto a los ataques contra la deuda española.

“Lo único a lo que nos oponemos es a embarcarnos en un debate de imposible salida”, subrayan fuentes de La Moncloa. Pero el hecho de que España no sea beligerante en este asunto, que amenaza con envenenar la cumbre de hoy en Bruselas, no significa que no tenga sus propias reivindicaciones.

En las entrevistas que hoy mantuvo en Marsella, Rajoy planteó a sus interlocutores su primera demanda como futuro jefe del Gobierno: que España tenga poder de veto en el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Se trata de un cortafuego diseñado para evitar que la crisis se contagie de unos países de la zona euro a otros y del sustituto permanente del fondo de rescate utilizado para auxiliar a Grecia.

Inicialmente, estaba previsto que entrase en vigor en 2013, pero Van Rompuy ha propuesto adelantarlo al año próximo, aumentar su capacidad más allá de los 500.000 millones y dotarlo de las características de una entidad de crédito, lo que le permitiría recibir financiación del Banco Central Europeo (BCE) y participar directamente en la capitalización de los bancos. Además, para evitar su parálisis, Van Rompuy ha propuesto que las decisiones, en vez de tomarse por unanimidad como hasta ahora, se adopten por una mayoría equivalente al 85% de los votos.

Como la participación de cada país en el fondo es equivalente a su contribución al BCE, solo hay tres países que por sí mismos podrían vetar el uso del fondo: Alemania (27,1%), Francia (20,3%) e Italia (17,9%). España, con un 11,9% de participación, necesitaría buscarse aliados para bloquear decisiones tan trascendentales como la concesión de asistencia financiera a un país o las condiciones de la misma.

Lo que quiere Rajoy, y así lo defenderá hoy Zapatero en Bruselas, es que la mayoría necesaria para movilizar el fondo sea del 90%; o, dicho en otras palabras, que España también disponga de la capacidad de veto en igualdad de condiciones con alemanes, franceses e italianos. El empeño por ganar cuota de poder en el MEDE es comprensible.

Si este despliega finalmente toda su capacidad acabará convirtiéndose en el bazoca disuasorio frente a los ataques especulativos, un papel que ahora cumple de manera tímida y por la puerta trasera el BCE.

Será la garantía última, con hechos y no solo palabras, de que no volverá a repetirse una suspensión de pagos parcial como la de Grecia, que ha minado la confianza de los inversores privados en la deuda de los países del euro. “Será bueno que se avance en instrumentos o decisiones que permitan que los vaivenes de la deuda soberana y las dificultades de financiación vayan eliminándose poco a poco y que se sepa que los países que cumplan sus compromisos no van a caer nunca. Eso generaría seguridad y confianza”, afirman fuentes próximas a Rajoy.

Una de las primeras tareas a las que se enfrentará el futuro presidente es, precisamente, la reestructuración del sistema financiero. Tras haberse reunido con los principales banqueros españoles, Rajoy ya no descarta, como hizo durante la campaña electoral, la creación de un banco malo, que se quedaría con los activos tóxicos que ha dejado el reventón de la burbuja inmobiliaria.

El problema es que el coste de sanear a los bancos y liberarles de unos créditos incobrables fruto de una gestión como mínimo poco escrupulosa recaería sobre los bolsillos de los ciudadanos. Fuentes próximas a Rajoy sostienen que ya el actual Gobierno ha intervenido con dinero público varias cajas de ahorros. La decisión, agregan, se tomará en los primeros meses del próximo año.