El sector público andaluz, a dieta

El cambio de Gobierno en Andalucía tendrá efectos inmediatos. Y entre los prioritarios del PP y Ciudadanos está reducir los entes instrumentales de la Junta, que aglutinan a 27.297 trabajadores —personal laboral, no funcionarios— del total de 270.094 que forman el sector público andaluz. “Aún no han llegado, pero hay miedo a los recortes, incertidumbre y mucha preocupación”. Antonio Toledano, del sindicato CSIF, combate la aprensión de la plantilla de 1.500 trabajadores de Veiasa, la empresa pública que gestiona las ITV en esta comunidad y que da beneficios.

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Tras 36 años de socialismo, ambos partidos recalcan la necesidad de una auditoría para aportar luz al mapa de las entidades públicas vinculadas al Ejecutivo autonómico. Los recortes solo afectarán a “los chiringuitos” y la “Administración paralela” de la Junta, y así eliminar “entes expuestos a la corrupción” y garantizar “la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones”, según el pacto firmado por ambas formaciones la semana pasada. Pero el miedo atenaza a las plantillas de estos entes, disparados en la época precrisis de vacas gordas hasta los 369, y hoy reducidos a 209. El listado oficial del Ministerio de Hacienda, que controla a las comunidades marca 301, pero hay un centenar en liquidación.

La televisión regional, Canal Sur, acapara titulares estos días al estar en la mirilla de Vox, que exigió su eliminación y luego reculó. Finalmente, el partido ultra —cuyos votos son necesarios para que prospere el nuevo Ejecutivo— arrancó al PP un compromiso para “reducir el gasto y garantizar la neutralidad ideológica” de la RTVA, según el punto 32 de su acuerdo. “Hay una manía persecutoria, una obsesión del nuevo Gobierno con Canal Sur. Y obvia una realidad: que lleva seis años de recortes y hoy su presupuesto es del 50% respecto a 2012, con 300 puestos de trabajo menos y mayor externalización”, censura Joaquín Távora, del comité intercentros, que representa a los 1.445 trabajadores en plantilla.

Távora ve margen para la tijera, pero por arriba y sin gran efecto sobre sus 162 millones anuales de presupuesto: “Hay abusos en los pluses de los presentadores estrella, en el Consejo de Administración de RTVA, cuyos 15 miembros [siete del PSOE, seis del PP, uno de IU] cuestan dos millones al año y en los 20 directivos que cobran por encima de la ley de presupuestos”. Esta norma impide que los altos cargos de empresas públicas ganen más que la presidenta andaluza en funciones y el sueldo de estos directivos ronda los 78.000 euros anuales, por encima de los 65.090 euros de Susana Díaz.

El grueso de estos 209 entes (agencias de régimen especial, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios) son enfermeros y médicos de los 50 hospitales, retenes para apagar incendios en el Infoca, y veterinarios para controlar la salud animal. Pero en paralelo, estos organismos, creados en su día para agilizar el margen de maniobra y contrataciones en la Administración, han protagonizado varios escándalos que denotaban descontrol. Como referente del caos, cuyas sombras amanecen ahora mediante investigaciones judicializadas, despunta la extinta FAFFE (Fundación Andaluza Fondo Formación para el Empleo). Su exdirector Fernando Villén está hoy investigado por gastar 31.969 euros en una decena de prostíbulos. Para Villén en su día trabajó el exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres, con la particularidad de que no acudía supuestamente a su puesto de trabajo. Y sin embargo esta fundación pública le pagó 535.000 euros, según la Guardia Civil.

Estos ejemplos han provocado que la oposición andaluza cargara contra la proliferación de entes y empresas, entre ellas tres hoteles en Sierra Nevada. Ahora el partido de Albert Rivera propone que la Cámara de Cuentas y la Autoridad Fiscal (Airef) auditen este sector. “Entendemos que se ha desmadrado y cualquier estudio menciona la dimensión desproporcionada de la Administración paralela, pero hasta que no desembarquemos no sabremos qué magnitud tiene esto”, menciona cauta Nuria Gómez, asesora económica de Ciudadanos.

¿Cómo se llegó en 2010 a la cifra de 369 organismos?

“Cada vez que llegaba un consejero nuevo se inventaba una nueva estructura con agencias y sociedades, y el anterior sistema no se desmantelaba. Ese monstruo era una superposición de las ocurrencias de un consejero tras otro”, critican fuentes conocedoras de la arquitectura de la Administración andaluza durante la etapa previa a los ajustes. “Era el síndrome de 'cuando yo llegué empezó el mundo”, matiza con sorna un ex alto cargo del Gobierno de José Antonio Griñán, que exige anonimato. “Tanta agencia especializada generó problemas de coordinación”, recuerda este antiguo mando, que plantea sobre el nuevo Ejecutivo: "Al final, si le quieren pegar un bocado de verdad, tendrán que tocar los servicios públicos como Sanidad o no hay margen". El Servicio Andaluz de Salud, una agencia administrativa de la Junta, tuvo 9.013 millones de presupuesto en 2018.

La Ley 1/2011 de reordenación del sector público impuso una drástica reducción de los 369 entes públicos, muchos con una mínima participación de la Junta en el accionariado. “La ley fue un parche y puso cierto orden en empresas públicas, pero no en consorcios, sin transparencia. Intentó dar legitimidad a toda esa dispersión de entidades públicas. Hoy el desmadre no es el de 2010, pero seguimos sin datos de las condiciones de los trabajadores”, censura Joaquín Álvarez, secretario de acción sindical de CSIF. “Cómo se contrata, en qué condiciones y temporalidad. Lo que más sorprende es la existencia de trabajadores públicos que accedieron con un sistema sin regulación, con opacidad”, añade.

La plantilla de estos organismos representa una décima parte del total de trabajadores de la Junta, pero sin embargo el presupuesto que maneja se eleva a 13.015 millones —según la Cámara de Cuentas andaluza—, un tercio del presupuesto anual de la Junta, 34.759 millones en 2018.